Activistas de México y Canadá emitieron en 2009 la declaratoria que estableció el 22 de julio como Día mundial contra la minería a cielo abierto. En aquel año, la lucha del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier de la canadiense New Gold, lograba un triunfo jurídico contra la destrucción ilegal del Cerro de San Pedro en el Valle de San Luis Potosí. Logro desacatado por la minera y el gobierno de Calderón. Fueron los años del boom extractivista de oro. Hoy, continua el saqueo de las mineras.
Los peligros aumentan por la extracción de los minerales de la llamada transición energética. La voz de miles de personas se eleva desde diversas regiones del mundo donde los efectos de esta industria “buitre” han empujado a los pueblos a la defensa del agua y sus territorios.
El balance entre el capital minero y las luchas que lo enfrentan se inclina periódicamente entre el primero y las segundas. El capital minero avanza y destruye la naturaleza, pero las luchas resisten y lo frenan. El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) ha registrado 4,334 conflictos sociales contra los megaproyectos de todo tipo en el mundo, de este total, 819 derivan de la extracción de minerales metálicos y los destinados a la construcción. Hay miles de casos no reportados pero estas cifras dan una pauta del papel de la minería a cielo abierto para catalizar la resistencia social. Las minas que extraen metales preciosos destruyen la vida igual que las minas que sacan arenas.
Conviene tener presente que, en México, junto con la existencia de casi 300 mineras que exploran y explotan metales, también se extraen minerales no metálicos. Ningún estado de la federación se salva de esta extracción que se efectúa a cielo abierto. Existen 2,344 proyectos de explotación de este tipo de materiales.
El extractivismo como modelo de acumulación de capital
Alude al proceso mundial en el que la naturaleza se convierte de materia prima y sus precios los definen las bolsas de valores de los países dominantes en el mercado mundial. Los territorios de pueblos indígenas y las personas más vulnerables, aún en los países ricos, han sido los más afectados. Las corporaciones mineras extraen metales y minerales para obtener ganancias en aumento y especular con la tierra concesionada a través de la colocación de acciones.
No se trata de alimentar a industrias necesarias sino de tupir de oro las bóvedas de los bancos imperiales, a las industrias armamentista, automotriz, electrónica, a las construcciones para el turismo masivo y las edificaciones inmobiliarias de alta gama. Hace más de tres lustros que cada 22 de julio se reafirma la idea de que el extractivismo minero no obedece a una necesidad de la humanidad sino a las reformas estructurales que comandaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y dirigidas al sur mundial.
En la década de los ochentas, estos bancos controlados por Estados Unidos y los países potentados de Europa, les parecía muy adecuado incentivar la inversión extranjera para sacar la riqueza mineral del subsuelo de países endeudados. Propusieron desregular y desincorporar todo lo que perteneciera a los Estados a cambio de más préstamos. Estas operaciones convirtieron a los compradores de la ganga estatal y a los concesionarios de tierras con oro, plata, cobre y zinc en millonarios de “clase mundial”.
Donde operan las mineras transnacionales, los territorios están en guerra porque el despojo de tierras ha desplazado a pueblos enteros, porque la violación de todo derecho humano y los asesinatos de personas defensoras alcanzan la mayor proporción de víctimas. Basta ver los reportes anuales de Global Witness. A los efectos de destrucción social de las minas a cielo abierto se agregan los derrames de lodos por la ruptura de las presas de jales, como la ocurrida en Brumandinho, al sur de Brasil, Mont Palley en Canadá y la contaminación del río Sonora por el derrame de sulfuros de cobre de la mina de Grupo México.
Las multinacionales mineras están coordinadas a escala global y adaptan su discurso. Se disfrazan de cuidadoras de la naturaleza porque, dicen, reciclan el agua y usan tecnologías renovadas. El mayor peligro de estos discursos, compartidos con los aparatos estatales de toda ideología, es el de las energías alternativas. Mineras y gobiernos sellan sus alianzas con la promesa de la “transición minero energética”.
La transición energética es extractivista, afirma el estudio “La falsa alternativa de la transición energética” https://ejatlas.org/featured/met_america, y prueba que en tres décadas se precisará extraer 3 mil millones de toneladas de metales y minerales para la transición energética mundial. A la fecha son 6 los minerales más demandados, litio, cobre, grafito, cobalto, níquel y tierras raras para las energías eólica, solar y baterías de carros. La construcción de redes de electricidad aumentará. Esta dinámica tecnológica y extractiva destruye la ficción de una transición “sostenible”.
La minería de litio usa tanta cantidad de agua como la de otros metales. Los sitios naturales de salares, donde se extrae el litio en Sudamérica, no son tierras yermas, por el contrario, son sistemas esenciales para el ciclo de captación del agua en regiones secas como el norte argentino y chileno. Esta minería ha disminuido la disponibilidad de agua potable para los pueblos.
Tal ha sido la herida sobre la tierra y los pueblos en poco más de tres décadas de extractivismo minero. Los pueblos han ejercido procesos autonómicos con movilizaciones y en los tribunales. Un ejemplo emblemático en Morelos es el Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras a Tajo Abierto y organizaciones aliadas que hace más de una década, frenaron el proyecto de la megaminera Esperanza Silver al demostrar que las afectaciones ambientales serían devastadoras.
Pueblos de Morelos mantienen la denuncia de la existencia de las concesiones mineras de la transnacional. Son incansables en el cuidado del patrimonio biocultural a través de las actividades educativas para refrendar la convicción comunal de un Morelos sin minas.