El gobierno mexicano no puede seguir cantando victoria contra la delincuencia mientras alcaldes y activistas son asesinados, el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, a plena vista del público durante las celebraciones de Día de Muertos, es una señal lacerante de que el Estado está perdiendo porciones sustantivas de su soberanía efectiva. Los hechos son testarudos, Manzo había denunciado amenazas, exigido respaldo y contaba con protección federal, incluida Guardia Nacional; aun así, un tirador lo acribilló en la plaza central ante cientos de personas, y desatando una estampida de terror. Horas después, la ciudad se vistió de negro para exigir justicia. No es una anomalía: es un síntoma de una estructura política y de seguridad que cruje bajo la presión del crimen organizado.
El mensaje que envía la delincuencia es brutal por su simplicidad: nadie está a salvo, si un alcalde escoltado puede ser abatido en un evento público, ¿quién podría considerarse protegido en la ventanilla de un negocio extorsionado, en la ruta de un transportista, en el aula de una universidad o en la casa de un líder comunitario? Ese shock se convierte en percepción social, y la percepción produce realidad: retrae la vida pública, inhibe la denuncia, fomenta la autocensura de autoridades locales y activa la migración silenciosa de familias y capitales hacia zonas menos riesgosas. En términos de incentivos, el crimen manda un recordatorio ejemplarizante a cada alcalde y gobernador: enfrentar a las mafias es una ocupación mortal, y el que lo haga corre la suerte de Manzo. La pedagogía del terror funciona porque se ancla en vacíos operativos del Estado y en su incapacidad para blindar a quien se atreve a confrontar.
El Gobierno federal, por su parte, ha respondido con el guion de siempre: condena, reunión urgente del gabinete de seguridad, promesa de justicia, pero esa liturgia, sin un giro estratégico visible, alimenta la idea de que se privilegia el control narrativo sobre el control territorial. Más aún cuando asoma el reflejo de culpar a otros —gobiernos locales, opositores, medios— o de minimizar el evento como si fuera un episodio aislado. Apostar a la atenuación discursiva es peligroso: los criminales leen el lenguaje del poder y concluyen que, mientras arriba se debaten culpas, abajo rige su ley. No es casual que los reportes oficiales reconozcan que los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público; eso es falla de evaluación de riesgo, de diseño de perímetros y de coordinación, no un mero “infortunio”.
La consecuencia es estructural, a nivel municipal, se profundiza el “efecto enfriamiento”: menos denuncias, más pactos tácitos para “no calentar la plaza”, más captura criminal de decisiones públicas (obras, contratos, patrullajes) para evitar represalias. El crimen, en cambio, opera con unidad de mando, metas claras y disciplina de ejecución. Cuando la descoordinación institucional se topa con la coordinación criminal, el desenlace es predecible. Y cuando los asesinatos dejan de ser costos marginales y se vuelven herramientas del gobierno paralelo, la erosión democrática se acelera: se restringe la competencia real (porque candidatos y activistas se retiran o son “bajados” a la mala), se vacía de contenido la representación.
A este cuadro se suma la propia actitud de la presidenta, que ha optado de manera reiterada por minimizar la gravedad del problema y por descartar, casi con desdén, cualquier forma de apoyo de Estados Unidos bajo el argumento de la soberanía nacional, como si la simple invocación de la palabra bastara para proteger a los alcaldes que hoy caen a tiros; resulta difícil no ver el absurdo: se niega a ceder un ápice de control político o de narrativa frente a un gobierno que ofrece cooperación, pero al mismo tiempo tolera cuando menos por omisión que el Estado mexicano permanezca sometido en amplias regiones a la autoridad de las bandas criminales, que cobran impuestos, regulan la vida cotidiana y deciden quién vive y quién muere. Esa defensa selectiva de la soberanía, que se envalentona ante quien quiere ayudar y se encoge ante quienes ya impusieron su ley a balazos, no es un gesto de firmeza nacionalista, sino la confesión de un poder que prefiere mantener intacto su relato antes que admitir que ha perdido el control del territorio.
Asumir la responsabilidad, reconocer las fallas y rectificar sería el mínimo ético de un Estado que se dice democrático, cuando, en vez de eso, los voceros oficiales y sus coros en redes culpan a la oposición por “politizar” los hechos, o sugieren que el alcalde fue imprudente por “retar” a las mafias, se cruza una línea peligrosa: se desplaza la culpa hacia las víctimas y se manda a todos los demás un aviso inequívoco de que lo sensato es callar, adaptarse a las bandas y no incomodar al poder. Estas conductas, cuando menos, son profundamente lamentables porque normalizan el horror, vacían de contenido la idea de servicio público y nos dejan frente a un país en el que gobernar se parece cada vez más a caminar sobre un campo minado. La imagen del presidente municipal cayendo entre velas y cempasúchil enciende una alarma nacional: no se gobierna sobre cementerios improvisados, se gobierna reconstruyendo el contrato social. Mientras eso no cambie, seguiremos siendo, aunque la presidenta lo niegue un Estado sometido, con zonas enteras controladas por organizaciones criminales. La verdadera lealtad a la patria no se proclama; se prueba recuperando cada calle, protegiendo a cada ciudadano y garantizando que ninguna festividad vuelva a ser escenario de ejecución. Sólo entonces, y no antes, México podrá decir que empieza a ganar esta batalla.
*Universidad Autónoma del Estado de México
Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro
