La II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, bajo el título general “Los principios y las experiencias prácticas”, tuvo lugar en Lima, Perú, en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante los días 10 y 11 de octubre de 2025. Las jornadas fueron coorganizadas por la Real Academia Española y la Academia Peruana de la Lengua, con el respaldo de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Las conclusiones alcanzadas fueron presentadas por el director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado, quien señaló que la Convención dio un paso adelante en la concepción del significado del lenguaje claro en nuestras sociedades.
Los legisladores, las administraciones públicas y los jueces escriben y se comunican muchas veces con los ciudadanos de un modo ininteligible. Durante décadas, el llamado lenguaje claro fue entendido como una técnica de redacción: escribir mejor, simplificar textos jurídicos y evitar tecnicismos innecesarios. Sin embargo, las conclusiones de la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible marcan un punto de inflexión. Hoy, el lenguaje claro deja de ser solo una cuestión lingüística para convertirse en un derecho fundamental de las personas y en una obligación ineludible de los poderes públicos.
La Convención sostuvo con claridad que comprender el lenguaje del poder no es un privilegio, sino una condición básica de la democracia. Cuando las leyes, las resoluciones judiciales o las comunicaciones administrativas resultan incomprensibles, no solo fallan en su forma, sino también en su función social. El lenguaje oscuro excluye, distancia y debilita la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Hasta ahora, el debate sobre el lenguaje claro se había concentrado en detectar errores de redacción o estructuras complejas. El nuevo enfoque propone algo más profundo: reconocer que toda persona tiene derecho a entender aquello que la afecta. Este derecho se vincula directamente con principios esenciales del Estado de derecho, como la igualdad, la participación en los asuntos públicos y el acceso efectivo a la justicia.
Desde esta perspectiva, el lenguaje claro se convierte en una herramienta de justicia social. No se trata solo de mejorar textos, sino de garantizar que nadie quede excluido del ejercicio de sus derechos por barreras lingüísticas, especialmente las personas con discapacidades, con bajo nivel de alfabetización o pertenecientes a comunidades históricamente marginadas. En este sentido, deben considerarse las particularidades de las comunidades y de las personas a quienes se dirigen las resoluciones. Especialmente en los Estados plurilingües, resulta indispensable tener en cuenta el número de personas que hablan lenguas originarias y si las resoluciones de los poderes públicos están dirigidas a individuos o a comunidades.
Uno de los consensos más relevantes alcanzados es que la claridad del lenguaje impacta directamente en el funcionamiento de la democracia. Un Estado que no se explica con claridad es un Estado que no rinde cuentas. Por el contrario, un lenguaje accesible fortalece la confianza institucional, fomenta la participación ciudadana y mejora la legitimidad de las decisiones públicas.
El avance tecnológico introduce un nuevo desafío. La creciente utilización de sistemas automatizados y de inteligencia artificial en la administración pública obliga a exigir que las respuestas automáticas también sean claras, comprensibles y auditables. De lo contrario, se corre el riesgo de automatizar la opacidad.
Se sugirió trabajar en métodos para mejorar la redacción y hacer un esfuerzo por acortar la extensión de los preámbulos de las leyes y de los contenidos normativos. En el ámbito judicial, se insistió en la necesidad de resoluciones más breves, directas y comprensibles. La claridad no solo beneficia a los ciudadanos, sino que también mejora la eficiencia del sistema y refuerza la percepción de justicia.
El proyecto del lenguaje claro e inclusivo involucra a todas las instituciones: academias, universidades, tribunales y asambleas legislativas. En particular, el nuevo significado del lenguaje claro implica una redefinición del papel de las academias de la lengua: ya no deben limitarse a describir o normar el uso lingüístico, sino asumir una función social activa, orientada a garantizar que el idioma común sea un instrumento de inclusión y no de exclusión.
La conclusión es clara: no hay ciudadanía plena sin comprensión. El lenguaje claro no es una concesión ni una moda comunicativa, sino una condición estructural para el ejercicio de los derechos fundamentales. Comprender el lenguaje del poder es comprender el propio lugar en la sociedad.
Por lo anterior debe concluirse que el lenguaje claro no constituye un derecho fundamental autónomo, sino un elemento instrumental del ejercicio del derecho al debido proceso, núcleo central del derecho humano de acceso a la justicia, y es condición de la democracia.
*Especialista en Derechos Humanos
