La tormenta que viene en Morelos
Entre los problemas no atendidos por dependencias del gobierno estatal, los acumulados desde pasados remotos y no tanto, y los que van surgiendo por la marcha de la normalidad morelense, la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia tendrá un fin de 2025 e inicio del 2026 muy agitado.
En la lista de urgencias para el último bimestre están en todos los sectores, desde la atención a la probable extensión de casos de sarampión cuya posibilidad fue poco atendida por la Secretaría de Salud, hasta la bomba de tiempo que resultan las pensiones y jubilaciones que se siguen acumulando en los tres poderes del estado y obligan a replantear los presupuestos institucionales.
Además, están el conflicto agrario que puede agravarse en Tepoztlán con una dirigencia de bienes comunales no reconocida por la autoridad; los que siguen brotando en escuelas de nivel básico por las omisiones de la autoridad educativa en las relaciones laborales y con las comunidades escolares; el nombramiento del nuevo fiscal general; además de los hechos de violencia, aunque menores a los de años pasados, siguen siendo motivo de preocupación constante y frecuente.
Otro problema es la abundancia de solicitudes por ampliaciones presupuestales en las dependencias, órganos autónomos, ayuntamientos y el Poder Judicial, cuya atención parece ser necesaria para solventar compromisos adquiridos.
Y aunque no corresponden al Ejecutivo, tendrían que considerarse también asuntos de derechos humanos pendientes en el Congreso como la despenalización del aborto, las reformas en materia de seguridad y ahora hasta el planteamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que considera la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos contrapuesta a la legislación local al obstaculizar el derecho a la denuncia y sancionar la libre manifestación.
La compleja tarea de gobernar
Ninguno de los asuntos expuestos tiene una solución simple, y todos podrían arriesgar la estabilidad del estado en por lo menos alguna de sus regiones o sectores; algo que apenas se está logrando recuperar con el proyecto político de la gobernadora, por lo menos en las áreas en que estos lineamientos y hasta parte del estilo personal de la mandataria se aplican para el tratamiento de los problemas.
Algo que debería considerarse es que no se gobierna solo con buena voluntad, sino con acciones que permitan incluso anticipar los retos que pueden presentarse; en el caso de la Secretaría de Salud parece no existir esa habilidad, voluntad o capacidad de anticipación. La atención al riesgo que representa el sarampión sigue siendo bastante moderada. Si bien parece que la autoridad tiene más o menos controlada la incidencia de dengue (ayudó el clima y la coordinación con ayuntamientos); en lo que refiere al sarampión, igual que en otros temas más administrativos como las relaciones laborales y el mantenimiento de la infraestructura, la Secretaría de Salud queda mucho a deber.
En el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), el cambio de director agravó la fragmentación de grupos al interior. La falta de control del encargado de despacho, Raúl Aguirre Espitia sobre los mandos medios y los espacios de supervisión escolar y hasta las direcciones de los planteles, ha permitido que los problemas continúen al aplazar la justicia para intercambiar favores entre funcionarios del IEBEM, directores y maestros, permitiendo que los conflictos se prolonguen y extiendan mucho más de lo permisible. La despresurización que ofrecía la ley Protem que suponía una protección a los docentes de acusaciones infundadas de padres de familia podría desaparecer muy pronto con la consideración (probablemente cierta) de que viola los derechos a la denuncia y a la manifestación de los padres de familia, los alumnos y en general de las comunidades escolares. La reacción del magisterio a las probables correcciones o hasta la anulación administrativa de la ley aprobada por el Congreso del estado se dará en una cancha de la que se tiene muy poco control desde el gobierno estatal.
En el terreno del nomeayudescompadre, el escándalo respecto de la residencia del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, recordó el conflicto que hace años traen los comuneros de Tepoztlán por la titularidad del comité de Bienes Comunales. Los conflictos empezaron hace más de una década y volvieron al organismo inoperante en el control sobre la propiedad de una tierra sujeta a frecuentes invasiones. El nuevo comité de Bienes Comunales fue nombrado en una asamblea realizada sin la validación del Tribunal Agrario, lo que le impide tener legitimidad jurídica. El limbo en que se encuentra la representación de los comuneros ha permitido la “venta” ilegal de tierras en el Área Natural Protegida.
Tampoco es que haya mucho dinero
Entre mala planeación, reducciones de participaciones federales, adeudos históricos, sentencias inesperadas y pensiones no programadas, en algunas dependencias, ayuntamientos, órganos autónomos y el Poder Judicial han solicitado ampliaciones presupuestales. No se trata de una cantidad menor, sólo el Poder Judicial ha pedido al Congreso 295 millones de pesos como para enfrentar compromisos de fin de año.
Y aunque en todos los casos pueden estar justificadas las peticiones, lo cierto es que a 57 días de que termine el año, y 42 de que inicien las vacaciones de diciembre, el dinero es escaso. La posibilidad de atender las solicitudes de ampliación presupuestal para las arcas estatales es francamente reducida porque también el Ejecutivo enfrenta problemas similares, particularmente en el tema de pensiones.
Por cierto, ya pasó prácticamente transcurrió otro año y el tema de la carga pensionatoria para el presupuesto estatal sigue sin atenderse, aunque se advirtió hace más de tres lustros. A lo mejor es parte del problema de andar atendiendo asuntos tan urgentes como instituir el Día del Sonidero, que obliga a aplazar los que, en la mente de los legisladores no parecen ser tan importantes, la despenalización del aborto, el fondeo de las pensiones, el fortalecimiento de los ingresos propios y otras insignificancias legislativas.
@martinellito
