Hertino Avilés Albavera*
Frecuentemente cuando hablamos de la brecha digital se suele asociar a un fenómeno estrictamente social sobre quienes tienen acceso a internet y quienes no o sobre quienes saben usar un dispositivo. Si bien, son temas fundamentales cuando se analiza el panorama de la brecha digital, hoy en día nos encontramos con otro obstáculo para la incorporación al mundo digital.
Hoy está emergiendo una brecha menos visible, la brecha digital institucional, aquella que se produce cuando las propias instituciones públicas se quedan rezagadas. No es la gente la que no alcanza al estado digital; es el Estado el que no logra estar a la altura de las necesidades de la gente.
La señal más evidente de esta brecha aparece en algo tan básico como la actualización de la información pública, portales con datos viejos, enlaces rotos, documentos duplicados, formatos imposibles de abrir o informes que se reciclan año tras año sin cambios reales. Esto representa una opacidad por omisión, la información existe, pero queda atrapada en sistemas obsoletos. Para el ciudadano que intenta consultar un padrón, una convocatoria o un reglamento actualizado, la experiencia digital se convierte en una carrera de obstáculos. En este caso el problema no es la tecnología disponible, es la falta de rigor institucional para mantenerla viva.
A esto se suma una narrativa cada vez más frecuente en dónde muchas dependencias celebran que “todo está en línea”, pero esto resulta insuficiente cuando se trasladan trámites físicos a plataformas deficientes, concebidas sin perspectiva de usabilidad y sin mantenimiento continuo. La digitalización sin funcionalidad no es transformación; es simulación. Y esa simulación genera una brecha que no tiene que ver con la falta de dispositivos, sino con la falta de sistemas accesibles y actualizados.
Paradójicamente, aun cuando la ciudadanía cuenta con internet y habilidades básicas, se encuentra con páginas institucionales que no funcionan, con buscadores incapaces de arrojar resultados precisos o con información presentada en PDF escaneados de mala calidad, por lo que la brecha digital no solo recae en el usuario sino en la gestión institucional.
Situación que limita el derecho al acceso a la información, y sobre todo crea desigualdad informativa pues quienes tienen tiempo, habilidades o acompañamiento técnico pueden navegar con mayor facilidad, quedando el resto automáticamente excluido. La brecha digital institucional, así, se convierte en una nueva forma de injusticia.
*Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y profesor universitario.
Imagen: UNAM
