Agua, poder y territorio
La nueva Ley General de Aguas se presenta como una herramienta para corregir décadas de gestión desigual del recurso hídrico en México. Su premisa es clara: el agua debe ser tratada como un derecho humano, no como una mercancía. Sin embargo, en las ciudades construidas precisamente donde el agua no alcanza, la distancia entre la intención y la realidad se vuelve evidente. La ley puede reordenar concesiones y establecer prioridades, pero no puede modificar la disponibilidad física de un recurso que ya está comprometido en amplias zonas urbanas del país.
El primer límite está en la infraestructura y en la propia geografía del agua. Ciudades como Monterrey, CDMX, León, Querétaro, así como varias de las zonas urbanas en Morelos se asientan sobre acuíferos agotados. Ahí, el problema no es legal, sino físico: cambiar la norma no llenará los pozos ni reparará redes viejas y con fugas. Además, la ley no llega con los recursos necesarios; sin inversión en perforaciones, mantenimiento, tratamiento y recarga, la escasez seguirá siendo estructural.
El segundo riesgo se relaciona con la asignación del recurso. Aunque la ley busca impedir el acaparamiento privado y redistribuir el agua con criterios de equidad, el proceso de reasignación queda en manos del Estado. Esto abre la puerta a que zonas de alto valor inmobiliario o proyectos de gran escala reciban prioridad en la dotación, en detrimento de barrios marginados que llevan años sin acceso formal al servicio. En ciudades donde la presión de desarrolladores es intensa y la planeación urbana débil, la posibilidad de que se preserven viejas estructuras de privilegio bajo una nueva regulación no es menor.
Un tercer punto de tensión afecta a los asentamientos irregulares. En el país, millones de personas viven en colonias levantadas al margen de la planeación urbana, muchas de ellas sin títulos de propiedad o redes hidráulicas formales. Para estas comunidades, la nueva ley no implica necesariamente el acceso al agua. Si no existen infraestructuras instaladas, o si las condiciones del suelo no permiten conexiones seguras, la regularización del servicio sigue siendo una promesa distante. Incluso podría ocurrir lo contrario: que el discurso de ordenamiento territorial sirva de argumento para postergar aún más la llegada de servicios básicos, profundizando las condiciones de vulnerabilidad.
El cuarto límite se relaciona con las expectativas sociales y el potencial de conflicto. La aprobación de la ley ya ha provocado protestas en sectores rurales que temen perder control sobre el recurso o ser desplazados por decisiones centralizadas. En las ciudades, si las políticas derivadas de la norma no se traducen en mejoras tangibles —horarios más estables de tandeo, menos dependencia de pipas, calidad del agua aceptable— el desencanto podría crecer. En los últimos años, el agua ha sido motivo de bloqueos, choques entre comunidades y disputas legales; una aplicación desigual de la ley podría alimentar nuevas tensiones urbanas.
Para evaluar el impacto real de la norma en las zonas urbanas con mayor estrés hídrico, conviene observar varios frentes. Primero, la viabilidad del abastecimiento: cuánta agua hay, de dónde viene y en qué estado se encuentran las redes. Segundo, la distribución actual de concesiones, muchas de ellas concentradas en desarrollos industriales o inmobiliarios que podrían mantener su peso en el nuevo esquema. Tercero, las experiencias de los habitantes: su acceso cotidiano al recurso ofrece la mejor radiografía de la política hídrica. Cuarto, los planes de inversión pública vinculados a la ley, que revelarán si el discurso se acompañará con obras concretas. Y, finalmente, los signos de desigualdad y conflictividad que puedan surgir a partir de la implementación, desde el encarecimiento del suelo hasta las disputas por conexiones y obras comunitarias.
La nueva Ley General de Aguas representa un avance necesario en el marco jurídico mexicano, pero su impacto dependerá de cómo se implemente en un país donde la desigualdad urbana y la crisis hídrica ya están entrelazadas. En las ciudades construidas donde no hay agua, la ley puede ser un instrumento de transformación, o al contrario, el recordatorio de que ninguna reforma funciona sin infraestructura, transparencia y una visión urbana que coloque a las personas —no a los intereses— en el centro de la política hídrica.
Balneario Los manantiales. Cortesía del autor
