A propósito del día internacional contra el trabajo infantil: la deuda de seguridad social pendiente con la niñez
Gabriela Mendizábal Bermúdez y Josué Mesraím Dávila Soto*
Cada 12 de junio, el mundo conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, una fecha que no solo debe despertar la conciencia colectiva, sino que debe movilizarnos a la acción. En pleno siglo XXI, aún hay más de 160 millones de niños y niñas en el mundo atrapados en el ciclo del trabajo infantil, según datos de la OIT y UNICEF. Más allá del impacto directo sobre sus vidas, salud y educación, este fenómeno nos obliga a mirar de frente a uno de sus factores estructurales más ignorados: la falta de acceso universal a la seguridad social.
Según la ONG Amnistía Internacional, el trabajo infantil es cualquier actividad física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño o la niña; [que] interfiere en su escolarización, provocando un bajo rendimiento académico o la deserción escolar. Truncando el presente de quienes serán el futuro (AI, Trabajo infantil: 11 cosas que debes saber).
El trabajo infantil no es una elección libre ni individual. Es una consecuencia directa de la pobreza, la desigualdad y, especialmente, de la ausencia de redes de protección social sólidas. En muchas comunidades, cuando un padre o madre cae enfermo o fallece y además no tiene seguro de salud, ni pensión, ni ingresos garantizados, los hijos se ven forzados a trabajar para ayudar a sostener el hogar. Es allí donde el sistema ha fallado, es allí donde el gobierno ha fallado.
La seguridad social, entendida como el conjunto de políticas públicas, normas jurídicas, instituciones, que protegen a las personas frente a los riesgos de la vida (enfermedad, desempleo, vejez, discapacidad, etc.), debería ser la primera línea de defensa para evitar que los niños tengan que abandonar la escuela para trabajar. Cuando un hogar cuenta con acceso a atención médica y cobertura ante emergencias económicas, las probabilidades de que recurra al trabajo infantil se reducen drásticamente.
En nuestro país, aunque se han hecho avances legislativos y se han implementado programas sociales relevantes, aún enfrentamos brechas significativas. Muchas familias en zonas rurales o en empleos informales no acceden a ningún tipo de protección social. Sus hijos, por tanto, están en mayor riesgo. La informalidad laboral y la falta de cobertura universal siguen siendo cuellos de botella que perpetúan el problema.
Según el INEGI en el 2024 (en sus estadísticas a propósito del día mundial contra el trabajo infantil) se contaba con un aproximado de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes realizando trabajo infantil, de dicha cifra 2.1 millones de infantes realizaban actividades no permitidas las cuales pueden ser ocupaciones ilícitas, peligrosas, insalubres o prohibidas para menores por la Ley Federal del Trabajo, si bien, este número pareciera ínfimo, la realidad es cruel y lacerante pues significa que de cada 100 personas en nuestra sociedad, que se encuentran en una edad de entre 5 a 17 años, 5 o 6 sufren explotación infantil.
En Morelos, según la ENTI 2022 del INEGI, el 10.4% de menores trabaja, de los cuales 6.5% realiza actividades no permitidas. Esos porcentajes parecieran no reflejar la gravedad del problema, pero dicho de otra forma significa que de los 401,502 niños y adolescentes entre 5 y 17 años (censo 2020) al menos 41,756 laboran y, de ellos, 26,097 son víctimas de explotación laboral, reflejando una grave situación de trabajo infantil en la entidad.
Por lo anterior, debemos combatir la normalización cultural del trabajo infantil. No es un acto de responsabilidad ni de formación del carácter que un niño trabaje. Es una violación de sus derechos. La educación, el juego, el descanso y el desarrollo integral deben ser garantizados por el Estado y sostenidos por un sistema de seguridad social robusto que actúe como escudo.
Por eso, este 12 de junio no basta con recordar. Debemos exigir políticas más inclusivas, más presupuesto para protección y seguridad social, más fiscalización y sanciones para quienes explotan a menores, y más compromiso desde todos los sectores —incluyendo el empresarial— para erradicar esta práctica de raíz.
Eliminar el trabajo infantil no es solo una causa humanitaria. Es una inversión en el futuro de una sociedad más justa, educada y productiva. Y en esa tarea, la seguridad social no es un accesorio: es una herramienta esencial.
*Profesora-investigadora y Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.