Educación y trabajo: claves para acceder a la seguridad social para personas con discapacidad
Gabriela Mendizábal Bermúdez y Antonio de Jesús Guevara Mendoza[1]
Como cada año y desde 1992, el 3 de diciembre se conmemora el día de las personas con discapacidad. Esta acción, llevada a cabo por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca promover los derechos y el bienestar de estas personas en torno a todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo.
La ONU en su documento denominado: Fomentar sociedades inclusivas para el progreso social, señala que las personas con discapacidad, así como sus familias, enfrentan múltiples retos en el ámbito del desarrollo social. Entre ellos destacan un mayor riesgo de vivir en condiciones de pobreza, discriminación en el empleo, que se refleja en menores ingresos y además en un acceso desigual a los sistemas de seguridad social, especialmente si se consideran los costos adicionales asociados a la discapacidad, entre otros factores.
Según la ENADID 2023, en México viven 121.6 millones de personas de cinco años y más. De ellas, el 7.2% (equivalente a 8.8 millones) reportó tener alguna discapacidad. La mayoría corresponde a mujeres, quienes representan 53.5% (4.7 millones), mientras que los hombres constituyen 46.5% (4.1 millones). Por su parte en el estado de Morelos en el 2023, el porcentaje de la población con discapacidad fue del 6.7%, según el INEGI (ENADID 2023).
Aunque el artículo 4.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que los Estados deben adoptar medidas para garantizar progresivamente el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, en México persiste una brecha significativa en el acceso efectivo a la seguridad social. Ello se debe, en gran medida, a que el sistema sigue vinculado al binomio trabajo formal–aseguramiento, lo que excluye a un amplio sector de personas con discapacidad que enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo formal. Esta limitación restringe su incorporación a un esquema integral de protección social, a pesar de que sus necesidades específicas.
A esta problemática se suma la necesidad de que la seguridad social contemple las contingencias propias de cada etapa vital y los requerimientos particulares asociados al tipo de discapacidad. Sin embargo, para que la inclusión sea plena, no basta con garantizar programas sociales, sino que es indispensable asegurar acceso a un trabajo digno y para ello la educación es una herramienta fundamental, pues ésta es la puerta de entrada al empleo, la autonomía y la participación social.
Un ejemplo de ello puede observarse en el ámbito educativo de nivel superior en nuestra entidad, donde en los últimos años ha crecido de manera significativa el número de aspirantes con alguna discapacidad que buscan estudiar; por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, según datos proporcionados por su rectora la Dra. Viridiana Aidée León, tan solo en 2024, la demanda aumentó en 88% respecto a la registrada en 2023.
Es importante destacar que las y los estudiantes de nivel superior en instituciones públicas cuentan con el seguro facultativo para estudiantes, un régimen que les otorga acceso ilimitado a las prestaciones en especie del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y es digno de remarcarse: con cobertura ilimitada.
Este beneficio representa un avance significativo en materia de protección social, pues alivia la carga económica de las familias y garantiza que la población estudiantil tenga cobertura durante su formación profesional. Además, permite que quienes viven con alguna discapacidad reciban atención especializada sin enfrentar barreras económicas, contribuyendo así a su bienestar, permanencia escolar y futura integración al empleo formal.
Garantizar seguridad social para la vida implica que ninguna persona con discapacidad quede excluida del bienestar, la educación o el trabajo. Avanzar hacia un sistema verdaderamente inclusivo requiere reconocer sus necesidades específicas y construir condiciones que aseguren autonomía, igualdad y participación plena. Solo así México podrá traducir derechos en realidades y justicia social efectiva.
Imagen:olimpiadasespeciales.org
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Profesora Investigadora de Tiempo Completo y Doctorante en Derecho y Globalización en la FDyCS de la UAEM. ↑
