¿Otra vez tú, Impepac?
Mientras muchos hiper adelantados continúan en grillas proselitistas (propaganda personalizada anticipada, uso de recursos públicos en la formación de estructuras electorales, zancadillas mediáticas o jurídicas a los adversarios, y otras joyas de la falta de ética que permite actuar en medio de las lagunas y flaquezas de la legislación); el órgano electoral local padece, otra vez, por la falta de recursos.
La pobreza del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) le impide no solo observar, perseguir y sancionar las conductas que promueven la inequidad y se han convertido en vicios profundos, sino también (y esto es mucho más grave) entrar a los preparativos de las elecciones locales cuya certeza jurídica y operatividad podría quedar comprometida desde ahora.
El 2027 comienza en menos de nueve meses
El proceso electoral que tendrá su clímax en las elecciones de ayuntamientos, Congreso, y ahora también jueces y magistrados el primero domingo de junio del 2027 inicia legalmente en septiembre del 2026. La explicación es muy simple, lo que el electorado ve el día de la elección, casillas, papeletas, urnas, sistema de resultados preliminares, consejos ciudadanos, mecanismos de conteo rápido, etcétera, no aparecen mágicamente, son resultados de un trabajo de por lo menos diez meses a cargo de la ciudadanía y el funcionariado electoral.
Ese trabajo cuesta dinero.
Hay gastos que son obvios, como la nómina de los funcionarios y el personal auxiliar que se requiere para las etapas de organización electoral, las papeletas, el listado nominal, las urnas y otros materiales que se requieren en los comicios. Otros no sólo tienen el componente de la obviedad, también representan obligaciones jurídicas que están directamente ligadas con la legitimidad y la certeza de los resultados, como la integración de los consejos electorales municipales y distritales, la contratación de empresas responsables del sistema de resultados electorales preliminares, conteos rápidos y otras formas de generar la certidumbre, especialmente necesaria en ambientes polarizados y de suspicacia, como el actual.
La otra elección
El Impepac había solicitado 300 millones de pesos como presupuesto para el 2026, cantidad que cubriría los gastos que deben hacerse en el 2026, asociados a la elección para renovar ayuntamientos y Congreso local, y una parte de la organización de los comicios para el Poder Judicial local. Solo una parte pues, al no haberse definido en las leyes secundarias los detalles de la renovación de jueces y magistrados en Morelos, los requerimientos financieros no eran calculables en el momento del trámite de solicitud presupuestal.
El Congreso de Morelos autorizó 120 millones de pesos para el órgano electoral administrativo del estado, menos de la mitad de lo que se había requerido con lo que el Impepac puede pagar gastos administrativos y nómina de su personal actual sin problemas, pero no organizar un proceso electoral, algo a lo que la ley le obliga.
La elección judicial supone un gasto mayor, por cierto, dado que implica la capacitación de personal que por primera vez atenderá comicios del tipo, pero también una profunda campaña de difusión dirigida a la ciudadanía que le explique la forma de participar en un proceso de sí muy complejo, y difunda a los probablemente cientos de candidatos que se registrarán para buscar ser personas juzgadoras o magistradas en el estado. Además, se supone que el Impepac en la elección local corrija los errores que se presentaron en la elección judicial federal y que llevaron a escasa participación que cuestionó la legitimidad, que no la legalidad, del proceso.
Una autoridad electoral rebasada por la realidad
El Impepac, fue diseñado como una copia a escala del Instituto Nacional Electoral aunque con menos atribuciones. El problema es que los órganos electorales ciudadanos fundan su correcto funcionamiento en la presunción de la buena fe, algo que existe en la mayor parte de la ciudadanía, pero que es notablemente ausente en los actores políticos (partidos, candidatos y funcionarios públicos).
Las acciones de supervisión electoral que hacen los órganos comiciales ciudadanos han sido muy pronto rebasadas por la cantidad de aspirantes con los recursos para hacer trampas mejores o mayores en los procesos. Las autoridades electorales requieren un ejercicio mucho más activo y puntual de sus acciones de vigilancia electoral antes de los procesos comiciales. Para ello hay dos métodos o alguna combinación de ambos; primero, la restructuración de los institutos electorales para reforzar sus áreas de vigilancia y sancionatorias sacrificando otras funciones que podrían transferirse a otras instituciones (como la educación cívica, por ejemplo); segundo, el fortalecimiento de los presupuestos en términos reales para que las comisiones y el personal electoral cuente con los recursos humanos y tecnológicos suficientes para sancionar las malas conductas; o una mezcla de restructura y fortalecimiento presupuestal.
Por lo pronto, urge más dinero
Pero ese necesario debate y solución, pese a su importancia, no es lo más urgente ahora; porque a final de cuentas, los órganos electorales administrativos sirven para organizar las elecciones y la falta de presupuesto este año puede comprometer esa función elemental. El mayor apremio ahora es conseguir el dinero para organizar la elección. Y como están las cosas, francamente no se ve por dónde.
@martinellito / martinellito@outlook.com
