Con la reciente Orden Ejecutiva ‘Asegurando Nuestras Fronteras’ que suscribió el mandatario estadounidense Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció la reanudación del programa ‘Quédate en México’ oficialmente denominado Protocolo de Protección a Migrantes (Migrant Protection Protocols MPP por sus siglas en inglés), a partir del 21 de enero de 2025, con lo que obliga nuevamente a los solicitantes de asilo a esperar en ciudades fronterizas mexicanas mientras sus casos se resuelvan en la corte de inmigración de EE.UU.
El programa ‘Quédate en México’ constituye una acción gubernamental de los Estados Unidos de América que permite la devolución de personas migrantes a territorio contiguo mientras se resuelve su solicitud de asilo. Ha sido una de las políticas migratorias más controvertidas por su impacto en los derechos humanos; fue implementada en enero de 2019 durante el primer periodo de Donald Trump, suspendida en junio de 2021 y ‘cancelada’ en agosto de 2022. Su origen se encuentra en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
El MPP generó preocupaciones en cuanto a la seguridad y bienestar de las personas migrantes, toda vez que se documentaron múltiples violaciones a los derechos humanos en su estadía en México. Entre las principales transgresiones destacan el derecho a la seguridad y protección, dado que se registraron numerosos casos de secuestro, extorsión y agresiones en ciudades fronterizas de México. Según Human Rights First (HRF, 2025) se documentaron más de 2,500 ataques contra personas inscritas en el MPP, donde menos del 10% de las personas migrantes contaron con asesoría legal adecuada, lo que redujo drásticamente sus posibilidades de obtener asilo. Para diciembre de 2020, existieron más de 42,000 casos completados de ‘Quédate en México’ donde solo 521 personas ganaron en las cortes migratorias (Agence France-Presse AFP, 2025).
Las condiciones precarias fueron un problema recurrente. Las personas enfrentaron falta de vivienda, alimentación, atención médica y protección en México. La incertidumbre de su situación y la violencia a la que estaban expuestos, fueron factores para desarrollar un alto impacto en su salud mental, al manifestar niveles de ansiedad y depresión. Las dificultades para acceder a servicios básicos de asistencia humanitaria, dejó a muchas personas refugiadas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Los datos dan cuenta que más de 71,000 personas migrantes fueron retornados a México entre 2019 y 2021 bajo el MPP, entre ellos a decenas de miles de niñas, niños y personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas (Human Rights Watch HRW, 2022), lo que revela la magnitud del impacto del programa que deshumaniza y agrede a las personas en movimiento.
El Gobierno Mexicano mantuvo una estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses para evitar represalias económicas, donde aceptó recibir a los retornados, aumentar sus controles migratorios, expandir los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) a lo largo de la frontera y colaborar con Estados Unidos de América para desmantelar redes de tráfico de personas. A cambio, el gobierno estadounidense se comprometió a agilizar los casos de asilo bajo el MPP e invertir en el desarrollo económico del sur de México y Centroamérica para frenar la migración irregular (Migration Policy Institute, 2020). Sin embargo, organizaciones civiles mexicanas denunciaron la falta de infraestructura y recursos para garantizar condiciones dignas a las personas migrantes en espera de recibir asilo (CNDH, 2021).
El programa ‘Quédate en México’ surgió como una medida de disuasión migratoria bajo la premisa de reducir la cantidad de solicitudes de asilo en Estados Unidos de América, sin embargo, fue cuestionado por organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 302/2020, explica que la política migratoria implementada resultó contraria a las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de no devolución y protección de solicitantes de asilo.
La administración Biden intentó poner fin al MPP en junio de 2021 pero enfrentó obstáculos judiciales, toda vez que un tribunal federal ordenó su reactivación en diciembre de 2021 con modificaciones para mejorar las condiciones de las personas migrantes; la Corte Suprema de Estados Unidos de América permitió su cancelación en agosto de 2022. Desde entonces se han buscado otras estrategias para gestionar la migración en la región, como la expansión de permisos humanitarios y la implementación de programas de protección temporal, sin embargo, la situación sigue crítica, con miles de exiliados que enfrentan condiciones precarias y un acceso limitado a vías seguras para solicitar asilo.
Aunado a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades mexicanas incurrieron en omisiones administrativas en la recepción de personas migrantes bajo el MPP. Como se señaló en la resolución del Amparo en Revisión 302/2020 «Después de más de tres años de litigio, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C. (Imumi), lograron que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que, en la recepción de personas migrantes a través del Programa ‘Quédate en México’, se incurrieron en omisiones administrativas relacionadas con el deber de proteger sus derechos» (PUDH, 2022).
El programa ‘Quédate en México’ tuvo un impacto en la vulneración de los derechos humanos y con la reactivación del programa se corre el riesgo de reproducir las violaciones a los derechos humanos que han afectado gravemente a los solicitantes de asilo. Si se consideran los antecedentes del MPP, su restablecimiento traerá consigo miles de agresiones contra personas en situación de movilidad, profundizará una crisis humanitaria caracterizada por la exposición a la violencia, la pobreza y la falta de acceso a la justicia, así como problemas de salud de mujeres, niñas, niños y personas que enfrentarán mayores riesgos, lo que obliga al gobierno mexicano a asumir un papel preponderante para garantizar condiciones dignas en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Un buen inicio sería dar estricto cumplimiento a la ejecutoria del Amparo en Revisión 302/2020.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos