¿Accusare humanum est?
Hace un par de décadas, en una charla medio formal sobre la comunicación en las campañas políticas advertíamos a los entonces aspirantes a candidaturas sobre los riesgos de los infundios dirigidos a políticos desde los espacios del anonimato. En aquél entonces, las redes sociales no eran digitales sino tejidos bien armados de taxistas, dueños de tienditas, carnicerías, tortillerías y otros negocios de flujo alto de personas que permitían esparcir chismes de forma más o menos efectiva con el formato típico “un primo (o algún otro conocido) vio a (el nombre del político agredido) hacer tal o cual cosa)”.
El resultado del cotilleo era sorprendentemente efectivo. Hacia dudar de la oriundez, la honestidad, la salud mental, la sobriedad y hasta las relaciones personales de los políticos. Decíamos entonces que una campaña de tres o seis meses podía ser inefectiva para contrarrestar esos infundios que, además, desviaban la agenda del político para comunicar sus mensajes con propuestas y lo obligaban a reaccionar para aclarar las mentiras reduciendo su tiempo efectivo ante las audiencias.
Las redes sociales digitales suplieron con enorme eficacia a las redes de cotilleo físicas por su alcance y velocidad. Con el 80% del público conectado a por lo menos una red social por 44 horas a la semana en promedio, el alcance de los chismes por redes sociales, WhatsApp, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, y las demás, es rápido, efectivo y profundamente dañino. Esto lo saben las izquierdas, las derechas y los centros que igual hacen uso de la infraestructura digital para lanzar mentiras, verdades a medias, sospechas, opiniones disfrazadas de hechos, a un público que, hundido en el frenesí del pantallazo, los likes y el compartir como prueba de vida, se regodea en su profunda ignorancia.
Aun partiendo del principio (probablemente inexacto, pero válido para este efecto) de que dentro de cada político en el mundo hay una pequeña conciencia corrupta que puede apoderarse fácilmente de sus actos y pensamientos en la pugna natural por el poder, tendría que reconocerse que no todos los políticos son culpables de todo lo que se les acusa. Porque si bien uno puede tener las opiniones que se forme a partir de la propia percepción sobre cualquier político y está en libertad completa de expresarlas sin restricción o intimidación alguna; está prohibido, y penado, atribuir a una persona participación de cualquier tipo en hechos en los que no tiene nada que ver. Así, por ejemplo, uno puede decir, sin temor alguno que Don Segismundo Incompetente, alcalde de Tenmeacá, le cae gordo porque lo considera un pelmazo; pero no puede decir que esa persona se reunió con tal o cual grupo criminal si no tiene evidencia irrebatible de ello.
¿Y esto a la política local, qué?
Hecha la distinción, bien vale discutir sobre lo que está ocurriendo con la relación entre los políticos, la comunicación digital y el periodismo especialmente en Morelos.
Primero tendríamos que advertir que los políticos que han sido atacados en las redes sociales están enfrentando un monstruo que ellos mismos alimentaron por muchos años. Porque fueron políticos quienes financiaron la aparición y multiplicación de portales y páginas y cuentas de redes sociales dedicadas (en una triste mímesis del periodismo prerrevolucionario) a injuriar y manchar el prestigio de sus oponentes. Quienes pagaban esos espacios no pensaban en lo necesario que es un editor, lo relevante de la verificación de la información, el respeto a la elemental dinámica productiva del periodismo; sólo esperaban que sus mensajes se transmitieran con la mayor extensión y el más profundo daño posible.
El problema ahora es que la bestia se ha vuelto contra muchos de ellos.
Y si bien es importante evitar cualquier precedente de daño a la libertad de expresión, también es cierto que existe una ley, perfectible, pero vigente; y que la mayoría de los autores de esos libelos digitales la han violado cotidianamente con diversos grados de gravedad, lo que permite a los afectados por esos contenidos denunciar.
El espíritu de la ley debe tender a fortalecer los derechos y ampliar las libertades. Una reforma justa a las leyes reguladoras de la libertad de expresión debería contemplar eso; pero también el ejercicio ético de la comunicación que parte, principalmente de distinguir las opiniones de los hechos y de evitar la difusión de información no verificada. No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de contener los efectos negativos y las disfunciones que el ejercicio de la comunicación puede tener.
El jefe de la oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez no es el primero que acude a denunciar a medios por infundios en su contra (los llamaremos infundios en tanto no hay mayores pruebas de eso que se le acusa). Antes de él, por lo menos cuatro legisladoras han recurrido a la denuncia bajo la menos clara figura de la violencia política de género; todas ellas han ganado los casos.
¿Se trata de atentados contra la libertad de expresión? La respuesta no puede estar solamente en la colección de opiniones fundadas en las relaciones con los políticos o los periodistas, sino en el análisis casuístico de cada hecho. Eso sí, algo que se puede ubicar como una amenaza a la libertad de expresión en todos los casos es que las penalidades parecen excesivas para las posibilidades de la mayoría de los comunicadores, y eso genera una sensación de temor en otros profesionales del periodismo y la comunicación que pueden empezar ejercicios de autocensura por el temor de enfrentar procesos jurídicos costosos, largos y hasta amenazantes para su futuro profesional.
Denunciar es de humanos, pero valdría la pena abrir una profunda discusión sobre el tema, a fin de que, sin tocar la libertad de los medios, se pueda ejercer una comunicación más positiva, responsable y constructiva, sin ceder nunca en el componente crítico que ha hecho el periodismo un contrapeso eficaz contra los abusos y la corrupción gubernamental.
@martinellito
