Ayotzinapa y Jojutla en los casos de desaparición forzada
En el sur del alma están los desaparecidos, escribe Eduardo Galeano. Por qué los buscamos, porque los amamos, gritan las madres buscadoras. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, dijeron las madres del Comité Eureka y continúan gritando las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Desde la década de los años 70s del siglo pasado en México las desapariciones forzadas sigue siendo una herida abierta en la memoria histórica de nuestro pueblo, y hoy enfrenta retos y desafíos para evitar que se profundice la crisis humanitaria que representa la existencia de más de 127 mil personas desaparecidas.
Cuando se lleva a cabo la 129 Acción Global por Ayotzinapa y México éste 26 de junio, con un mitin en Cuernavaca y una marcha en la Ciudad de México, también se han dado a conocer los hallazgos de decenas de cuerpos de personas que se encontraban sin identificar en la fosa común del panteón de Jojutla, y los colectivos de buscadoras exigen que se apliquen los protocolos forenses de identificación genética para determinar si corresponden a familiares de desaparecidos.
Luego de varias reuniones y mesas de trabajo realizadas en la Secretaría de Gobernación con los colectivos de buscadoras, se elaboró una serie de iniciativas de ley que, sin embargo, no fueron consensadas y han sido cuestionadas porque no van a fondo en identificar y combatir las causas de la desaparición.
Al mismo tiempo, las reformas planteadas por el gobierno y aprobadas de inmediato por el Congreso de la Unión, sobre el control militar de la Guardia Nacional, así como dar más poder el Ejército en materia de seguridad pública, que abona a una militarización que viene desde la época del gobierno de Calderón y que lejos de suprimir se ha ampliado y fortalecido, a pesar de que se han aportado investigaciones históricas sobre la utilización del Ejército en labores represivas y violatorias de los derechos humanos.
A la vez que mundialmente crecen las protestas por la utilización de los Ejércitos para provocar la muerte y la destrucción, como el genocidio en Palestina y las acciones de guerra en todo el Medio Oriente con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y otros países de la región, crece la exigencia de que México rompa relaciones con Israel, deje de comprar armamento y tecnología de espionaje, así como lograr la extradición de Tomás Cerón de Lucio, exiliado en Israel y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, a quien recientemente se le negó un amparo para no ser juzgado por éstas graves violaciones a derechos humanos.
Por todo ello es fundamental mantener la exigencia de que el gobierno cumpla con los compromisos firmados en el ámbito internacional del derecho humanitario.
México ha mantenido una relación compleja con la ONU, caracterizada por tensiones recurrentes derivadas de críticas estructurales.
En el Caso Ayotzinapa. En 2015, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan E. Méndez, presentó un informe centrado en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En dicho documento, el relator concluyó que la práctica de la tortura no solo era sistemática, sino también generalizada, atribuible a agentes policiales de todos los niveles, así como a otras fuerzas estatales. Según el informe, estas prácticas se llevaban a cabo desde el momento mismo de la detención de las personas, con fines que iban desde la imposición de castigos hasta la obtención de confesiones o información útil para las investigaciones penales, prolongándose incluso hasta su presentación ante las autoridades judiciales. Esta evaluación tuvo importantes repercusiones internacionales, al evidenciar patrones estructurales de violación a los derechos humanos y poner en entredicho el compromiso del Estado mexicano con las normas internacionales en la materia.
La segunda controversia de importancia se originó con la publicación, en marzo de 2018, del informe titulado “Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”. Entre los señalamientos más relevantes figuraban la comisión de detenciones arbitrarias y el uso de la tortura contra personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, con el fin de extraer confesiones que sirvieron de base para sustentar la llamada “verdad histórica” presentada por las autoridades.
Si bien es cierto que con la presidenta Claudia Sheinbaum se continúan con las reuniones de trabajo, hasta ahora el seguimiento de las investigaciones no han dado los resultados esperados, pues tal pereciera que incluso con el nuevo régimen de gobierno al igual que los anteriores, sólo se está administrando el conflicto de éste crimen de Estado. Es necesario que la Presidenta de la República atienda las justas peticiones para que las investigaciones del caso den un giro distinto, como la inmediata destitución del actual Fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, por la serie de irregularidades en su cargo, así como la pérdida de confianza y falta de resultados positivos en su gestión. Asimismo es necesario traer de regreso al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo piden los Padres y Madres de los 43 y que especialmente las fuerzas armadas, por tener una vinculación directa en la noche trágica de Iguala, abran sus archivos completos, entreguen los más de 800 folios y toda la documentación que se les ha pedido y que hasta el momento se han negado a entregar.
A más de diez años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, éste crimen de lesa humanidad sigue impune, por lo que la lucha y exigencia por encontrar justicia y verdad continúa.
¡Porque Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
*Defensores de derechos humanos.
