El alcance de la transformación
Vicente Arredondo Ramírez*
Estamos en el día después de las elecciones para diferentes cargos del poder judicial. No sabemos aún la magnitud del ejercicio cívico, ni el total de los resultados. Lo que sí sabemos es que fue un hecho inédito, y que quienes quisieron y pudieron acudir a las urnas lo hicieron con la conciencia de que era algo importante para todos los habitantes de este país.
La renovación de los integrantes del Poder Judicial, federal y estatal fue sin duda una decisión atrevida de la agenda de cambios propuesta por el gobierno de la llamada “cuarta transformación”. Los instrumentos para ese efecto están siendo los cambios en la normativa constitucional, y para el presente caso, se suma además la renovación de los cuadros encargados de impartir justicia.
Está por hacerse un análisis más a profundidad sobre cuáles de las modificaciones constitucionales que hasta ahora ha generado la “cuarta transformación” son las de mayor impacto para alcanzar dicha transformación y el porqué de ello. Por ejemplo, ¿qué es más relevante para ese propósito, llevar a derecho constitucional una serie de beneficios económicos para todos los grupos etarios de la población, o el modificar el proceso de elección, permanencia y término de los diversos puestos del Poder Judicial? En el mismo tenor, ¿la transformación en una sociedad es el resultado de la sumatoria de cambios en la normativa, o más bien la vinculación sinérgica que debe existir entre esos cambios normativos? Este ejercicio analítico está aún por realizarse, preferentemente de manera colectiva, para crear una conciencia colectiva de lo que está sucediendo en nuestro país.
Por lo pronto, partamos del hecho de que el cambio de las leyes no asegura en sí mismo la transformación del modelo de construcción del bienestar de un país, con la salvedad de que dichos cambios se hubieran construido como resultado de grandes consensos nacionales, de que se hubieran definido y divulgado ampliamente los reglamentos que guíen su cumplimiento, y, sobre todo, de que hubiera detrás la capacidad y la voluntad política de aplicar un eficiente sistema de consecuencias para quienes rompan dichos acuerdos normativos. Está por evaluar en qué medida se están cumpliendo estas condiciones, y cuál es la naturaleza e impacto esperado en la vida cotidiana de los cambios que está impulsando la cuarta transformación, incluido el de las elecciones para el poder judicial.
La condición de posibilidad de que se den cambios auténticamente transformadores es que estos sean el resultado de un proceso en el que la población de un país y de quienes lo gobiernan estén experimentando una “revolución de la conciencia individual y colectiva”, o dicho de otras formas, un cambio de mentalidad colectiva, una modificación en los marcos de análisis y valoración de las cosas, o bien, haciendo referencia a los clásicos griegos, una “metánoia colectiva”, entendida ésta como experimentar un cambio profundo en la manera de pensar y actuar en la vida.
¿Qué de lo anterior está pasando en México? Creo que algo, pero no lo que se necesita para en efecto transitar a un autentica transformación, no sólo basada en modificaciones de leyes o de formas de organización del aparato gubernamental, sino en cambios personales y colectivos de mayor envergadura. Hablo de cambios, por ejemplo, que nos lleven a modificar la manera de vernos y entendernos a nosotros mismos como personas y de la forma de relacionarnos con los demás; que nos lleven a descubrir que somos parte de la naturaleza y de que nuestra supervivencia depende de ella; que nos hagan ver y sentir la necesidad de que exista justicia, equidad e inclusión social; y finalmente, cambios que nos permitan desechar el fardo mental atávico que portamos de que es el gobierno, en primera instancia, de quien dependen los cambios sociales, y no de los acuerdos y decisiones que tomemos nosotros los ciudadanos.
Muchos son los obstáculos a superar para que pueda darse en México, y en cualquier país del mundo, una auténtica transformación en su forma actual de organizarse y de buscar el bienestar para todos y todas. Señalemos simplemente que los poderes fácticos comerciales, financieros, culturales, y técnico/científicos internacionales que hoy operan definen de manera incontestable el futuro, sin necesidad de consultarnos a los ciudadanos comunes quienes conformamos el 99.9% de la humanidad. Dichos poderes imponen los cambios en función de la lógica de más dinero y más poder, con la confianza de que tienen controlados a los gobiernos “democráticos” o de otro tipo, y sin importarles los impactos sociales y ecológicos de los escenarios futuros que promueven.
La transformación de México debería seguir construyéndose, no en lógica de modelos de desarrollo promovidos desde espacios metanacionales, sino desde las realidades locales. Para ejemplificarlo: deberíamos trabajar en modelos de desarrollo municipales y estatales, más que en un modelo de desarrollo nacional. Necesitamos romper esquemas mentales que nos impiden cuestionar a fondo nuestro diseño normativo e institucional, para saber qué se valida y que se modifica, en lógica de empoderamiento de la ciudadanía, y no en lógica inercial burocrática/partidista.
Por lo pronto, si hemos llegado al punto de elegir a quien queremos que asegure la aplicación de la justicia desde el territorio en donde vivimos, por qué no avanzar para que también definamos qué tipo de economía y de política queremos tener en ese nuestro territorio. A la par de ello, habríamos también de modificar lo que impide en los hechos que seamos una federación de “estados libres y soberanos”, ya sea para rectificar esa condición, o para reforzarla.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
Imagen cortesía del autor
