(segunda y última parte)
El panorama de los derechos humanos en México refleja retos estructurales y coyunturales en un contexto marcado por la violencia, la desigualdad, la inseguridad y la impunidad, lo que plantea interrogantes sobre los alcances y las limitaciones del Estado de Derecho. Como México Evalúa (2024) señala “el grave problema de inseguridad e injusticia que prevalece en México conlleva el debilitamiento de ese Estado de derecho. La comisión de un delito… y la falta de respuesta efectiva, no solo afecta a las víctimas directas e indirectas, sino que incrementa la desconfianza ciudadana y la percepción de que el Estado mexicano no es capaz de hacer cumplir la ley”.
En la entrega anterior se hizo notar que en nuestro país persisten desafíos significativos como altos niveles de inseguridad, impunidad y violencia que afectan los derechos humanos. Con más de 119,000 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y 31.3 millones de delitos cometidos en 2023, el panorama es alarmante. De acuerdo con el INEGI (2024) el 92.9 % de estos delitos no se denuncian o la autoridad no inició una carpeta de investigación, fenómeno conocido como cifra negra. En otras palabras, por cada 100 delitos cometidos, solo 6.4 se denuncian y de 100 denunciados únicamente 14 son resueltos, lo que deja una probabilidad de 0.9% de que un delito sea castigado en el país (Impunidad Cero, 2017).
Asimismo, la violencia de género se presenta como una de las expresiones más deleznables de la violación a los derechos humanos en México y, a la vez, uno de los retos más significativos, con un promedio de 10 mujeres privadas de la vida. Esta realidad constituye una flagrante violación a los derechos humanos, al comprometer la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres, lo que refleja impunidad estructural, falta de justicia, de aplicación de la ley y de sanción a las personas responsables de esas conductas.
Otro desafío y agravante para los derechos fundamentales es la militarización de la seguridad pública. En el informe denominado CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024 se da cuenta que la Guardia Nacional acumuló 1,816 quejas en ese periodo, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional fue señalada en 1,664 quejas (Centro Prodh, 2024). Estas cifras subrayan un patrón de impunidad y una falta de control civil efectivo. Para revertir esta situación, es crucial fortalecer a las policías civiles mediante capacitación adecuada, mecanismos de supervisión independientes y una mayor rendición de cuentas, elementos esenciales para garantizar un modelo de seguridad que respete los derechos humanos de las personas.
Para enfrentar los graves desafíos en materia de seguridad y justicia, el gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias que han sido severamente cuestionadas porque se prevé que sus resultados serán poco halagüeños, puesto que ha permeado la opacidad, imposición e improvisación. Entre las medidas más controvertidas destacan las siguientes: a) la reforma al Poder Judicial que amenaza la protección de derechos fundamentales, siendo necesario un poder judicial autónomo para garantizar un equilibrio institucional y evitar interferencias políticas; b) la creciente militarización de la seguridad pública, ejemplificada en la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, modelo cuestionado por su falta de resultados efectivos y por las violaciones constantes a derechos humanos, y c) la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa que ha generado una preocupación legítima, ya que esta práctica vulnera la presunción de inocencia y contraviene resoluciones internacionales, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo he mencionado en entregas anteriores, razón por la cual es importante que este enfoque sea revisado con miras a garantizar que la política criminal asumida respete plenamente los derechos humanos en México y contribuya a la justicia pronta y efectiva.
Ante este panorama, la actuación de los Organismos no Jurisdiccionales de Protección de los Derechos Humanos es crucial para la promoción y defensa de los derechos fundamentales y consolidar la confianza de las personas, como se ha destacado al señalar: “no existe el Estado de derecho en un régimen democrático cuando las autoridades no cumplen la ley o cuando ésta no se aplica a los particulares. Pero tampoco cuando la ley no respeta los derechos humanos” (México Evalúa, 2024).
La defensa de los derechos humanos, en un país marcado por desigualdades profundas y violencia sistémica, así como la construcción de una sociedad más equitativa y justa requiere del fortalecimiento de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, lo que implica, entre otras acciones, la implementación de políticas públicas efectivas para erradicar la impunidad, asegurar el control civil sobre las instituciones de seguridad y garantizar el acceso a la justicia para las y los mexicanos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
