Reconciliación, corrupción e impunidad
En un estado como Morelos, donde los dos últimos sexenios robaron la confianza ciudadana y arrojaron a la ciudadanía a una espiral de sospechas fortalecidas por la impunidad, parece bastante normal la desesperación de muchos que sobredosificados de presente buscan cargar el conjunto de pequeñas catástrofes locales a la administración de la gobernadora Margarita González Saravia.
A poco más de un año de haber asumido la gubernatura y más allá de la percepción, los números podrían ayudar a dilucidar la marcha de un proyecto de gobierno al que falta mucho por avanzar, aunque parece ir por la ruta correcta aún con algunas deficiencias identificables por sectores.
González Saravia no es una gobernadora que guste de culpar a sus antecesores de la situación del estado. A lo mejor porque asume la obviedad del asunto, porque le guste asumir la responsabilidad total del gobierno, o porque se le complique abrir frentes con otros grupos políticos con presencia local o regional pero no registramos alguna declaración en que la gobernadora diga que Cuauhtémoc Blanco, Graco Ramírez o ambos le dejaron un desastre; pero si se contextualizan los problemas mayores del estado, inseguridad, violencia de todo tipo, contracción de la economía, insuficiencia en la salud, inoperancia y baja calidad de la educación pública, polarización política, forzosamente hay que mirar al pasado donde se encuentran las raíces de los problemas.
Reconciliar al estado pasa por castigar a sus ofensores
Puede entenderse bien que más de una década de polarización y violencia es una parte fundamental de la colección de crisis que atraviesa el estado. La reconciliación política y social en el estado era un imperativo rechazado por Graco y Cuauhtémoc, cada uno de ellos junto a sus colaboradores gozaron apostando a mayor enfrentamiento. Margarita González Saravia hace exactamente lo contrario al promover el diálogo, el consenso, los acuerdos, hablar con todos los actores políticos y sociales, permitir y escuchar el disenso (aunque a la mayoría de sus colaboradores no parece gustarles tanto).
La gobernadora tiene razón, pero a lo mejor olvida que parte de esa reconciliación necesaria en la sociedad morelense, y mucho más cuando se habla de conciliar a la ciudadanía con la política y sus políticos, pasa necesariamente por el castigo a quienes hicieron daño, la sanción a conductas de corrupción, asociación criminal, permisividad con la violencia y regodeo por el desastre causado. Porque la idea de perdón y olvido podría operar para quienes no tuvieron más remedio que cometer faltas más o menos graves; pero esa gracia es inconcebible cuando se pretende aplicar a quienes desde el privilegio del Poder tuvieron todas las opciones para actuar de forma correcta, ética, honesta, y fallaron reiteradamente.
Pensar en que hay reconciliación mientras siguen impunes delincuentes políticos a quienes se concedió fuero en inconfesables negociaciones centrales, o que viven de cómodos retiros en sus residencias, es sentarse en una bomba de tiempo esperando que el cronómetro olvide la hora del estallido. Las omisiones e ineptitudes en los anteriores regímenes costaron miles de vidas, millones de pesos al erario, y la por crisis política y social de la que se tenga memoria en el pasado reciente del estado; pensar que porque se han ido el asunto terminó es perpetuar la afrenta contra los morelenses.
¿Por sus cifras los conoceréis?
Como aún no cierra el primer año que la gobernadora está totalmente al mando, las cifras son aún preliminares aunque muestran tendencias positivas en partes fundamentales como la seguridad pública (básicamente los delitos de alto impacto), el desarrollo económico, el crecimiento de la actividad agrícola y la atención a grupos vulnerables; en contraste, no son tan meritorios en salud y educación básica.
Pero probablemente donde los resultados sean más disímbolos es en materia de combate a la corrupción. Si bien la administración de Margarita González Saravia ha frenado desde la sospecha a quienes se sospecha cometían actos deshonestos en el servicio público, y a la fecha acumula más de una veintena de remociones de funcionarios públicos; es evidente el poco avance que ha tenido la persecución de exfuncionarios, particularmente los del periodo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que podría ser el más corrupto en la historia reciente de Morelos.
La delicada cancha anticorrupción
Es cierto que la gobernadora y su equipo han hecho parte de lo que le corresponde llevando denuncias sobre algunas de las irregularidades del pasado y abriendo investigaciones (lentísimas si nos lo preguntan) sobre muchas otras. La bola quedaría entonces en la cancha de la Fiscalía Anticorrupción, que Leonel Díaz Rogel asumió a principios de mayo pasado y que la semana pasada modificó su reglamento con el fin de volverse más eficiente y efectiva en sus funciones.
Parte del problema de la estructura anterior de la fiscalía es que, al concentrar el poder persecutor en una sola oficina unipersonal (la vicefiscalía anticorrupción) obligaba a un trato selectivo de los casos, los que tenían un mayor interés o espectacularidad política o un impacto casi nulo en esa área y por consiguiente resultaban muy fáciles, eran resueltos más o menos rápidamente, aunque no fuera con éxito. Así se persiguió a exalcaldes y exfuncionarios lo mismo que a policías que abusaron de sus cargos. La nueva estructura anticorrupción supone corregir esas disfunciones.
La apuesta por una nueva estructura anticorrupción es delicada en tanto obliga a la autoridad a actuar y dar resultados sin pretextos, un reto mayor si se consideran los centenares de expedientes rezagados que heredó Díaz Rogel, y los que se suman casi a diario derivados del fortalecimiento de la cultura de la denuncia, en parte por la madurez ciudadana, pero también atizado por el discurso de no impunidad de la gobernadora, González Saravia.
Por supuesto, debe advertirse que gran parte del éxito en el trabajo de Díaz Rogel derivará de que la Contraloría del Estado, y las instancias de control municipal, hagan bien su trabajo en la integración de los expedientes de denuncia y en el aporte de evidencias sobre las conductas que acusan.
El sistema estatal anticorrupción cobra sentido entonces como parte fundamental para la reconciliación en Morelos.
@martinellito
