El discurso de odio se ha hecho común y normalizado peligrosamente en las conversaciones cotidianas; los medios de comunicación y las redes sociales enfatizan tal situación. Expresiones que atentan contra la dignidad de la persona o que incitan al rechazo hacia quienes tienen una identidad, apariencia o forma de vida distinta, son tan frecuentes que incluso suelen pasar desapercibidas, sin embargo, lejos de ser simples opiniones, esos mensajes suelen escalar en diversos tipos de violencia, discriminación estructural y violaciones a los derechos humanos.
El discurso de odio no es solo una expresión violenta, es una práctica que erosiona el respeto mutuo y alimenta climas de intolerancia. A través de palabras, imágenes o acciones refuerzan prejuicios, desvalorizan identidades y promueve la segregación. Por ello en 2021, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 18 de junio como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, una conmemoración que busca visibilizar esta amenaza creciente y fomentar acciones concretas para prevenirla. La ONU define el discurso de odio como “cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son, o en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad”.
El objetivo de esta fecha es claro: combatir las expresiones que incitan a la discriminación, la hostilidad o la violencia y avanzar hacia la construcción de sociedades más inclusivas, tolerantes y respetuosas de los derechos humanos. Sin embargo, este tipo de narrativas que a menudo se amparan bajo el disfraz de la “libertad de expresión”, han comenzado a normalizarse en la esfera pública, lo que representa una amenaza para el tejido social y abre la puerta a formas más profundas y estructurales de discriminación y exclusión.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también implica responsabilidades, ejercerla no significa censurar la diferencia de opiniones, sino trazar una línea clara entre el debate legítimo y los mensajes de agresión que siembran hostilidad, tal como lo advierte la UNESCO (2021) donde señala que el discurso de odio “socava la cohesión social y erosiona los valores comunes, retrasando la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los derechos humanos para todos”.
En México el discurso de odio se manifiesta en diferentes ámbitos; las personas en situación de movilidad suelen ser blanco de estigmatización constante, tanto en entornos digitales como en pronunciamientos políticos, donde se les presenta como una amenaza o una carga social. Esta narrativa deshumanizante alimenta el miedo y legitima prácticas institucionales discriminatorias, lo que deriva en rechazo, ataques y violaciones a sus derechos fundamentales; de manera similar, la comunidad LGBT+ enfrenta agresiones verbales y simbólicas que se difunden a través de redes sociales y espacios públicos. Estos discursos refuerzan estereotipos dañinos y perpetúan prejuicios que obstaculizan la inclusión y fomentan la violencia hacia la diversidad sexual, por ejemplo.
La estigmatización también afecta a las personas que viven con VIH/SIDA, quienes a menudo son vinculadas con prácticas inmorales, lo que provoca discriminación laboral, exclusión en el acceso a servicios médicos y violencia tanto física como psicológica. Por otra parte, y no menos relevante, las mujeres continúan siendo víctimas de discursos misóginos en medios y redes, donde se les responsabiliza por agresiones que sufren con base en su vestimenta o comportamiento; estas narrativas perpetúan estereotipos machistas que normalizan la violencia de género, los feminicidios y la impunidad. Asimismo, los jóvenes de áreas marginadas son frecuentemente criminalizados debido a su apariencia o lugar de origen, siendo etiquetados como personas delincuentes, sin justificación, esto ha propiciado detenciones arbitrarias, abusos policiales y hasta ejecuciones extrajudiciales.
El discurso de odio también se manifiesta en el ámbito político, especialmente durante los procesos electorales, donde personas actoras políticas recurren a la polarización para deslegitimar a las y los oponentes por razones de origen, género o ideología; este tipo de retórica deteriora en forma grave el debate democrático, promueve la intolerancia y puede escalar en ataques y amenazas contra quienes piensan diferente.
Frente a este panorama, urge asumir una respuesta colectiva y sostenida, como lo propone la “Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Lucha Contra el Discurso de Odio” (ONU, 2019), que articula compromisos fundamentales donde se destacan: la vigilancia y análisis del discurso, es decir, la capacidad institucional y social de identificar patrones, entender su impacto y anticipar su escalada. Pero más allá del monitoreo, se requiere atender las causas profundas que lo alimentan, desde los prejuicios normalizados hasta las narrativas que explotan el miedo con fines políticos, legales, económicos o de control social. Además, resulta imprescindible llevar a cabo acciones de prevención y de atención para quienes son víctimas de estas expresiones, no sólo desde la solidaridad simbólica de las personas, sino mediante el actuar de las autoridades para garantizar el acceso a la justicia, medidas de protección y acompañamiento psicosocial, por citar algunos derechos.
Como toda transformación permanente, este problema debe abordarse desde la raíz, a través de la educación como instrumento para afrontar y contrarrestar el discurso de odio, no como una respuesta correctiva, sino como un camino para formar ciudadanías críticas, empáticas y comprometidas con la convivencia democrática, con el diálogo respetuoso y con la defensa de los derechos humanos como principios nodales e innegociables. De ahí que la Universidad Nacional, a través de su Rector, Leonardo Lomelí Venegas, al presentar la estrategia Cultura de Paz: un semillero universitario, se pronunció en el sentido que no se puede (refiriéndose a la comunidad) permanecer neutral ante la creciente escalada de violencia, el resurgimiento de visiones autoritarias, extremismos religiosos, nacionalismos y xenofobia.
En un entorno saturado de mensajes hostiles, no podemos permanecer indiferentes. El discurso de odio no es solo un asunto político o jurídico, sino una realidad que atraviesa nuestras interacciones cotidianas. Combatirlo requiere de acciones contundentes por parte de los gobiernos que propicien optar por el respeto en lugar del prejuicio, la empatía en vez del desprecio y la palabra que construye en lugar de la que destruye o hiere; es elemental para fortalecer una cultura de paz y respeto.
De igual forma en los espacios digitales, todas y todos podemos frenar la hostilidad, modificar estereotipos y promover el diálogo. Nuestras palabras son un poderoso instrumento que tienen peso, incluso desde el anonimato de la pantalla. Lo que decimos y escribimos en redes, foros o chats puede fomentar violencia, por lo que es esencial promover una cultura de responsabilidad en línea. Defender la dignidad humana comienza con la forma en que participamos en el mundo digital, los mensajes que compartimos y el entorno que construimos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
