Los diputados se tienen que poner a trabajar
A una semana de que concluya el periodo ordinario de sesiones de la LVI Legislatura de Morelos aún no se han construido los andamiajes necesarios para pagar dos grandes pendientes: el reconocimiento a Tetelcingo como municipio indígena, un tema con delicadas aristas financieras, políticas y hasta de seguridad pública; y la despenalización del aborto, cuyas dilaciones no parecen haber servido para armar un dictamen integral que traduzca el no castigo a la legalidad de la práctica.
Tetelcingo representa un problema complejo
El reconocimiento a Tetelcingo como un municipio libre es una deuda mucho más representativa a las que se tienen con otras comunidades indígenas de Morelos (como Alpuyeca, por ejemplo). El pueblo náhuatl ubicado en el municipio de Cuautla no solo ha conservado sus tradiciones y dinámica social tradicional, también ha hecho aportes culturales innegables a todo el estado, lo que facilitaría la decisión. El problema está en que el territorio que Tetelcingo tendría al separarse de Cuautla incluye algunas de las fuentes de ingreso más importantes para el municipio en términos de predial y servicios municipales, en cambio, en el poblado indígena viven apenas unos miles de habitantes, mientras que en la Heroica hay más de 170 mil.
Adicionalmente está el problema de la seguridad pública. La fuerza policial de Cuautla está apenas en construcción después de los años de abandono que sufrió durante las administraciones de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco. Y si bien se trata de una condición compartida con muchas fuerzas de seguridad municipales, lo que diferencia a Cuautla es que su papel como polo de la actividad delictiva en la región oriente lo ubica en una situación de absoluto riesgo, uno que por supuesto comparte con Tetelcingo y vuelve especialmente vulnerable a la comunidad indígena.
Desde que en 2018 se negó el reconocimiento a Tetelcingo como municipio libre, solo se han sumado argumentos en contra, como el de la seguridad pública. Este fenómeno demuestra lo poco que trabajaron los gobiernos y las administraciones municipales anteriores en resolver los retos que se plantearon hace siete años.
Pero el argumento a favor es sin duda mucho más válido, se trata del derecho de las comunidades indígenas a organizarse y establecer sus formas de gobierno sin dependencias administrativas o políticas de ningún ayuntamiento diferente. Y para garantizar ese derecho, bien vale resolver todos los problemas que se presenten.
El problema del aborto no es solo penal
La discusión de las y los diputados respecto a la despenalización del aborto evidencia el escaso interés que se tiene en el tema, mucho más por cuestiones ideológicas que por razones científicas, de derechos humanos, sociales y hasta prácticas. A pesar del tiempo disponible, los legisladores no han señalado que simplemente derogar artículos del Código Penal del Estado de Morelos resulta insuficiente para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus futuros.
La sola derogación permitiría interrumpir el embarazo incluso en gestaciones muy avanzadas, con los conflictos morales, éticos y humanos que ello representa. Así que debe revisarse profundamente el derecho a esa interrupción porque las lesiones a los derechos no sólo están en la redacción de los artículos del Código, sino también en oros ordenamientos.
La despenalización del aborto requiere, por ejemplo, reformas a las Ley y los reglamentos bajo los que opera el sector salud en el estado. Cambios que deben incluir la temporalidad en que es permisible interrumpir el embarazo; la disponibilidad del servicio en las clínicas y hospitales públicos (que requerirán entonces de atención especializada); el derecho médico a la objeción de conciencia y la obligación de la autoridad de contar siempre con no objetores.
También deberá garantizarse el acceso a la educación sexual, incluso para la población no escolarizada; las sanciones más severas contra padres, familiares, parejas y otros autores de violaciones hoy toleradas o disfrazadas con otros tipos delictivos como el de estupro; la obligación del Estado para dotar de métodos anticonceptivos con abierta disponibilidad a toda la población; la asistencia psicológica a mujeres con embarazos no deseados antes, durante y después del proceso de aborto.
De otra forma, la despenalización del aborto se convertirá en otra falla legislativa en Morelos, cometida por una legislatura que, si bien no las tiene todas consigo, tampoco ha resultado tan terrible como sus antecesoras.
No es redefinir el trabajo legislativo
Y aunque para muchos podría tratarse de una redefinición de la labor legislativa, lo cierto es que no lo es, sencillamente se trata de trabajar racionalmente y no repetir los errores del pasado, aunque algunos se siguen cometiendo, como el copiar y pegar para elaborar dictámenes legislativos.
Es cuestión de considerar todas las aristas necesarias para que las leyes y ordenamientos jurídicos puedan aterrizar en la realidad y, sobre todo, garantizar y ampliar los derechos de mujeres y hombres.
La tacañería legislativa puede hacer que las reformas se conviertan en inaplicables o generen lesiones a los derechos aún peores que los escenarios a corregir; con la complicación adicional de que resultan insultantes para los grupos sociales que demandaron inicialmente esos cambios legislativos.
Y viéndolo objetivamente, si ya han esperado tanto tiempo, bien podrían aguardar unas semanas más para que se concreten con los alcances que todos aspiramos. Pero la pausa debe servir efectivamente para mejorar el diseño legislativo de cada reforma, no solamente como un medio de apostar a que el ambiente político de despresurice.
Diputadas y diputados, junto a sus asesores y equipos tendrían que ponerse a trabajar más y con mayor seriedad. La vida no debe irse en tomarse fotos, sino en ser útiles para la sociedad y volver significativo el trabajo de cada uno, algo que la ciudadanía sabe desde hace mucho, y que los políticos en general tendrían que aprender, y pronto.
@martinellito / martinellito@outlook.com
