Lecciones tras el sismo
¿Bastan los simulacros?
Wilfredo Alaniz Pérez y Gabriela Mendizábal Bermúdez[1]
Acabamos de vivir nuevamente el 19 de septiembre y muchos recordamos el sismo de 1985 en CDMX, donde se mostró a nivel nacional e internacional la fragilidad humana y la ineficacia del Estado para enfrentar emergencias de gran magnitud. Décadas después, otro sismo el 19 de septiembre de 2017 provocó 74 muertes en el estado de Morelos y daños en más de 20,000 viviendas distribuidas en 20 municipios (CENAPRED y Gobierno del Estado). Los más afectados fueron Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, donde se registraron daños en escuelas, centros de salud y servicios básicos; muchas familias quedaron en condiciones precarias. La magnitud de las pérdidas ofreció lecciones importantes, evidenció la vulnerabilidad social frente a emergencias que invita a preguntarnos: ¿Son suficientes los simulacros para hacer frente a las consecuencias de los sismos? Por supuesto que no. Se requiere de un mecanismo estatal que proporcione a las y los ciudadanos atención en caso de necesidad y protección de las consecuencias de los riesgos sociales y naturales y eso es principalmente el fin de la seguridad social.
En México, la Ley del Seguro Social establece que el acceso a esta protección depende principalmente de la existencia de una relación laboral formal; es decir, contributiva, lo que deja fuera a gran parte de la población que trabaja en la economía informal.
Su diseño cubre riesgos previsibles; sin embargo, eventos como el sismo evidencian sus límites, concentrando la cobertura en trabajadores formales mientras que la alta informalidad y la pobreza laboral dejan a muchas familias sin acceso a atención médica o apoyos económicos en momentos críticos.
En el sismo de 2017, la informalidad laboral en Morelos alcanzaba 68.2% de la población ocupada, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Tras el desastre, los mecanismos permanentes de seguridad social no estaban preparados para atender de manera integral a los damnificados, por lo que se recurrió a instrumentos de protección civil y a recursos extraordinarios, como el entonces FONDEN. Ocho años más tarde, el panorama apenas muestra cambios: para el primer trimestre de 2025, la misma ENOE reporta una tasa de informalidad laboral de 64.1%, lo que confirma que la mayoría de la fuerza laboral en la entidad sigue sin acceso efectivo a seguridad social.
El IMSS y el ISSSTE brindaron atención médica de emergencia, limitada a sus derechohabientes y a la capacidad inmediata de sus instalaciones. El ISSSTE también ofreció el “Préstamo Personal Extraordinario para Damnificados por Desastres Naturales”, un beneficio de seguridad social dirigido a derechohabientes afectados, aunque no alcanzó a quienes laboran en la informalidad, comprobando que la cobertura del sistema frente a desastres fue parcial. Otro ejemplo de cambios necesarios se observa en las pensiones por viudez y orfandad, en las que la falta de un procedimiento ágil para declarar la ausencia o fallecimiento de trabajadores retrasó el acceso de los beneficiarios a estos apoyos.
A nivel internacional, existen modelos que integran la seguridad social frente a desastres, tanto contributivos como no contributivos: Japón ofrece cobertura a trabajadores afectados por fenómenos naturales, mientras que Chile implementa transferencias de emergencia para quienes no cotizan. La OIT en su “Informe Mundial sobre la Protección Social 2024-2026” señala que la seguridad social debe incluir mecanismos no contributivos que se activen en crisis como estas, ampliando la protección a población vulnerable.
En pocas palabras, no bastan los simulacros, se requiere seguridad social para la vida.
Simulacro en Morelos 2025. Foto: Gobierno del estado
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Profesor del posgrado y Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDyCS de la UAEM. ↑