Y sigue siendo la corrupción…
El intrincado sistema de corrupción que padece Morelos no es un asunto nuevo. Se fue tejiendo a través de la historia de los pequeños poblados prehispánicos, que después recibieron nuevos esquemas de cochupos traídos desde el viejo continente en la Colonia; creció hasta formar regímenes de privilegios que sobrevivieron a la Independencia, la Reforma, la Revolución, y se consolidaron con la formación del México posrevolucionario.
El corrupto sistema mexicano nunca dejó de ser indignante aun cuando, citando a uno de los peores clásicos de la política nacional reciente, eran parte de la cultura. Pero los mexicanos aprendieron de alguna forma a tolerarlo y hasta asumieron el latrocinio institucionalizado que representa la corrupción como parte de los costos de la vida. Eso permitió que se volviera aún más grave, dañino, y afectara profundamente las capacidades de desarrollo económico, social y político de la nación.
En las postrimerías del priismo, hubo quienes identificaron a través del sesudo estudio de las obviedades, a la corrupción como un cáncer para la generación de riqueza, el combate a la miseria y la legitimidad del sistema político del país. Poco o nada se hizo para abatir los índices de deshonestidad en el servicio público y poco a poco la gente fue aspirando a conseguir chambas mayores o menores en la burocracia bajo la patética consigna de “no me den, nomás pónganme donde haya”.
Pese a estudios y discursos, el PRI presumía de su corrupción con una antología de frases que los tricolores repetían orgullosos. Ese cinismo fue, en parte, lo que los llevó a la derrota electoral y luego a un proceso para muchos demasiado aletargado y todavía inconcluso de extinción.
Desplazado el PRI, el PAN asumió el poder y simuló emprender un combate a la corrupción que, como cualquier impostura, no hizo sino cambiar de actores. Eso sí, se dieron a la osada tarea de establecer mecanismos “reguladores” que supuestamente identificarían y eventualmente evitarían los actos de corrupción, pero, al final, no hicieron más que encarecerla.
En Morelos, luego de dos sexenios de gobiernos panistas muy corruptos, pero quizá un poco más discretos que sus antecesores priistas, llegó ocupó el gobierno el PRD con Graco Ramírez, supuesto hombre de izquierda, aunque demasiado fresón para representarla. Graco y su equipo de operadores político-financieros eran mucho más pragmáticos que ideólogos, y pudieron trazar, según aparece en las denuncias que investigaron con menos ganas que ineptitud las anteriores Fiscalía Anticorrupción y Secretaría de la Contraloría, una fina red de corruptelas que permitió el enriquecimiento de decenas de funcionarios, el desvío de miles de millones de pesos, y la deslegitimación de esa izquierda en particular y más en general del combate a la corrupción.
Graco Ramírez salió del gobierno estatal por una puerta tan pequeña que ni siquiera le dio para asistir al acto de protesta de su sucesor, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con quien el fino tejido de redes discretas para armar cochupos en el gobierno estatal fue desmantelado, logrando con ello solo que la corrupción se volviera mucho más cínica y los agravios continuaran a diario. Los reportes de las autoridades federales y locales refieren también a miles de millones de pesos en adquisiciones fantasma, contrataciones irregulares, asignaciones corruptas de plazas, desvíos de recursos, cobro de “comisiones” por pagos de bienes y servicios, y otras prácticas que han sido denunciadas, documentadas y aguardan sanción para algún día antes del Juicio Final o el Apocalipsis Zombi, lo que ocurra primero.
Con la llegada de la gobernadora, Margarita González Saravia, se espera aún el final de los esquemas de corrupción. A la fecha por lo menos una veintena de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel de la administración han sido removidos en medio de sospechas de probables actos de corrupción que van desde la protección a exfuncionarios públicos, la ineptitud en el ejercicio público, la venta ilegal de documentos de validación, y hasta la contratación irregular de personal mediante el uso de acreditaciones falsas.
Alguien decía hace no mucho tiempo, que la corrupción en el servicio público es como un iceberg, un cuerpo enorme del que sólo alcanza a verse entre 10 y 11% de su volumen real mientras el resto permanece bajo el agua (o, en este caso, en los despachos y actuaciones de funcionarios de gobierno). De ser así, la veintena de corruptos removidos de lugares estratégicos de la administración gubernamental, serían una parte muy menor de los que ejercen diariamente.
Y si bien el combate frontal a la corrupción es una estrategia digna de reconocimiento (siempre que los autores de malas prácticas sean sancionados conforme a derecho). Los diseñadores de políticas públicas deberían trabajar en esquemas que reduzcan al mínimo, o de plano eviten la corrupción, especialmente en las interacciones ciudadanía-gobierno. Algo que se ha probado efectivo en muchos trámites en Morelos y en muchas partes del mundo es la disponibilidad, facilidad, digitalización y bancarización de las interacciones, algo que podría funcionar, por ejemplo, con la verificación vehicular, los pagos de servicios públicos, los concursos y licitaciones para proveedores.
Cierto que el gobierno estatal, a través de su Agencia de Transformación Digital avanza en esas tareas, pero también lo es que la lentitud con que está operando podría facilitar que los corruptos (personajes sumamente ingeniosos) buscaran la forma de darle la vuelta a esos esquemas.
En fin, el problema sigue siendo la corrupción, y no es que uno desconfíe de todo el mundo, pero la confianza no es nunca absoluta, y tampoco es general.
@martinellito / martinellito@outlook.com
