En un país donde los problemas estructurales parecen multiplicarse al mismo ritmo que los discursos vacíos, uno de los males más corrosivos del servicio público es la designación de funcionarios por su cercanía al poder, y no por su capacidad técnica, su experiencia o su compromiso con el bien común, esta práctica, profundamente arraigada en la cultura política de México, ha convertido a muchas instituciones públicas en meras oficinas decorativas, incapaces de cumplir con los fines para los que fueron creadas. Se trata de una patología del sistema político que, lejos de corregirse, se ha normalizado hasta el cinismo.
La incompetencia gubernamental no es un accidente, es una decisión, cuando un presidente, gobernador o alcalde decide nombrar a un amigo, compadre, aliado electoral o adulador como titular de una dependencia, aunque carezca de conocimientos, experiencia o ética, está cometiendo un acto deliberado de sabotaje institucional. Bajo el pretexto de la confianza política, se desmonta desde dentro la estructura que debería garantizar derechos, distribuir recursos, implementar políticas y hacer que el Estado funcione. El daño es profundo, aunque muchas veces invisible en lo inmediato, porque el deterioro institucional es lento pero implacable.
El problema no es únicamente técnico, sino ético, quien acepta un cargo para el que no está preparado, sabiendo que no tiene las competencias necesarias, está actuando con irresponsabilidad, y quien lo nombra, sabiendo eso, está traicionando el mandato de gobernar con eficacia. No basta con tener buenas intenciones o ser «honesto» como se repite con frecuencia para justificar estas decisiones; se necesita saber, entender, planear y ejecutar con rigor, un funcionario puede ser decente y, aun así, hundir una institución por puro desconocimiento e incompetencia.
Las consecuencias de esta lógica son palpables en todos los niveles del Estado, las instituciones educativas se ven dirigidas por burócratas sin experiencia académica; las secretarías de salud por perfiles ajenos al conocimiento técnico y científico; los organismos autónomos por incondicionales que deben su nombramiento a cuotas políticas. La administración pública se vuelve inoperante, lenta, reactiva, y muchas veces incluso hostil al ciudadano. La política pública se improvisa, se comunica sin sustancia, se implementa sin evaluación y se abandona sin consecuencias.
Esta decadencia institucional se traduce en vidas truncadas, servicios ineficientes, derechos incumplidos. ¿Cuántos niños y jóvenes no acceden a una educación digna porque los programas educativos se diseñan sin criterios pedagógicos? ¿Cuántas mujeres no reciben protección oportuna porque las instituciones de justicia están dirigidas por ineptos? ¿Cuántas comunidades siguen sin agua, sin salud, sin seguridad, porque los encargados de esas políticas no entienden siquiera la magnitud del problema? Cada decisión de nombrar a un incompetente es una decisión contra el futuro del país.
Se castiga la crítica como traición, se silencia al experto si cuestiona. En este clima de intolerancia al conocimiento y de desprecio por la técnica, la política se vuelve un espectáculo de ocurrencias, y el Estado una estructura hueca. Lo más grave de todo es que esta práctica reproduce un mensaje devastador para la ciudadanía, que no importa el mérito, el esfuerzo, el conocimiento, la ética profesional. Que lo único que importa es a quién conoces, a quién obedeces, qué tan bien te sabes colocar en la estructura del poder. Este mensaje desmoraliza, desincentiva el estudio, devalúa la experticia, y rompe la confianza social en las instituciones. ¿Para qué prepararse si el puesto ya está decidido de antemano? ¿Para qué intentar cambiar las cosas si el sistema premia a los incondicionales y castiga a los competentes?
Mientras el Estado mexicano siga siendo administrado por personas que no saben lo que hacen, los ciudadanos seguirán pagando las consecuencias, la incompetencia no es un error menor, es una forma de violencia institucional que impide el desarrollo, mina la democracia y condena a millones a vivir sin justicia ni dignidad. Un país no se construye con lealtades ciegas, sino con inteligencia, ética y responsabilidad.
*Universidad Autónoma del Estado de México
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