¿Hacia dónde va la Ley de Migración? Iniciativas de reforma en 2025
Wilfredo Abraham Alaniz Pérez *
En 2025, la Ley de Migración volvió a colocarse en el centro del debate en el Congreso mexicano. No solo como un cuerpo jurídico que se ajusta en los márgenes, sino como una norma que distintos legisladores quieren cambiar con propuestas concretas. El año cerró con varias iniciativas en estudio en comisiones, cada una con efectos directos en la forma en que México regula la movilidad de personas.
Una de las más comentadas fue presentada por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional. La propuesta reforma diversos artículos de la Ley de Migración y también la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El argumento central es hacer más ágiles los mecanismos de regulación migratoria y reforzar el respeto a derechos humanos.
La iniciativa incorpora al artículo 3 una definición de trabajo remoto, entendido como aquel que se realiza fuera de la empresa mediante herramientas digitales. No es solo una precisión técnica. Sirve como base para crear una nueva visa de residencia temporal para trabajo remoto internacional. Con ella, una persona extranjera podría ingresar a México y permanecer hasta dos años realizando actividades remuneradas para una empresa ubicada fuera del país.
La propuesta también modifica el artículo 52 para obligar a la autoridad migratoria a resolver los trámites en un plazo máximo de treinta días hábiles. Si no hay respuesta en ese tiempo, la autorización se entendería concedida, salvo que exista un riesgo acreditado para la seguridad nacional o el orden público. Además, se exige que toda resolución esté debidamente fundada, motivada y notificada por medios accesibles.
En términos prácticos, esto introduciría el llamado silencio administrativo positivo en materia migratoria. Para quienes han esperado meses una respuesta del Instituto Nacional de Migración, el cambio sería relevante. La pregunta es si la autoridad está preparada para asumir esa carga sin que el criterio de excepción termine siendo la regla.
Otra iniciativa relevante fue presentada por la diputada Sonia Rincón Chanona, de Morena. Su propuesta reforma los artículos 81, 97 y 98, y añade un párrafo al 97. El objetivo es reforzar garantías durante revisiones migratorias y evitar actos de discriminación. Se busca que los procedimientos sean más claros y que las actuaciones de la autoridad estén alineadas con estándares de derechos humanos. En un contexto donde las revisiones en carreteras y espacios públicos han sido cuestionadas, la discusión no es menor.
En marzo también se presentó una iniciativa para modificar una fracción del artículo 2, con el fin de obligar al Estado a facilitar el retorno e incorporación de personas mexicanas emigrantes y sus familias. Se plantean acciones de coordinación institucional para apoyar su reinserción social. En ese sentido, la política migratoria no solo debe mirar hacia quienes llegan, sino también hacia quienes regresan.
En septiembre, la diputada Marcela Guerra Castillo, del PRI, presentó dos propuestas adicionales. Una reforma al artículo 2 para garantizar que las personas mexicanas en retorno tengan acceso permanente, claro y oportuno a la información sobre sus trámites. La otra modifica los artículos 18 y 52 para actualizar la regulación de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo. Se trata de ajustes que impactan directamente en zonas donde la movilidad diaria forma parte de la economía local.
Por su parte, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, propuso reformar también el artículo 2 para fortalecer el trato digno y la reinserción laboral de migrantes mexicanos, incluyendo acceso a programas de salud, educación y vivienda.
En conjunto, las iniciativas revelan que el Congreso reconoce vacíos en la ley y habla de digitalización, nuevas formas de trabajo y trato sin discriminación. Sin embargo, el avance ha sido lento y ninguna reforma fue aprobada en 2025. El debate continúa entre el discurso de derechos y la práctica administrativa. Lo que ocurra en 2026 mostrará si los cambios aterrizan en la vida diaria de las personas migrantes o quedan en el papel.
* Es Investigador Posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
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