Alaíde Vences Estudillo
Los acontecimientos que prosiguieron al ataque ejecutado por la Delta Force, unidad de élite del ejército estadounidense que culminaron con la detención del presidente Nicolás Maduro, han ido despejando incertidumbres respecto a la naturaleza del conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Desde inicios del siglo XX Venezuela fue uno de los principales proveedores claves de petróleo para EE. UU. hasta las nacionalizaciones de los años 70 y las tensiones políticas posteriores. La explotación del combustible une a ambos Estados en una relación codependiente que alcanzó un punto álgido tras la nacionalización encausada por Chávez, la cual redujo el control y los beneficios de los inversionistas norteamericanos. La política socialista de Chávez fue vista como una amenaza a los intereses de Washington.
A diferencia de Chávez, a quien le tocó una época de bonanza, Maduro se enfrentó a la caída de los precios del petróleo, no logró la inversión necesaria para modernizar la industrialización de Venezuela y tuvo que lidiar con la falta de crecimiento económico. Mientras Chávez fue un líder con un genuino movimiento de masas, Maduro enfrentó desafíos constantes para mantener la cohesión popular y su legitimidad se vio mermada por la profunda crisis económica y por la fuerza represiva y corrompida con la que se sostuvo en el poder.
Durante el gobierno de Maduro, Venezuela pasó de un desplome financiero histórico y el aislamiento por sanciones a un cambio de estrategia política. El autoritarismo de Maduro dejó atrás las doctrinas de Chávez para implementar una liberalización económica incipiente como medida de supervivencia. Al abrigo del poder político, emergió una élite económica que supo bien prosperar mediante mecanismos opacos. Estos individuos, a menudo conectados por redes clientelares y de corrupción, lucraron con contratos estatales y operaciones de importación subsidiadas, algunas de las cuales han sido sancionadas por EE. UU.
Las sanciones que impuso EE. UU. al empresariado venezolano, congelando sus activos e impidiéndoles visados, a la larga, no solo tuvieron efectos nocivos en Venezuela, afectaron igualmente la bonanza empresarial norteamericana. Para volver a lucrar a sus anchas, con el petróleo venezolano, en una época en la que el recurso escasea, la vía que encontró Trump fue decapitar al gobierno madurista, pero para lograr el control total de Venezuela necesitará un estatus quo favorable a sus intereses.
La democracia del pueblo venezolano interfiere totalmente con los intereses de ambición lucrativa estadounidense, reconstruir al país desde un enfoque de seguridad humana, centrada en el bienestar de la población, no es la opción viable para los intereses económicos de la rapiña político empresarial estadunidense. Trump expresó a los medios de comunicación sobre sus planes en Venezuela: “Queremos arreglar el petróleo y luego habrá elecciones.” Lo que está en disputa es la renegociación de las ganancias de una industria basada en la explotación de combustibles fósiles y la vía menos costosa y más rápida para lograrlo es incompatible con la justicia.
Ya no queda duda de que se trata de una disputa por el control de la riqueza natural de Venezuela. Otro aspecto que comienza a ser evidente es que Maduro y Trump tienen más puntos en común que divergentes. Ambos se inclinan por un modo autoritario de ejercer el poder político. La diferencia entre ambos no yace en sus ideas retoricas sobre el bien y el mal, si no que están situados en lugares geopolíticos distintos. Trump quiere pasar a la historia como el líder que fue capaz de reposicionar el papel hegemónico de los Estados Unidos en un mundo multipolar. Venezuela se alió a lo que desde la óptica estadounidense se percibe como el eje del mal, conformado por China, Irán y Rusia. La cercanía de Venezuela con Irán es lo que llevó a Trump a calificar a Maduro y a su gobierno como terrorista, además de narcotraficante. Fue esa misma acusación hecha a maduro la excusa estratégica utilizada por Trump para justificar su detención, sin tener que recurrir a una invasión a gran escala que implicara costos económicos y políticos elevados para EE UU.
Lo que está pasando en Venezuela no es una invasión a la soberanía del pueblo bolivariano, es una trifulca entre elites políticas empresariales de dos Estados que tienen secuestrado al pueblo venezolano. A Trump y a la cúpula madurista hoy en control de Venezuela, les importa un bledo la democracia o el respeto por los derechos humanos. Por ese mismo motivo la Agencia Central de Inteligencia- CIA recomendó a Trump no apoyar a María Corina Machado para tomar el control político del país y mejor negociar con Delcy Rodríguez, porque el liderazgo de Machado implica sumergirse en un abismo de inestabilidad. Delcy Rodríguez tiene respaldo de la cúpula militar venezolana. Quien controla el ejército controla el Estado.
