Durante la década de los ochenta en el Reino Unido y Estados Unidos hubo huelgas mineras históricas, que enfrentaron la decisión de los gobiernos de Thatcher y Reagan de acabar con sus conquistas sindicales. Los sindicatos mineros dieron batallas largas y dramáticas. Su derrota significó el cierre de minas, el inició de la desregulación laboral y la privatización de bienes públicos. La huelga de 1983 de los sindicatos mineros del sur de Arizona fue sostenida durante 18 meses por las mujeres, la mayoría, de origen mexicano.
Era necesario derrotarlas. Acabar con los sindicatos que durante dos generaciones sostuvieron huelgas cada revisión contractual y lograron mantener salarios razonables, servicios médicos, seguridad contractual, jubilaciones y, en algunos casos, vivienda obrera. Estas conquistas, se quejaba Hayek, el ideólogo del neoliberalismo, eran los causantes de la crisis del capitalismo en occidente desde 1973 por sus presiones reivindicativas. Explicaba que los altos salarios y seguridad social presionaban a la baja las ganancias empresariales.
El padre del neoliberalismo había esperado casi tres décadas para, según él, evidenciar que el Estado de Bienestar de la posguerra en los países del capitalismo avanzado había engendrado la crisis mundial por ceder a las demandas de sindicatos que detentaban contratos colectivos, gastaba mucho en seguridad social e inhibía la cultura del mérito y, en consecuencia, la auténtica libertad.
Morenci, Ajo y Clifton eran pueblos mineros que configuraban un enclave minero en el desierto de Arizona, controlado por Phelps Dodge, el consorcio que regenteaba la extracción y procesamiento del cobre. Cuando llegó la renegociación contractual en junio de 1983, la corporación cuprífera quiso disminuir los salarios. El sindicato aceptó un congelamiento salarial pero no una disminución. Estalló la huelga. La corriente mundial de sometimiento a la fuerza colectiva trabajadora estaba en marcha.
Phelps Dodge contrató centenares de esquiroles a los que les proveyó vivienda, traslados y promesas de empleo indefinido. La huelga era legal pero los mineros solo podían esperar el curso de las negociaciones en piquetes de huelga en el camino a la mina. Comenzó el acoso de la empresa y el apoyo total del gobierno federal. Mandaron a esos pequeños pueblos a más de mil elementos de la guardia nacional. Su función era proteger a los esquiroles. Montar provocaciones contra los mineros, acusándolos de violentos y anarquistas. Iniciaron las detenciones de mineros por lanzar una piedra o decir malas palabras. Se trataba de sacarlos de las guardias de la huelga.
Las mujeres tomaron su lugar en las guardias que se efectuaban en la carretera camino a la boca de mina, en pleno sol del desierto. Esposas, madres, hermanas y algunas mineras pertenecían a una segunda generación de familias mineras. Había crecido en el ambiente de huelgas periódicas. Ellas cuentan que en sus infancias forjaron la conciencia de que pertenecer a una familia minera significaba pasar hambre cada revisión contractual. Estaban habituadas a comer tortillas y frijoles en las semanas de huelga, pero pasada la lucha, había al menos dos años de tregua y sobre todo mucha dignidad. La resistencia daba el fruto de la conquista laboral.
Las familias mineras raramente ponían en duda la importancia de la huelga como el instrumento colectivo para enfrentar al capital minero. Eran ellos, los consorcios con su propiedad minera y eran las familias mineras con sus vidas en vilo.
Ente 1983 y 1984 las mujeres sostuvieron estas guardias al tiempo que organizaron fondos de ayuda para alimentar y vestir a las familias. Este proceso las hermanó y las cambió. Si bien sabían de la importancia de la sindicalización para sostener sus luchas, esta huelga las hizo tomar conciencia de sus roles convencionales de género. Decidieron cambiarlos. Su resistencia obligó a Phelps Dodge a cerrar parte de sus minas al no lograr una reducción salarial. Los esquiroles se retiraron sin el empleo prometido. Las personas criminalizadas demandaron a la empresa y ganaron los juicios.
Unos años después el gobierno federal retiró la certificación a los sindicatos mineros.
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