Mujeres, defensoras clave del agua, el bosque y la justicia climática
Jazmín González Zurita
La crisis climática ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una experiencia cada vez más cotidiana. Sequías prolongadas, lluvias intensas e impredecibles, incendios forestales, pérdida de biodiversidad y una creciente escasez de agua forman parte ya del contexto ambiental y social global, nacional y estatal.
La reciente COP30, celebrada en Belém, Brasil, reafirma a América Latina y el Caribe como una región estratégica para la acción climática, subrayando la urgencia de conservar los bosques, restaurar cuencas y garantizar el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento como eje de la justicia climática. Sin embargo, también evidenció una brecha persistente entre los discursos internacionales y la realidad de los territorios. Mientras el Norte Global sigue concentrando la mayor responsabilidad histórica de las emisiones de gases de efecto invernadero, los países del Sur Global —y en particular los grupos más vulnerables— enfrentan los impactos más severos del cambio climático.
En este contexto, el Plan de Acción de Género de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adquiere una relevancia central en la COP 30. Este instrumento busca fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres, promover financiamiento sensible al género y reconocer los roles diferenciados en la acción climática. No obstante, su implementación sigue enfrentando barreras estructurales: desigualdad económica, falta de financiamiento y limitada participación de las mujeres en la toma de decisiones.
Los impactos del cambio climático no son neutros. Afectan de manera diferenciada a mujeres y grupos vulnerables, debido a roles de cuidado, menor acceso de las mujeres a la tierra, desigualdades económicas, violencia estructural y exclusión de los espacios de decisión. Sin embargo, en muchos territorios son las mujeres y los grupos vulnerables quienes sostienen, día a día, las estrategias locales de adaptación climática.
De acuerdo con datos de INMUJERES, cerca del 23 % de las mujeres vive en zonas rurales y representa alrededor del 34 % de la fuerza laboral del país. Aun así, su presencia en los órganos formales de decisión sobre el agua, los bosques y el territorio sigue siendo limitada. Paradójicamente, son ellas quienes muchas veces gestionan el agua en los hogares, mantienen huertos agroecológicos, conservan semillas nativas, restauran suelos, monitorean manantiales y participan activamente en la defensa de ríos y bosques. Cada vez son más los enfoques que reconocen que, lejos de ser solo víctimas, las mujeres a menudo son actoras clave para la adaptación climática desde sus territorios, con conocimientos construidos a partir de su relación cotidiana con el entorno, su legado cultural y sus roles de cuidado.
Asimismo, recientes avances normativos abren oportunidades para avanzar en este tema, el convenio de Coordinación Interinstitucional para proteger el Bosque de Agua firmado en 2025, el convenio firmado entre la SEMARNAT y la Secretaría para fortalecer la perspectiva de género en las políticas ambientales y establecer mecanismos de protección para defensoras del territorio, en concordancia con el Acuerdo de Escazú y la discusión de una nueva Ley General de Aguas que reconoce el acceso al agua como un derecho humano y promueve una gobernanza más participativa, son algunos ejemplos de esto. El riesgo, sin embargo, es evidente: sin presupuesto, mecanismos vinculantes y voluntad política, estos avances pueden quedarse en el papel y reproducir desigualdades existentes.
Morelos, ubicado en la región estratégica del llamado “Bosque de Agua”, de la cual depende la seguridad hídrica de millones de personas, enfrenta presiones crecientes por la expansión urbana, la demanda de agua, los incendios forestales y la tala. En esta misma región han surgido liderazgos y colectivos de mujeres organizadas. En Huitzilac, mujeres artesanas han demostrado que es posible generar ingresos mediante el aprovechamiento sustentable del ocoxal, con apoyos impulsados por la CONAFOR. En Xochitepec, mujeres lideran procesos de restauración de suelos, reforestación, medicina tradicional y educación ambiental. En Tepoztlán y el Corredor Biológico Chichinautzin participan en la conservación de espacios naturales y el monitoreo de manantiales. En Zempoala encabezan viveros comunitarios y proyectos de ecoturismo y vigilancia. A ello se suman redes como la Red de Mujeres Agraristas y brigadas forestales de mujeres. Estos y otros grupos han mantenido huertos agroecológicos resilientes que retienen humedad, viveros comunitarios que restauran el suelo, captación de agua de lluvia, brigadas de prevención de riesgo y proyectos de economía circular, entre otras iniciativas.
Diversas instituciones como CONAFOR, CONANP, el Instituto de la Mujer, la academia, grupos comunitarios y organizaciones civiles, han impulsado espacios de encuentro, ferias y redes de colaboración para visibilizar estos aportes. Como son las ferias artesanales y los encuentros de mujeres forestales.
La experiencia en Morelos demuestra que la adaptación climática real no se construye únicamente desde foros internacionales o marcos legales, sino desde los territorios. Y en esos territorios, las mujeres desempeñan un papel clave. Reconocer, proteger y financiar su trabajo no es solo un acto de justicia de género: es una condición indispensable para garantizar el Derecho Humano al Agua, conservar los ecosistemas estratégicos y construir una resiliencia climática duradera para Morelos y para el país.
Foto: Jazmín González Zurita
