El derecho a la ciudad surge como una herramienta esencial para garantizar que los espacios urbanos sean habitables, incluyentes y justos para todas las personas, especialmente para aquellas que históricamente han sido marginadas. Pese a que las ciudades concentran la mayoría de la población mundial y ofrecen amplias oportunidades de desarrollo humano, también reflejan con crudeza, las desigualdades estructurales de nuestro tiempo.
La Asamblea General de la ONU (2016) ha conceptualizado este derecho como el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, a ocupar, utilizar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles, entendidas como bienes comunes esenciales para la calidad de vida. Un derecho colectivo e intergeneracional, vinculado estrechamente al derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable. La ONU-Hábitat lo define como el derecho de todas las personas a habitar, transformar, gobernar y disfrutar ciudades y asentamientos democráticos, seguros y sostenibles.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 2022) ha reconocido que el derecho a la ciudad busca territorializar los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, a fin de garantizar una distribución equitativa del espacio urbano, el acceso a servicios públicos y la participación social en la toma de decisiones, con especial énfasis en los sectores más vulnerables. Este derecho exige una planeación urbana justa, el acceso a la información, la justicia ambiental y políticas públicas orientadas al desarrollo sustentable.
Sin embargo, frente a este panorama normativo, las ciudades mexicanas enfrentan dinámicas profundamente excluyentes que contradicen los principios del derecho a la ciudad. El desplazamiento, la gentrificación y la segregación socioespacial, son procesos interconectados que impiden su ejercicio efectivo y refuerzan las desigualdades estructurales en el espacio urbano.
El desplazamiento urbano ocurre cuando personas y comunidades son forzadas a abandonar sus espacios de vida debido a intereses inmobiliarios, desarrollos turísticos, comercios, obras de infraestructura o reconfiguraciones urbanas que priorizan la economía sobre los derechos humanos. En estos procesos, la vivienda digna, la identidad territorial y las redes comunitarias se ven gravemente amenazadas, particularmente para quienes habitan en condiciones de vulnerabilidad.
En nuestro país, el crecimiento de las ciudades se vio impulsado por la migración rural y la progresiva transformación económica, donde el sector de servicios gana importancia dentro de una economía, llegando a ser predominante en términos de empleo; se caracteriza por un desplazamiento de la mano de obra y recursos desde los sectores primario (agricultura, minería) y secundario (industria) hacia el de servicios. Las políticas de vivienda buscaron atender la demanda habitacional, pero en muchos casos lo hicieron a costa de desplazar a comunidades populares hacia zonas periféricas, carentes de servicios y conectividad.
Esta reconfiguración del espacio urbano da paso a otro fenómeno íntimamente ligado: la gentrificación, como señala la Revista Global UNAM (2023), “la gentrificación se ha definido como un fenómeno urbanístico a través del cual, territorios, barrios y lugares que han tenido usos más tradicionales y/o populares se modifican a partir de iniciativas de intervención (estatal o privada) que provocan que estos espacios adquieran más plusvalía y se vuelvan más atractivos para grupos sociales de mayor nivel adquisitivo”.
Las causas de la gentrificación no responden únicamente a la lógica del mercado; están también vinculadas a decisiones de política pública que revalorizan ciertos espacios con criterios patrimoniales, ecológicos o culturales, lo que genera un patrón de desplazamiento indirecto. “Barrios” antes considerados “populares” son resignificados como zonas de oportunidad para la inversión, lo que provoca su encarecimiento y el desalojo progresivo de sus habitantes originales.
Uno de los efectos evidentes de la desigualdad en las ciudades mexicanas es la segregación socioespacial, entendida como la distribución desigual de la población en el territorio según su nivel de ingreso, origen étnico o acceso a servicios. Esta fragmentación, muchas veces normalizada por las propias políticas urbanas, ha dado lugar a ciudades divididas en centros privilegiados y periferias marginadas, donde las condiciones de vida contrastan radicalmente.
En las zonas periféricas, millones de personas habitan sin acceso pleno a transporte público digno, servicios de salud, agua potable o educación de calidad. Las familias enfrentan largos desplazamientos diarios, lo que limita sus oportunidades económicas y su tiempo de descanso o convivencia. Por el contrario, ciertos sectores de clase media y alta disfrutan de entornos seguros, conectados y con todos los servicios, a menudo amurallados o con acceso restringido, lo que hasta cierto punto ha impactado en la calidad de vida de sus habitantes y en el traslado de las personas a sus lugares de trabajo o de estudio, por ejemplo.
Esa segregación también se refleja en el diseño urbano: mientras unas zonas concentran parques, ciclovías, centros culturales y espacios públicos bien mantenidos, otras apenas cuentan con banquetas o iluminación. Lejos de ser casual, esta desigualdad territorial, la mayoría de las veces, responde a decisiones políticas y económicas que han priorizado el mercado inmobiliario y el crecimiento desigual por encima del derecho universal a una ciudad habitable.
La planificación urbana excluyente no sólo margina a quienes habitan en condiciones precarias, sino que impide construir una ciudad verdaderamente democrática. Como ha señalado la SCJN (2022), el derecho a la ciudad exige una distribución equitativa de recursos y servicios, así como participación social y acceso a la justicia. Cuando el modelo urbano consolida zonas marginadas y enclaves exclusivos, la ciudad pierde su vocación de espacio compartido y se convierte en un terreno de disputas y limítrofes.
La forma en que se construyen y gestionan las ciudades no es neutra: responde a decisiones políticas, intereses económicos que, en muchos casos, profundizan las desigualdades. El derecho a la ciudad, tal como lo han reconocido organismos internacionales, debe asumirse como un compromiso del Estado para garantizar entornos urbanos inclusivos, equitativos y sostenibles. La Constitución Política de la Ciudad de México (art. 12) lo denomina como un derecho colectivo.
Respetar este derecho exige políticas públicas que prioricen la función social del suelo, impulsen una planeación urbana participativa, aseguren el acceso igualitario a servicios de calidad y promuevan una distribución más justa de los recursos en el territorio. A la par, implica revisar críticamente los proyectos urbanos que, bajo discursos de modernización o conservación, provocan desplazamientos, encarecimiento y, a veces, pérdida de identidad comunitaria.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
