En México ser joven implica recorrer una carrera de obstáculos marcada por las desigualdades, la exclusión educativa y la falta de condiciones dignas para una buena vida. En un país donde hay más de 30 millones de personas entre 15 y 29 años —casi una cuarta parte de la población— esta etapa se convierte en un tránsito a la adultez lleno de incertidumbre y evidencia una crisis estructural. Mientras el discurso de las autoridades exalta el talento y la esperanza de las juventudes, la realidad está atravesada por la falta de acceso a derechos, la fragmentación de oportunidades y un horizonte cargado de incertidumbre.
De acuerdo con el INEGI (2024), aproximadamente el 20 % de las personas jóvenes no estudian ni trabajan. Detrás de esa cifra hay historias de trayectorias truncadas, abandono escolar por causas económicas, empleos informales mal remunerados, migración forzada o responsabilidades familiares que dificultan continuar con su formación profesional. El presente está marcado por la frustración y la desesperanza; el futuro, por una sima que parece cada vez más difícil de escalar.
Frente a este panorama, cada 15 de julio se conmemora el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014. Esta fecha no es una celebración, sino una oportunidad para visibilizar y exigir el cumplimiento del derecho de las juventudes a una educación de calidad, capacitación pertinente, desarrollo de competencias y oportunidades de empleos dignos. En 2025, el tema “Empoderar a la juventud a través de la inteligencia artificial y las competencias digitales” busca abrir una conversación urgente sobre cómo estas herramientas pueden convertirse en puentes hacia un futuro más justo, inclusivo y equitativo para las nuevas generaciones.
El obstáculo inmediato que se percibe es la desigualdad estructural en el acceso a la tecnología y la ciencia, toda vez que mientras en las zonas urbanas el internet se ha vuelto parte de la vida cotidiana, en amplias regiones rurales la conectividad sigue siendo escasa o incluso un lujo. Esta brecha no solo refleja las desigualdades existentes, sino que también las amplifica, lo que limita las posibilidades de aprendizaje, acceso a empleos calificados y participación ciudadana de millones de jóvenes. Cerrar esa distancia implica garantizar que las juventudes no solo sean usuarias de las tecnologías, sino que también puedan crearlas y adaptarlas. Asegurar conexión de calidad, dispositivos accesibles y contenidos culturalmente pertinentes debe asumirse como un derecho básico y una condición indispensable para que las competencias digitales se traduzcan en inclusión, autonomía y ciudadanía activa.
El auge de la inteligencia artificial (IA) abre horizontes inéditos para la empleabilidad y la innovación juvenil: desde el desarrollo de aplicaciones educativas en lenguas indígenas y la automatización de procesos en microempresas, hasta la creación de contenido digital con impacto social. Pero también implica riesgos que, de no regularse con perspectiva de derechos humanos, estas tecnologías pueden reproducir sesgos discriminatorios, fortalecer la vigilancia masiva o excluir a quienes carecen de acceso y habilidades tecnológicas.
Para que la IA sea un motor de inclusión y no de exclusión, el país necesita alfabetización digital desde la educación básica, programas de capacitación continua y marcos de gobernanza algorítmica que cuenten con la mirada de las y los jóvenes en su diseño y supervisión. Estas transformaciones también deben considerar los riesgos asociados: el uso excesivo de las tecnologías también podría limitar habilidades cerebrales, pensamiento crítico, creatividad intelectual (neoplaticidad), reproducción de sesgos discriminatorios en los algoritmos, de ahí la importancia del fortalecimiento de sistemas de vigilancia o el incremento de la exposición a contenidos nocivos para la salud de las y los jóvenes.
Este enfoque no puede reducirse a la adquisición de habilidades técnicas: debe reconocer los impactos sociales y personales de la tecnología en la vida cotidiana de las juventudes. Valorar la importancia de las habilidades en este contexto exige ir más allá de lo técnico o lo laboral. Las juventudes no solo necesitan herramientas para acceder a un empleo, sino desarrollo de competencias para participar plenamente en la vida pública, ejercer su autonomía, defender derechos y construir proyectos de vida dignos. Estas habilidades se forman en la escuela, en las familias, la comunidad y los espacios de organización colectiva. Son parte de un proceso amplio de formación humana, cívica y política.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el desarrollo de habilidades está ligado directamente al derecho a la educación, al trabajo y a una vida digna. Así lo reconocen instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 6 y 13). En este sentido, es fundamental entender que el desarrollo de habilidades no es un privilegio, sino un derecho.
Por ello, las habilidades y competencias digitales deben vincularse al derecho a participar, a informarse, a crear, a protegerse y a expresarse libremente. No basta con aprender a usar una aplicación o generar contenido: se trata de construir ciudadanía digital con sentido crítico, ético e incluyente. La educación de calidad, la formación continua y el acceso a la tecnología deben ser garantizados por el Estado no solo como estrategia de desarrollo económico, sino como una obligación de justicia social.
En México los desafíos son profundos: las juventudes enfrentan brechas educativas, tecnológicas y laborales. La calidad de la educación varía radicalmente entre regiones; la deserción escolar persiste en los niveles básico, medio y superior; adicionalmente muchas personas egresadas del sistema educativo superior se enfrentan a un mercado laboral informal, inestable y con bajos salarios.
Frente a este panorama, no basta con reconocer la importancia de las habilidades y competencias de la juventud, como una etapa de preparación para la adultez. Es indispensable una inversión sostenida en educación pública de calidad, innovación y tecnología accesibles, orientación vocacional con perspectiva de derechos y políticas que promuevan el emprendimiento social con acompañamiento institucional. Es urgente garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las y los jóvenes y protegerlos de la explotación, la discriminación y la precariedad.
La participación juvenil debe ser un eje transversal en la toma de decisiones. Escuchar sus voces, reconocer sus propuestas y garantizar su incidencia real en las políticas públicas es fundamental para construir un país democrático, plural y justo. Las juventudes son el presente, pero también el futuro; su participación activa hoy es clave para transformar el presente y el mañana.
La juventud no necesita argumentaciones discursivas impregnadas de contenidos políticos. Requiere condiciones reales y concretas para vivir con dignidad. Dotar a las y los jóvenes de las habilidades —técnicas, digitales y socioemocionales— que requieren para desplegar su potencial es la única vía para que, con su energía, inteligencia y creatividad, construyan un país donde vivir no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
En los tiempos difíciles que vivimos, las acciones de prevención y atención a la salud mental son impostergables. Ante contenidos a veces inexactos, violentos y uso intensivo de pantallas, la protección de datos personales debe ser eje de cualquier política pública que aspire a cerrar la brecha digital, de ahí la necesidad de exigirle a nuestras autoridades la expedición de normativas con enfoque de derechos de las personas.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos