El derecho a la vida es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, sin el cual los demás carecen de sentido. Si no existe la vida, no hay posibilidad de ejercer ningún otro derecho. En el caso de las niñas, niños y adolescentes (NNyA), este derecho está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y leyes nacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta última, en su artículo 13, establece: «El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo».
Este derecho se desglosa en dos aspectos fundamentales: el derecho inherente a la vida y el derecho a la supervivencia y al desarrollo. El derecho inherente a la vida está ligado a la dignidad humana, implicando que cada ser humano, por el simple hecho de existir, merece respeto y protección incondicional desde el momento de su nacimiento. Por otro lado, el derecho a la supervivencia y al desarrollo exige garantizar un entorno favorable donde los NNyA puedan crecer de manera segura, con acceso a servicios médicos adecuados, educación de calidad, buena alimentación y un ambiente saludable y armonioso.
Asegurar el desarrollo pleno y saludable de niñas, niños y adolescentes es una obligación no solo del Estado, sino también de las familias y la sociedad. La falta de protección y atención adecuada compromete su bienestar futuro, afectando su salud, educación y hasta su capacidad de generar ingresos en la edad adulta.
Lamentablemente, en México, este derecho ha sido gravemente vulnerado. Las cifras son alarmantes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en enero de 2024, 162 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de homicidio en el país, 26 de ellas mujeres y 136 hombres. Aunque se reportó una disminución del 16.5% respecto al mismo mes de 2023, el panorama sigue siendo desolador. Guanajuato, Michoacán y Chihuahua encabezan la lista de estados con más homicidios de NNyA, concentrando tres de cada diez casos registrados en enero de 2024.
Entre enero de 2015 y enero de 2024, las muertes por homicidio de personas de 0 a 17 años ascendieron a 22,989. Esta cifra es más del doble de la capacidad del Auditorio Nacional. Solo las muertes de niñas y adolescentes (5,655) duplicarían el aforo del Palacio de Bellas Artes. En el mismo periodo, 17,334 niños y adolescentes varones también fueron víctimas de homicidio.
Estas cifras representan una tragedia nacional que debe motivar una profunda reflexión. Como sociedad, es nuestra responsabilidad actuar para prevenir y reducir estas alarmantes estadísticas. Es urgente que impulsemos la educación sobre los derechos de los niños en las escuelas y comunidades, y que implementemos políticas que garanticen su bienestar, salud y seguridad. También debemos participar en programas de prevención que promuevan la conciencia sobre la violencia, el abuso y la negligencia infantil, con el objetivo de asegurar que el derecho a la vida sea respetado y garantizado para todas las niñas, niños y adolescentes en México.
Este es un llamado a la acción. No podemos permitir que esta situación continúe. La vida de nuestras niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad para todos.
*Jueza de Ejecución del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.
