La persistente e impune corrupción municipal
El fiscal anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel señaló que, entre el titipuchal de carpetas de investigación que le fueron entregadas a su llegada al cargo, el dos de mayo, había alrededor de 20 carpetas relacionadas con irregularidades en ayuntamientos e instancias municipales y en algunas de ellas hay dilaciones derivadas de la falta de apoyo de las contralorías locales.
Con total diplomacia, Díaz Rogel aseguró públicamente que “las autoridades que tienen que ver con la revisión en carácter preventivo, como son las comisarías o las contralorías municipales, participen en esa coadyuvancia”. Lo que en términos menos elegantes pude traducirse como “pónganse las pilas y métanle a la chamba porque si no se nos van a pelar los corruptos”.
Pero son cientos de expedientes
Como el fiscal anticorrupción quiere evitar que los procesos se caigan por amparos y otras técnicas dilatorias, evitó profundizar mucho sobre esa veintena de denuncias; pero desde acá podemos decir que la cantidad es apenas una pequeña muestra de la colección de expedientes abiertos por corrupción en los ayuntamientos.
Sólo la administración municipal de José Luis Urióstegui Salgado ha presentado alrededor de cincuenta denuncias por corrupción en el Ayuntamiento de Cuernavaca en los periodos de sus antecesores Antonio Villalobos Adán y Cuauhtémoc Blanco Bravo. En Tepoztlán, el alcalde Perseo Quiroz Rendón denunció un presunto desvío de recursos por más de 139 millones de pesos; además detectó otras irregularidades cometidas por una mafia que controlaba la administración municipal de su antecesor David Demesa, y que deberían también derivar en denuncias administrativas o penales. En Cuautla, las administraciones de Rodrigo Arredondo López y Jesús Corona Damián acumulan más de 30 denuncias por diferentes conductas en diversos órganos administrativos municipales. Y así podríamos seguir hasta acumular varios cientos de expedientes contra autoridades municipales por hechos de corrupción cometidos por funcionariado de los ayuntamientos y sus órganos descentralizados.
Así que denuncias hay montones, pero sanciones a los responsables de corrupción en los ayuntamientos son realmente pocas.
Y no todo es culpa de la Fiscalía Anticorrupción.
Aunque la falta de personal, las deficiencias en las denuncias e integración de algunos expedientes anteriores, y los tiempos jurídicos y hasta las diferencias de criterio de algunos juzgadores que hacen pensar en extensiones de la corrupción, detienen una parte de los asuntos; lo cierto es que poco ayudan muchas autoridades municipales que hacen aportes de información mínimos, formulan equivocadamente las acusaciones o de plano detienen los expedientes por burocracia, flojera o para favorecer la caducidad de los delitos señalados, especialmente cuando se trata de denuncias de particulares.
En términos muy prácticos, puede decirse que el problema de la corrupción en los ayuntamientos persiste no solo porque el funcionariado municipal lo comete, sino porque también suele ocultarla a través de instancias que se suponen de control cuyas actuaciones parecen extraordinariamente selectivas.
Gran parte de este problema deriva de la mala costumbre de designar en los órganos de control municipal a personas de un grupo político (regularmente ligado con el alcalde en turno).
Probablemente convendría reformar el procedimiento para designar a los titulares y el resto del personal de las contralorías municipales. Un concurso de selección bien diseñado y sancionado ofrecería más garantías a la ciudadanía.
Mientras tanto continuará la discrecionalidad
Porque debe reconocerse que, toda la evidencia apunta a la persistencia de criterios discrecionales en la persecución y sanción de las irregularidades cometidas por el funcionariado municipal. Esa discrecionalidad proviene de los propios ayuntamientos y se arrastra hasta la Fiscalía Anticorrupción que puede hacer poco por la falta de información, los expedientes mal integrados y la selectividad en los asuntos que se atienden desde los ayuntamientos.
Parece haber una tendencia a perseguir sólo al funcionariado menor (inspectores municipales, policías viales, empleados de ventanillas), o al que pertenece a otro grupo o partido político. Los alcaldes de una fuerza política persiguen a sus antecesores con otras siglas en un ejercicio de legitimación innecesaria, más que en un afán de sancionar los hechos de corrupción o, mucho más importante, garantizar la reparación de los daños que provocaron las irregularidades o pifias de los antecesores.
Cierto que la mayoría de las denuncias que se presentan ante las instancias sancionatorias suelen referir a hechos evidentes de irregularidades en la función pública; pero también debe reconocerse que, como dice la jerga popular, “no son todas las que están, ni están todas las que son”.
Así que, mientras los ayuntamientos y el Congreso piensan en mejores formas para nombrar y poner a trabajar a sus órganos de control, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que conformarse con seguir haciendo llamados a las instancias municipales para que ayuden al procesamiento de las denuncias. Mientras ello no pase, los ayuntamientos y sus órganos descentralizados seguirán siendo espacios con alto riesgo y frecuentes prácticas de corrupción.
@martinellito
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