Justicia penal para adolescentes, reeducar para prevenir y proteger

José Luis Jaimes Olmos*

Cada vez que un adolescente participa en un hecho delictivo, la reacción social suele ser inmediata y cargada de emoción: indignación, enojo, miedo. En ese contexto, no es raro escuchar propuestas como “que lo juzguen como adulto” o “mano dura”. Son reacciones comprensibles, pero no necesariamente correctas. La verdadera pregunta no es qué tan severos queremos ser, sino qué tan eficaces queremos actuar como sociedad.

México cuenta con un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no como un acto de indulgencia, sino como una decisión constitucional basada en evidencia científica, derechos humanos y sentido práctico. Este sistema parte de una idea central: la adolescencia es una etapa distinta del desarrollo humano, y por lo tanto requiere respuestas distintas.

El sistema no elimina la responsabilidad penal. El adolescente que comete un delito responde por sus actos. La diferencia está en el enfoque: responsabilizar para corregir, no castigar para excluir. Esta distinción es clave para entender por qué el modelo especializado no debilita la seguridad pública, sino que puede fortalecerla.

La ciencia aporta un primer elemento fundamental. La neurociencia ha demostrado que el cerebro adolescente aún se encuentra en proceso de maduración, especialmente en las áreas relacionadas con el control de impulsos, la planeación y la evaluación de consecuencias. Esto no significa que el adolescente no sepa distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, sino que su capacidad para autorregularse es distinta, sobre todo en contextos de presión, violencia o influencia de pares.

El derecho, cuando es responsable, no ignora estos datos. Los integra. Por eso el sistema penal para adolescentes es especializado, diferenciado y con una finalidad educativa y restaurativa. Su objetivo no es minimizar el daño causado, sino evitar que ese daño se repita, protegiendo tanto a la víctima como a la sociedad en su conjunto.

Ahora bien, ¿qué propone realmente este sistema?

Primero, intervenciones tempranas y proporcionales. No todos los delitos requieren la misma respuesta, y no todos los adolescentes necesitan encierro. Existen medidas en libertad, programas de acompañamiento, supervisión, atención psicológica, reinserción escolar y fortalecimiento familiar. Estas medidas, cuando se aplican correctamente, son mucho más eficaces para reducir la reincidencia que el castigo automático.

Segundo, el internamiento como último recurso, no como respuesta inmediata. La privación de la libertad existe dentro del sistema, pero se reserva para los casos estrictamente necesarios y por el menor tiempo posible. Esto no es debilidad del Estado; es inteligencia institucional. La evidencia demuestra que el encierro prolongado en edades tempranas suele aumentar la reincidencia y consolidar trayectorias delictivas.

Tercero, justicia restaurativa real. El sistema propone que el adolescente comprenda el daño causado, asuma responsabilidad activa y, cuando sea posible, repare a la víctima. Esto no solo beneficia a quien sufrió el delito, sino que genera mayor conciencia y compromiso en el adolescente. Reparar es más exigente que solo cumplir una sanción.

Cuarto, atender el contexto. El delito juvenil rara vez surge de manera aislada. Violencia familiar, abandono escolar, consumo de sustancias, pobreza y reclutamiento criminal son factores que deben ser atendidos de forma paralela. Un sistema que solo sanciona, pero no interviene en el entorno, está condenado al fracaso.

Quinto, especialización de los operadores. Jueces, fiscales, defensores, policías y equipos técnicos deben contar con formación específica en adolescencia. No se puede aplicar un modelo especializado con mentalidad de sistema penal adulto. Invertir en capacitación no es un gasto: es una medida de prevención.

Desde esta perspectiva, el debate público debe cambiar de rumbo. En lugar de preguntarnos cómo endurecer el castigo, deberíamos preguntarnos cómo evitar que un adolescente vuelva a delinquir. Esa es la verdadera medida de éxito de un sistema de justicia.

El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no es perfecto y puede mejorarse. Pero su lógica es correcta: corregir a tiempo, responsabilizar con sentido y proteger a la sociedad a largo plazo. La seguridad no se construye con respuestas emocionales, sino con políticas basadas en conocimiento y responsabilidad.

El reto es claro: menos castigo simbólico, más intervención inteligente; menos exclusión, más reintegración; menos reacción, más prevención.

Porque al final, la pregunta no es si el adolescente debe responder por sus actos. La pregunta es si queremos una sociedad que solo castigue o una que realmente sepa reeducar.

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*Consejero jurídico del TUJPA

Fotografía: forojuridico.mx

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