Antes de ser llevado a una cárcel en Nueva York, Maduro no escatimó el uso de la mano dura para sostenerse en el gobierno, fincó su poder en las alianzas con lideres corruptos del ejército, los mismos en quienes se apoyó para aniquilar a las masas inconformes con su gobierno, incapaces de evitar su captura y quienes actualmente son los que muestran estar en verdadero control territorial de Venezuela. Desde hace varios días las fuerzas castrenses de Venezuela se han desplegado por todo el país para frenar cualquier intento de sublevación civil. La población disidente con el régimen de Maduro por lo menos al interior del país se mantiene en silencio sin salir a las calles por temor a la represión. Quienes se han manifestado sin ser reprimidos son las bases lideradas por los representantes político del régimen madurista, hasta el momento indemne.
Para gobernar Venezuela, EE. UU. tendrá que apoyarse del ejército, Trump no va a arriesgarse a desarticular las fuerzas castrenses venezolanas, porque sabe muy bien que en Venezuela el ejército es clave para gobernar el país. Durante su mandato como presidente, Maduro se inclinó por la militarización, expandió el poder del ejército en tareas de orden público, colocándolos en diversas instituciones gubernamentales y otorgándoles concesiones económicas e impunidad.
Varios militares y exfuncionarios venezolanos de alto rango han sido señalados de enriquecerse con el gobierno de Maduro, a través de corrupción, narcotráfico y control de empresas estatales. Incluso, el propio Maduro en el 2023, emprendió la operación Caiga quien Caiga, con la que buscó desmantelar una red de corrupción en la estatal petrolera PDVSA que utilizaba criptomonedas para evadir sanciones de EE. UU., resultando en la desaparición de miles de millones de dólares. Esta purga interna que llevó a la detención de altos funcionarios y a la salida del poder de figuras clave como Tareck El Aissami de la PDVSA, no suprimió la corrupción en el gobierno, lo que buscó fue neutralizar las facciones internas que habían acumulado suficiente poder para competir con la autoridad central del alto gobierno.
Ahora bien, la tendencia a la militarización de la seguridad nacional de Venezuela y la corrupción que la rodea, no la inventó Maduro, es parte de una tradición arraigada en la vida política del Estado, con una historia de golpes militares recurrentes. En 1908 un golpe militar liderado por Juan Vicente Gómez derrocó a Cipriano Castro, iniciando una larga dictadura. Nuevamente en 1945 un grupo de jóvenes oficiales y del partido Acción Democrática, derrocaron mediante un golpe cívico militar al general Isaías Medina Angarita. En 1948, otro golpe militar derrocó al gobierno democráticamente electo de Rómulo Gallegos, instaurando una junta militar que eventualmente llevó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Una década más tarde, un alzamiento cívico-militar en 1958 logró derrocar al dictador Marcos Pérez Jiménez, restaurando la democracia en el país.
Hugo Chávez, en 1992, cuando era teniente coronel, lideró dos intentos de golpe de Estado fallidos contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Llegó a la presidencia más tarde por medios democráticos, en 1999 y gobernó el país por catorce años, sin estar exento de un golpe de Estado con el que el empresario Pedro Carmona Estanga solo logró derrocarlo brevemente por unas horas antes de que fuera restituido en el poder por fuerzas leales.
Aproximadamente la mitad de los ministros, gobernadores y alcaldes del partido gobernante (el Socialista Unido de Venezuela- PSUV) son oficiales o generales. Son varios los altos oficiales que enfrentan acusaciones de corrupción o narcotráfico. El acceso a cargos públicos les permite obtener beneficios financieros que perderían en una transición política. Un cambio de gobierno podría significar su encarcelamiento o extradición, pero tal vez lo que se avecina no es eso, sino todo lo contrario: un régimen madurista sin Maduro que negocie la libertad del pueblo bolivariano a costa de su sometimiento ya no a un dictador nacional sino extranjero. Mientras tanto el pueblo venezolano lastimado por la represión necesita de la solidaridad internacional, no podemos darle la espalda.
