El 20 de febrero de 2007 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Justicia Social, que tiene como objetivo el desarrollo y la justicia como pilares fundamentales para la convivencia en paz, la seguridad global y los derechos humanos, por lo que la comunidad internacional lo conmemora para promover conciencia sobre la importancia de garantizar la equidad, el acceso a los derechos fundamentales, reducir la pobreza y fomentar la inclusión social como base de una sociedad justa y pacífica.
En nuestro país la desigualdad resulta afecta a millones de familias que viven en condiciones precarias. De acuerdo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2024), el 37% de los trabajadores se encuentra en situación de pobreza laboral, lo que significa que sus ingresos son insuficientes para cubrir la canasta básica. Esta situación refleja una distribución desigual de la riqueza y perpetúa un ciclo de exclusión difícil de romper.
La precariedad laboral no es solo una estadística, es un problema estructural que restringe la posibilidad de adquirir bienes esenciales, limita el desarrollo personal como colectivo y perpetúa una desigualdad interminable. Una gran parte de la población sigue sin acceder a un trabajo con salario digno, lo que hace urgente avanzar en la generación de condiciones laborales más justas.
En este contexto, el trabajo como pilar fundamental de la justicia social, representa una vía primordial para el sustento económico y un factor determinante que favorece la dignidad de las personas y la calidad de vida. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los derechos laborales fundamentales, el empleo productivo, la protección y el diálogo social son esenciales para una globalización equitativa. En México el 55% de las personas trabajadoras opera en el sector informal sin acceso a seguridad social ni estabilidad económica (INEGI, 2023), lo que afianza un círculo vicioso de exclusión y desigualdad. Para avanzar hacia una sociedad más equitativa, resulta imprescindible implementar políticas públicas que fortalezcan la seguridad laboral, protejan los derechos de las y los trabajadores y reduzcan la informalidad.
La justicia social no puede alcanzarse sin garantizar derechos como la salud y la educación, elementos clave para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población. El acceso a estos derechos sigue siendo un desafío ya que, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el 26% de la población mexicana no tiene afiliación a servicios de salud públicos o privados, lo que impacta directamente en su capacidad de desarrollo. Esta falta de cobertura agrava la desigualdad, ya que las personas en situación de pobreza enfrentan mayores barreras para acceder a atención médica de calidad.
La educación es un factor determinante en la movilidad social, pero millones de jóvenes ven frustradas sus oportunidades debido a la falta de infraestructura, recursos y políticas educativas efectivas. En México 6.4 millones de niñas, niños y adolescentes están fuera del sistema escolar (IMCO, 2024), lo que refuerza el círculo de pobreza y exclusión. La educación no solo es un derecho fundamental, sino una herramienta clave para acortar brechas de desigualdad y fomentar el desarrollo sostenible.
La brecha salarial es otra manifestación de estas desigualdades que afecta particularmente a las mujeres, quienes ganan en promedio un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo a nivel global (OIT, 2025), lo que refleja una flagrante inequidad persistente en el mercado laboral. Esta situación limita la autonomía económica de las mujeres e impacta en la calidad de vida de sus familias, ya que en muchos casos son el principal sustento de sus hogares. La desigualdad salarial está vinculada a factores como la discriminación de género, la segregación ocupacional y la falta de oportunidades a puestos de liderazgo. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2023) solo el 43% de la fuerza laboral en las empresas está compuesta por mujeres, sin embargo, ellas ocupan apenas el 4% de las direcciones generales y el 13% de los puestos dentro de los consejos de administración. Para revertir esta situación, es indispensable fortalecer las políticas de equidad salarial, promover estímulos gubernamentales y regular las condiciones laborales con el fin de garantizar un entorno justo y equitativo para todas y todos.
Para avanzar hacia una sociedad más justa, es imprescindible implementar políticas efectivas que garanticen la equidad y combatan las desigualdades estructurales. En este sentido, la protección social universal, el acceso gratuito y de calidad a la educación, la regulación del mercado laboral para disminuir la informalidad y una política tributaria contributiva y progresiva que redistribuya la riqueza de manera más equitativa son medidas indispensables para disminuir la brecha entre los sectores más favorecidos y los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión social.
La justicia social es responsabilidad de los gobiernos, las organizaciones sociales, las empresas y de cada persona; construir una sociedad más equitativa exige el compromiso de todos los sectores para promover una distribución justa de los recursos y garantizar oportunidades para todas las personas sin distinción. Solo a través de esfuerzos colectivos y políticas efectivas será posible reducir las brechas de desigualdad que persisten.
El Día Mundial de la Justicia Social es un llamado a la acción para la equidad y la inclusión, factores fundamentales para la estabilidad y el desarrollo global. La justicia social es una lucha cotidiana y constante por una sociedad más justa, que requiere de medidas concretas y medibles como el diseño de políticas públicas, la generación de indicadores, la visibilización de buenas prácticas empresariales y acciones individuales que transformen el pensamiento y la vida de millones de personas. Cada decisión debe contribuir a cerrar la brecha de desigualdad y a construir un futuro más justo para todas y todos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
