Niños y Adolescentes, la deuda de las familias, el estado y la sociedad
Las niñas, niños y adolescentes (NNA) enfrentan grandes desafíos en su desarrollo debido a la deuda histórica que mantenemos con ellos: la familia, el Estado y la sociedad. Esta deuda consiste en la incapacidad de garantizarles la supervivencia, una vida libre de violencia y el pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos en los ámbitos internacional, regional y nacional para su cuidado y protección.
Nos hemos constituido en una sociedad que les exige ser y pensar como adultos, que asuman obligaciones y responsabilidades que compiten a los padres, al Estado en su conjunto ya la comunidad. Les exigimos que sean un modelo de virtud, valores y comportamientos adecuados para resolver la crisis de seguridad que vivimos. Irónicamente, no hemos sido capaces de proveerles lo necesario para ello y mucho menos de darles el ejemplo de lo que les reclamamos. Por si fuera poco, los señalamos como responsables de su reclutamiento por la delincuencia común y organizada, bajo argumentos de que son una «generación de cristal« que no entiende la cultura del esfuerzo.
Omitimos asumir, como adultos y como Estado, la responsabilidad de generar las condiciones de bienestar y de desarrollo sano e integral para NNA. Luego, ante el fracaso causado por tantas carencias, exigimos que se les castigue con todo rigor.
Las noticias de la comisión de delitos de alto impacto a manos adolescentes sacuden inevitablemente a la nación. Más allá de la tragedia individual y política que cada caso representa, estos sucesos actúan como un escalofriante espejo que refleja la más oscura crisis social que vive México: el incremento exponencial y la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes (NNA) en actividades delictivas de alto impacto. Este no es un incidente aislado; es la punta de un iceberg de abandono estatal y familiar, y una advertencia de que la furia social, volátil y efímera, se está gestando en quienes son, ante todo, víctimas de un contexto violento y fallido.
La realidad en Morelos no solo es un eco, sino un preludio constante de esta tragedia nacional. Nuestra entidad ha sido testigo del surgimiento de los llamados «niños sicarios», narcomenudistas, secuestradores, robadores de vehículos, extorsionadores, etc. Estos actos, lejos de ser elecciones juveniles, son síntomas de que las infancias y adolescencias están siendo dominadas por el contexto violento en el que se desarrollan, un contexto moldeado por la inacción de los padres, la falta de participación de la comunidad y una serie de faltas sistemáticas de los entes gubernamentales que deben garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
La delincuencia organizada ha encontrado en la vulnerabilidad y la impunidad una herramienta de reclutamiento perfecta: el cuerpo adolescente. Estos jóvenes son utilizados como “carne de cañón” por la delincuencia común y organizada, porque los consideran como desechables, reemplazables, y la estructura criminal sabe que su exposición al riesgo es inversamente proporcional a la punición que recibirán sus líderes delictivos.
Paradójicamente, las familias, la sociedad y el Estado han demorado en atender las causas de raíz. Existe una dolorosa falta de regulación y tipificación del delito de reclutamiento forzado o inducido de infantes y adolescentes por la delincuencia organizada. Mientras los jóvenes que matan reciben la atención punitiva, aquellos que los cooptan y los arman operan casi en la sombra legal, es decir, en la impunidad. Este vacío es un salvoconducto que perpetúa el ciclo de la violencia y la esclavitud juvenil. El problema no es solo la falta de leyes, sino la insuficiente, y muchas veces deficiente, atención a las causas estructurales que empujan a estos jóvenes a las filas del crimen.
Cuando un niño o adolescente acepta un arma o una dosis de droga para vender, lo hace huyendo de un vacío socioeconómico, educativo y afectivo que no se supo llenar. ¿De qué sirve un sistema educativo que los expulsa? ¿De qué sirve un sistema de bienestar que no llega a sus comunidades? ¿De qué sirve una familia desestructurada que, a menudo, también es víctima de la pobreza o la violencia, y que, por lo tanto, no puede ofrecer un ambiente de desarrollo sano?
Aquí radica la crítica más profunda y amarga, porque a través de la punición se busca castigar al adolescente, sin detenerse a reconocer que es precisamente la familia y el Estado mismo quienes lo abandonaron en la etapa más vulnerable de su vida. Un menor que comete un delito grave es el último eslabón de una cadena de fallas institucionales. Es el producto de un sistema que no invirtió en primera infancia, que ignoró las alertas en el sistema educativo, que permitió la desigualdad económica y que dejó que el crimen organizado se convirtiera en la única opción de ascenso social o, simplemente, de supervivencia o como opción de reconocimiento e inclusión.
Por tanto, necesitamos contar con una inversión significativamente mayor en programas que realmente desmantelen las redes de cooptación, que ofrezcan oportunidades de empleo digno, acceso a educación de calidad y, fundamentalmente, terapia y acompañamiento psicológico a NNA y sus familias en zonas de alta marginación.
La volatilidad de la furia contra este sector de la población es otro factor de riesgo. La indignación pública tras un evento de alto impacto nos hace exigir justicia y castigo, pero olvidamos que debe ponderarse la rendición de cuentas por el abandono que condujo a ese crimen. Esta furia, mal encauzada, solo lleva a la estigmatización y a la creación de políticas cortoplacistas que reafirman la lógica punitiva sin resolver el problema de fondo. El riesgo es que, en el afán de “limpiar” las calles, se criminalice a toda una generación de jóvenes vulnerables, replicando los patrones de violencia.
Para trascender la mera crítica y el castigo, la sociedad mexicana, y particularmente Morelos, debe adoptar urgentemente un enfoque de prevención en materia de justicia basado en el Interés Superior de la Niñez y Adolescencia (ISNA). Este principio, consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales, debe dejar de ser una frase legal para convertirse en un imperativo operativo.
El ISNA significa que cada ley, cada programa social, cada decisión presupuestaria y cada acción de la familia y la comunidad debe ser valorada no por su impacto económico o político, sino por cómo garantiza la supervivencia, el desarrollo integral y la plena participación de la niñez y la juventud. Es la única manera de desmantelar la base del crimen organizado, que se nutre precisamente de la negligencia institucionalizada. El Estado, la comunidad y la familia deben comprender que el costo en prevención no es un gasto, sino la inversión más estratégica en seguridad y futuro nacional. El ISNA debe predominar para que los NNA sean considerados una prioridad ineludible en la agenda pública.
Por eso, debemos hacer una reflexión profunda y honesta sobre qué tanto garantizamos ambientes sanos para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en Morelos y en México. La realidad de tener «niños sicarios» traficando drogas cerca de las escuelas de nuestra entidad advierten del fracaso de la ética civilizatoria y una traición al Interés Superior de la Niñez.
El verdadero desafío es pasar de la mirada punitiva a la de la responsabilidad compartida y preventiva. Reconocer que cada niña, niño y adolescente que comete delitos es una persona abandonada que exige acciones de cuidado y protección.
Hasta que el Estado, la familia y la comunidad no asuman su papel como garantes del Interés Superior de la Niñez y Adolescencia, seguiremos pagando con sangre inocente la deuda impune del abandono. La inversión en la vida y el desarrollo integral de un niño es la única vía para romper este círculo vicioso de violencia y desamparo.
Para más información sobre actividades, conferencias y temas de interés del TUJPA, puede contactar a través de: Teléfono: 7775002627 / Página web: www.tujpamorelos.gob.mx / Redes sociales: @tujpamorelos
*Magistrada propietaria del TUJPA
