La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y no prescribe hasta esclarecer lo ocurrido en su momento con las personas desaparecidas, lograr que haya verdad y justicia y garantías de no repetición. Es el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, próximos a cumplir 11 años, así como de más de cien mil desaparecidos.
Un reciente informe de familiares y organizaciones de derechos humanos presentado al Comité de Naciones Unidas Contra las Desapariciones conforme al Artículo 34 de la Convención Internacional refiere que: «Una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas en México», es contundente:
«El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) se refirió a un “contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas” La CIDH también señaló que “las cifras oficiales proporcionadas, junto con la información recibida de diversas regiones del país evidencian que las desapariciones son generalizadas en México.”
Asimismo, en el país se han cometido de manera generalizada y/o sistemática, desapariciones forzadas, a partir de diciembre de 2006. Los perpetradores de dichos crímenes han sido agentes del Estado de los tres niveles de gobierno: federales, como el Ejército, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional (antes Policía Federal), así como policías municipales y estatales, en el contexto de políticas o estrategias de seguridad para combatir al narcotráfico o la delincuencia organizada.
De la misma forma, ciertos grupos de la delincuencia, en el marco de sus políticas económicas y comerciales ilícitas, han controlado territorios a través de la violencia y han cometido crímenes atroces de manera generalizada y/o sistemática, incluyendo desapariciones forzadas, en contra de la población civil.
En México, se tiene registro oficial de 358,813 personas desaparecidas, desde diciembre de 1952 al 28 de abril de 2025. De ese total han sido localizadas 231,335 (64.47%). Permanecen desaparecidas 127,478 personas, lo que significa el 35.53% del universo total referido. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD) se trata de 117,294 desapariciones y 10,184 personas no localizadas. Estas cifras constatan el carácter generalizado de las desapariciones.
La mayoría de las desapariciones incluidas en el RNPD se perpetraron en el contexto de la llamada “Guerra contra las Drogas”, durante los sexenios de Felipe Calderón, Peña Nieto y también de López Obrador.
Se desconoce cuántas personas fueron desaparecidas por autoridades o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia, ni si fueron desaparecidas por integrantes de organizaciones criminales o por personas particulares, sin dicha autorización, apoyo o aquiescencia. Las cifras del RNPD tampoco reflejan el grado de impunidad que prevalece en el país.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas ha aclarado que, en tanto no se cuente con investigaciones imparciales e independientes que esclarezcan las circunstancias en torno a las desapariciones cometidas en México, no se puede descartar en ningún caso la participación de agentes del Estado. Es alarmante que, a pesar del reconocimiento oficial de la existencia de más de 120 mil desapariciones, sólo un número muy limitado de casos han llegado a ser conocidos por un juez y efectivamente sancionados los responsables.
En México sólo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada y cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025. 14 condenas de jueces federales por casos de desaparición en los últimos 9 años (40 condenas y 62 absoluciones desde 2006). En tanto, con cifras del 21 de marzo de 2025, el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas sumó en ese lapso los casos de 66 mil 389 personas desaparecidas. La cantidad de sentencias equivale al 0.56% de ese total.
Del total de 471 sentencias en los estados, entre 2017 y enero de 2025, 359 fueron condenatorias y 90 absolutorias, en 22 sentencias no se especificó el sentido de las mismas. 68 sentencias por desaparición forzada, 201 por desapariciones cometidas por particulares, y en 202 sin especificar.
Según el RNPD, al 25 de julio de 2025 había en Morelos 1,662 personas desaparecidas, 315 no localizadas, 4,518 localizadas con vida y 449 sin vida. Como en otras regiones del país, estas desapariciones están relacionadas con el crimen organizado y la complicidad de fuerzas estatales.
La conclusión de este informe ante la ONU es que el número total oficial de personas desaparecidas que se ha registrado en México es enorme, y excede a cualquier otra situación de violencia, conflicto armado o régimen dictatorial por el que haya atravesado cualquier otro país de la región de América Latina. En México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones criminales como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno. El número de sentencias no son representativas del número de desapariciones forzadas cometidas en el país, habla de la falta de capacidad o voluntad de las autoridades encargadas de la investigación y procesamiento de los delitos, lo cual ha impedido esclarecer lo que ha sucedido con miles de personas en el país, y llevar a juicio a los responsables. La impunidad es una forma de colaboración de las autoridades responsables de la procuración de justicia en la comisión y repetición de las atrocidades.
Por todo ello es que a casi 11 años de dicho crimen de Estado contra los normalistas de Ayotzinapa y en el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, elevamos nuestra voz para exigir que, si vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos!
Foto: cortesía de los autores