Josemanuel Luna Nemecio[1]
Cada 28 de enero, con motivo del Día Mundial vs el Calentamiento Global, el debate público se inunda de mensajes que apelan a la urgencia, al consenso científico y a la necesidad de actuar sin demora frente al catastrófico sobrecalentamiento planetario. El cambio climático aparece así como un problema global abstracto, deshistorizado y aparentemente ajeno a las relaciones de poder que estructuran el sistema mundial capitalista. Sin embargo, esta forma de presentar la crisis ambiental oculta que el clima se ha convertido en un nuevo terreno estratégico de disputa geopolítica. No estamos solo ante un problema ecológico, sino frente a una guerra por el clima, en la que se cruzan intereses imperialistas, conflictos por la hegemonía mundial y luchas por la soberanía nacional.
En un plano general, esta guerra debe entenderse en el marco de la crisis de hegemonía del orden mundial construido durante la segunda mitad del siglo XX. El agotamiento del liderazgo económico, político y militar de Estados Unidos se expresa hoy en múltiples frentes: tensiones comerciales, disputas tecnológicas, conflictos armados indirectos y una creciente fragmentación del sistema internacional. En este escenario, el discurso climático ha adquirido un papel funcional al ser transformado en un nuevo lenguaje de gobernanza global que permite reordenar jerarquías, imponer regulaciones asimétricas y condicionar los modelos de desarrollo de los países periféricos.
Desde esta perspectiva, la crisis climática no es solo un fenómeno físico-atmosférico, sino también un instrumento político. Bajo la promesa de “salvar al planeta”, se promueven mecanismos que limitan la capacidad de los Estados nacionales para decidir soberanamente sobre su matriz energética, su política industrial y su aprovechamiento de los recursos naturales. Así, el problema climático se desplaza del terreno de la economía política al de la moral global, donde ciertas potencias se arrogan el derecho de definir qué es desarrollo legítimo y qué no lo es.
Este desplazamiento se vuelve más evidente cuando se analiza la hegemonía energética, química y material del petróleo. A pesar del discurso dominante sobre la descarbonización, el petróleo continúa siendo la columna vertebral del metabolismo industrial y tecnoncientífico del capitalismo contemporáneo. Este recurso natural estratétigico no sólo alimenta la generación de energía, sino que sostiene a la petroquímica, la producción de fertilizantes, plásticos, medicamentos, fibras sintéticas y una enorme diversidad de insumos y procesos. La llamada transición energética, tal como se plantea desde los centros de poder, no cuestiona esta estructura; por el contrario, busca administrarla de manera selectiva, preservando los intereses de las grandes corporaciones energéticas y de los Estados que históricamente han controlado estos flujos materiales.
En este punto emerge una contradicción central del discurso climático hegemónico; mientras se exige a los países del Sur Global reducir drásticamente sus emisiones y abandonar el uso de combustibles fósiles, las potencias industriales mantienen intactos sus complejos energético-industriales, apoyándose en mecanismos de compensación, mercados de carbono y externalización de costos ambientales. La “neutralidad climática” se convierte así en una ficción contable que encubre la continuidad de la dominación material.
El contraste con la estrategia de China permite profundizar este análisis. A diferencia del enfoque occidental impulsado por Estados Unidos, centrado en la financiarización verde y en soluciones de mercado, China ha desarrollado una política energética orientada al control estatal de sectores estratégicos y a la innovación tecnológica de largo plazo. La investigación en reactores nucleares de torio constituye un ejemplo paradigmático, pues se trata de una alternativa con mayor eficiencia, menor riesgo de proliferación y residuos menos peligrosos que el uranio convencional. Esta apuesta no responde a una ética ambiental abstracta, sino a una lógica geopolítica concreta en la que se busca garantizar soberanía energética, reducir dependencias externas y disputar la hegemonía tecnológica en el sistema mundial.
Este movimiento revela el carácter profundamente político de la transición energética. No todas las tecnologías “sustentables” cumplen la misma función histórica. Algunas refuerzan la dependencia y la subordinación; otras, en cambio, pueden ampliar los márgenes de autonomía nacional. El problema es que el discurso climático dominante tiende a homogeneizar estas diferencias, presentando la transición como un camino único, universal y desprovisto de conflicto.
Es precisamente en este punto donde se inserta la crítica a la Agenda 2030. Bajo un lenguaje de sostenibilidad, resiliencia e inclusión, este programa global incorpora de manera implícita enfoques despoblacionistas y ecofascistas. La crisis ambiental es presentada como resultado del exceso de población, de los hábitos culturales de los pueblos o del consumo de las mayorías empobrecidas, mientras se invisibiliza el papel estructural del capital transnacional, del extractivismo y del hiperconsumo de las élites. De este modo, se desplaza la responsabilidad desde las relaciones de producción hacia los comportamientos individuales, legitimando políticas de control social, territorial y demográfico.
Este giro ideológico no sería posible sin el papel activo de las grandes corporaciones. Las petroleras, lejos de desaparecer, han logrado reconfigurarse como actores “verdes”, invirtiendo selectivamente en energías renovables mientras mantienen su núcleo fósil intacto. Paralelamente, el capital teleinformático de Silicon Valley desempeña un rol decisivo en la construcción de la narrativa climática. A través del control de plataformas digitales, algoritmos de visibilidad y flujos de información, estas empresas definen qué discursos circulan, cuáles se amplifican y cuáles son marginados. La crisis climática se traduce así en datos, métricas y soluciones digitales que abren nuevos nichos de acumulación de capital.
En este entramado, el papel del IPCC resulta particularmente problemático. Presentado como árbitro neutral del conocimiento científico, el IPCC ha operado crecientemente como un dispositivo de cierre del debate. Su estructura de consensos, revisiones controladas y marcos conceptuales y modelos rígidos ha limitado la incorporación de enfoques críticos que cuestionan las bases económicas y políticas del cambio climático. Perspectivas desde la ecología política, la economía crítica o la historia ambiental suelen ser excluidas por no ajustarse al paradigma dominante. El resultado es una ciencia climática que funciona más como dogma que como campo abierto de investigación, comportándose como una suerte de nueva Santa Inquisición donde disentir equivale a herejía.
Desde esta mirada, la crisis climática, presentada como problema global neutral, se articula con la crisis de hegemonía del capitalismo contemporáneo; esta, a su vez, se traduce en disputas por la energía, la tecnología y el control del conocimiento; finalmente, dichas disputas se concretan en dispositivos institucionales, narrativos y científicos que disciplinan a los Estados y a las sociedades.
La guerra por el clima no se libra únicamente en cumbres internacionales o en informes técnicos. Se juega en los territorios, en las matrices energéticas, en la orientación de la ciencia y en la capacidad de los pueblos para decidir su propio futuro. Enfrentar el calentamiento global exige, sin duda, transformaciones profundas; pero estas solo serán emancipadoras si se articulan con la defensa de la soberanía nacional, la democratización del conocimiento y la ruptura con las lógicas imperiales que hoy se esconden detrás del discurso verde. De lo contrario, la lucha contra el cambio climático corre el riesgo de convertirse en el nuevo rostro ideológico del imperialismo ecofascista del siglo XXI.
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Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa/ Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Medio Ambiente y Sociedad. ↑
