En México se ha vuelto costumbre discutir el empleo como si fuera un problema transitorio y no una falla estructural del modelo de desarrollo, la revisión de los últimos cuatro sexenios a la que ya puede incorporarse el primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum confirma una constante incómoda: la economía mexicana no genera suficientes empleos formales ni de calidad, y cuando no lo hace, el discurso oficial tiende a sustituir esa carencia con anuncios simbólicos, como el aumento al salario mínimo, que en la práctica no impacta a la mayoría de la población trabajadora.
Si se observan los empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el balance sexenal es claro. Con Vicente Fox (2000–2006) se crearon alrededor de 1.5 millones de empleos formales; con Felipe Calderón (2006–2012), cerca de 2.6 millones; con Enrique Peña Nieto (2012–2018), aproximadamente 4.4 millones; y con Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), el saldo volvió a caer a alrededor de 2.6 millones. Ninguno de estos periodos logró cubrir la demanda estructural del mercado laboral mexicano, estimada en al menos 1.2 millones de empleos formales por año.
La relación con el crecimiento económico es directa, durante los sexenios de Fox y Calderón el PIB creció en torno al 2% anual; con Peña Nieto el promedio fue cercano al 2.4%; y con López Obrador el crecimiento cayó a menos de 1% anual en promedio, afectado por la crisis de 2020. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que, con un crecimiento bajo y errático, el mercado laboral no se fortalece, al contrario, se precariza.
A esta trayectoria debe añadirse ya el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, que de acuerdo con datos del IMSS, el número de trabajadores formales pasó de 22,618,942 en octubre de 2024 a 22,517,076 en diciembre de 2025, lo que implica una pérdida neta de 101,866 empleos formales en lo que va de su mandato. El dato no es un juicio definitivo, pero sí una señal de continuidad: no se observa un quiebre estructural en la capacidad de la economía para generar empleo formal suficiente.
Es en este contexto donde debe leerse el énfasis gubernamental en los aumentos al salario mínimo, sin duda, elevar el salario mínimo ha mejorado el ingreso de quienes lo perciben y ha tenido un efecto redistributivo en ciertos segmentos, el problema es otro: la mayoría de la población ocupada no se beneficia directamente de ese incremento, porque no tiene un empleo formal. Con una informalidad que supera la mitad de la población ocupada, el salario mínimo se convierte en un logro estadístico para una minoría, mientras millones de personas siguen trabajando sin contrato, sin seguridad social y sin un ingreso protegido por la ley laboral.
El aumento al salario mínimo se presenta como símbolo de justicia social, pero no sustituye la ausencia de empleos de calidad. Para quien vive de la informalidad, del autoempleo precario o de trabajos eventuales, el anuncio anual de incremento del salario mínimo no cambia su realidad cotidiana. Más aún, cuando el crecimiento económico es bajo y la productividad no avanza, los incrementos salariales tienden a concentrarse en el sector formal sin irradiarse al resto del mercado laboral. El resultado es una brecha creciente entre quienes están dentro y fuera de la formalidad.
Aquí aparece la consecuencia más delicada: cuando no hay empleos suficientes ni bien remunerados, la política social deja de ser un complemento y se convierte en un sustituto del empleo. Millones de personas quedan atenidas a las ayudas gubernamentales para completar ingresos. Esto limita su desarrollo pleno, reduce la movilidad social y consolida una economía de dependencia, donde el bienestar no proviene del trabajo productivo, sino de transferencias que no construyen trayectorias laborales ni patrimonio.
Si el empleo es un problema estructural, la respuesta necesariamente debe plantearse también desde el diseño estructural de las políticas públicas, y no como un conjunto de medidas aisladas o anuncios de corto plazo. En primer lugar, resulta indispensable recuperar una estrategia clara de crecimiento económico sostenido, entendida no solo como un objetivo macroeconómico, sino como la condición básica para la generación de empleo formal. La evidencia histórica muestra que, con tasas de crecimiento inferiores al 3% anual, la economía mexicana es incapaz de absorber a la nueva fuerza laboral y, mucho menos, de reducir la informalidad acumulada. Para ello se requiere certidumbre regulatoria, reglas claras y estables, respeto a los contratos y un entorno que incentive la inversión productiva de largo plazo, tanto nacional como extranjera. Sin inversión no hay expansión productiva, y sin expansión productiva el mercado laboral queda atrapado en la precariedad.
En segundo término, el crecimiento por sí solo es insuficiente si no está acompañado de una política industrial y de desarrollo regional explícita, durante décadas, México confió en que la apertura comercial y la integración a cadenas globales generarían automáticamente empleo de calidad; los resultados muestran que esto ocurrió de forma parcial y altamente concentrada en ciertas regiones y sectores. Una política industrial moderna debe identificar sectores intensivos en empleo, con potencial de encadenamientos locales, innovación y valor agregado, y acompañarlos con financiamiento, infraestructura, transferencia tecnológica y apoyo a proveedores nacionales. Al mismo tiempo, es imprescindible una visión territorial que reduzca las brechas regionales, pues la concentración del empleo formal en pocas zonas ha dejado amplias regiones atrapadas en economías de subsistencia.
En tercer lugar, es urgente reducir de manera efectiva los costos de la formalidad, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, que concentran una parte sustantiva del empleo, pero enfrentan mayores barreras para cumplir con el marco regulatorio. La informalidad no es solo una decisión individual, sino una respuesta racional a un entorno donde los trámites son complejos, las cargas administrativas son altas y los beneficios de la formalización no siempre son inmediatos ni claros. Avanzar hacia esquemas graduales de incorporación a la formalidad, simplificación fiscal y administrativa, y acceso efectivo a servicios de seguridad social puede generar incentivos reales para transitar hacia el empleo formal sin asfixiar a los pequeños negocios.
En cuarto término, la política social debe articularse de manera explícita con la política laboral, las transferencias monetarias cumplen una función importante como red de protección, pero cuando se diseñan sin conexión con el mercado de trabajo terminan sustituyendo al empleo y consolidando trayectorias de dependencia. La política social debe concebirse como un mecanismo transitorio que acompañe procesos de capacitación, inserción laboral y movilidad ocupacional, de modo que los apoyos funcionen como un puente hacia el empleo formal y no como un ingreso permanente desvinculado de la actividad productiva.
Finalmente, ninguna estrategia de empleo puede sostenerse sin una inversión sistemática en educación técnica y formación para el trabajo, alineada con la estructura productiva real del país, México enfrenta una brecha persistente entre las habilidades que demanda el aparato productivo y las que ofrece el sistema educativo. Fortalecer la educación técnica, la capacitación continua y los esquemas de reconversión laboral es clave para elevar la productividad, mejorar los salarios y facilitar la transición hacia empleos de mayor calidad. Sin capital humano pertinente y actualizado, incluso un entorno de crecimiento e inversión encontrará límites para traducirse en empleo formal y bien remunerado.
Mientras el debate público se conforme con celebrar aumentos al salario mínimo sin enfrentar el déficit estructural de empleo formal, México seguirá administrando la precariedad en lugar de construir oportunidades. El verdadero desafío del nuevo gobierno no es anunciar incrementos, sino crear las condiciones para que la mayoría de la población tenga un empleo formal, productivo y digno, sin depender permanentemente de ayudas para sobrevivir.
*Universidad Autónoma del Estado de México.
Imagen: Cortesía del autor
