Cuando las vacaciones no alcanzan para conciliar entre trabajo y familia

Brenda Tufiño Gómez y Gabriela Mendizábal Bermúdez[1]

La reforma al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, en vigor desde enero de 2023, representó un avance sustancial en materia de derechos laborales en México. Al ampliar de 6 a 12 días el periodo mínimo de vacaciones laborales tras el primer año de servicio, se logró un avance significativo que no pasaba desde 1970. Sin embargo, este logro, aunque relevante, resulta aún insuficiente cuando se analiza desde la perspectiva de la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares, particularmente en relación con los tiempos escolares.

Hoy en día, las personas trabajadoras, especialmente aquellas con hijas e hijos en edad preescolar y básica, (en el Estado de Morelos, según el INEGI estima que alrededor de 345,971 NNA se encuentran inscritos en esos niveles educativos) enfrentan una desconexión estructural entre los periodos vacacionales escolares —que suman más de 50 días al año, sin contar los días festivos, de suspensión de clases, consejos técnicos y descargas administrativas— y los días de descanso laboral. La disparidad se agrava si se considera que el acceso a redes de apoyo o servicios de cuidado es limitado o inexistente, especialmente para quienes no cuentan con empleos formales o trabajan en condiciones de precariedad.

Según datos del INEGI (202), el 46.8 % de las mujeres forma parte de la Población Económicamente Activa, muchas de ellas como jefas de familia o cuidadoras principales. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC, 2022) revela que el 83.2 % de las tareas de cuidado en los hogares son asumidas por mujeres. Esta carga estructural —históricamente invisibilizada— se intensifica durante los periodos vacacionales escolares, cuando las mujeres (principalmente) deben encontrar mecanismos para resolver el cuidado de hijas e hijos sin poner en riesgo su empleo.

Aunque es común señalar que las escuelas no son guarderías, lo cierto es que el Estado mexicano no ha desarrollado políticas públicas suficientes para garantizar servicios de cuidado infantil accesibles y seguros en tiempos no escolares. La ausencia de tales medidas en México obliga a muchas personas, especialmente mujeres, a recurrir a redes informales, ausentarse del trabajo o, en el peor de los casos, abandonar el empleo. A ello se suma el incremento de accidentes domésticos en menores durante los periodos vacacionales.

Frente a este panorama, es imprescindible avanzar hacia una política nacional de cuidados que incluya medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral, tanto en la legislación laboral como en la política educativa. De lo contrario, los avances en materia de derechos laborales seguirán siendo parciales y limitados para quienes, además de trabajar, sostienen cotidianamente la vida de otras personas.

La ampliación de vacaciones laborales fue un avance, pero sigue siendo insuficiente sin estructuras que garanticen su ejercicio en igualdad de condiciones. Es fundamental que el derecho social reconozca que cuidar es también trabajo y que equilibrar empleo y cuidado no es un favor, sino un principio de justicia social.

La conciliación entre el trabajo y la vida personal no es solo una cuestión de derechos laborales; es un tema de seguridad social integral para la vida. Sin una visión que considere el bienestar familiar y laboral de manera conjunta, cualquier reforma será solo una medida aislada, incapaz de transformar verdaderamente la vida de las personas trabajadoras y sus familias. Es hora de que la sociedad mexicana avance hacia un modelo más justo y equitativo, donde el cuidado, el trabajo y la vida familiar sean reconocidos como pilares fundamentales para el desarrollo social.

Contar con un seguro de cuidados significaría poder cuidar a quien lo necesita en nuestras familias sin perder el trabajo y eso seguridad social para la vida.

  1. Profesoras Investigadoras de Tiempo Completo de la FDYCS de la UAEM.

La Jornada Morelos