La explosividad desatendida en la educación de Morelos
Daniel Martínez Castellanos
Uno no quisiera decir que el sector educativo está de cabeza, pero como que se está pandeando. Muy probablemente no sea culpa del director del Instituto de la Educación Básica de Morelos, Leandro Vique Salazar, quien tiene años de experiencia y conocimiento en el sector que ahora le toca administrar, ni de la secretaria de Educación, Karla Aline Herrera Alonso, una mujer bien intencionada y con carácter suficiente para el mando; tampoco podría responsabilizarse a la dirigencia del SNTE en Morelos que, con Joel Sánchez Vélez, hace lo que puede dentro de los canales institucionales para mantener la paz en las escuelas.
El nivel de explosividad que muestran ya para el final de ciclo escolar, con todo y el regreso al laxo calendario escolar de 185 días, muestra que muchas personas no están haciendo su trabajo para atender los problemas antes de que se generen conflictos mayores que, en la educación pública -tan llena de emociones y sentimientos- se vuelven casi imposibles de solucionar.
Las manifestaciones, bloqueos y tomas de plantel en esta parte del ciclo escolar de nivel básico no deberían ser tan frecuentes, y el IEBEM ha padecido casi una cada tercer día; a ello hay que sumar el conflicto en la Universidad Pedagógica Nacional derivado de la evidente falta de operación política que aparentemente impedirá, o por lo menos ya obstruye, la facultad de la autoridad educativa para nombrar un director, la misma que se ha ejercido constantemente desde 1992.
Cierto que la autoridad educativa local puede presumir enormes éxitos en el área de capacitación del magisterio (nomás faltaba que no, siendo Vique Salazar un especialista reconocido y bien pagado en el tema); pero no solo de capacitación vive el sector educativo y mientras los profes asisten a jornadas para actualizarse, las escuelas viven episodios que combinan los cambios sustantivos (como la eliminación de la comida chatarra y la revisión del estado de salud del alumnado) con las coyunturas que agreden a las comunidades escolares, todo ello formando una mezcla que aumenta el riesgo de conflictos al interior de los planteles.
Aparte está el enojo de una parte del magisterio atizado por grupos de la disidencia magisterial que han aprovechado la intentona fallida de reforma a la ley del ISSSTE para rescatar afrentas tan viejas como el sexenio de Felipe Calderón. La intransigencia de estos grupos del magisterio, combinada con otros factores de cambio en el sector educativo, ha generado también un grado de excitación sui géneris en el magisterio nacional que tiene reflejo en lo local.
Las condiciones de jubilación del magisterio no eran un tema en la actual administración gubernamental; tampoco lo debiera ser la herencia de maltrato al magisterio y olvido insultante sobre el sector educativo que caracterizaron a las administraciones de Marco Adame, Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco. Pero esas condiciones no debieron ser ignoradas por las autoridades actuales ni por su representación sindical; quienes conocían, y de hecho, sufrieron también las múltiples afrentas.
Los profes no ven quién se las hizo, sino quién se las pague y en términos reales, el IEBEM y la sección 19 del SNTE son los responsables institucionales del daño que perciben los profes, así que tanto Leandro Vique como Joel Sánchez deben fortalecer el proceso de reconciliación con el magisterio y para ello requieren de equipos sólidos, comprometidos, sensibles, conocedores, proclives al diálogo, humildes, y lo cierto es que eso no existe en el IEBEM ni en la sección 19 del SNTE, así que todo queda en la buena onda y “cuatitud” de dos personas que, como el resto de la humanidad, están limitados físicamente para estar en todas partes y hablar con todo el mundo al mismo tiempo. Es hora, en ambos casos, de revisar los equipos antes de que el coctel explosivo en las comunidades escolares y el magisterio pase a mayores.
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Ayer concluyó, según todo apunta el innecesario distanciamiento entre los tres poderes del estado. El acto en el Tribunal Superior de Justicia al que acudieron la gobernadora, Margarita González Saravia, el pleno de los magistrados, representantes del Legislativo y funcionarios del Ejecutivo evidenció la intención de coordinación y colaboración en la construcción de la paz en Morelos, un concepto que, dijo la magistrada del TUJPA, Adriana Pineda, tendría que ser el estilo de vida de Morelos en un futuro no tan lejano.
Llamó la atención, por puntual y comprometido, el discurso de la jueza Ixel Ortiz, quien a nombre de sus pares en el estado reconoció que hay prácticas y vicios de corrupción en el Poder Judicial. No es que haya descubierto el hilo negro, pero el que una jueza lo reconozca a nombre de sus compañeros y se comprometa con el esfuerzo de erradicar esa corrupción ofrece cierta esperanza a los justiciables. Ojalá y el ímpetu de honestidad no pase pronto en los juzgados y magistraturas de Morelos.
Otro concepto relevante del discurso de la jueza que reproducimos textual “entender un poder judicial independiente e interdependiente es esencial para una democracia, ningún poder sólo es más fuerte que tres unidos haciendo fuerza contra el injusto”, parece marcar una nueva era de entendimiento que debe tener como centro la justicia para las y los morelenses.
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