Sociedad sin partidos políticos
Aunque suene absurdo e incomprensible, hay que avanzar a una sociedad sin partidos políticos, o, dicho de otra forma, a una sociedad con democracia real que canalice la energía de todos sus miembros a construir nuevos modelos de convivencia que aseguren realmente el bien ser y el bien estar de todos. En efecto se trata de imaginar una sociedad utópica que en los hechos resignifique conceptos, cuyo contenido está ya gastado y es inoperante, como el de democracia, desarrollo, igualdad, riqueza, derechos humanos, y paz social.
La existencia de partidos políticos, que en la realidad son organismos burocráticos manejados por unas cuantas personas, son un obstáculo para la participación efectiva de las personas en todo aquello que es de interés público. La existencia de los partidos políticos pretende justificarse diciendo que son el reflejo de la diversidad social, que expresan las formas distintas de entender y organizar a la sociedad, y que son el camino natural para ejercer la libertad de pensamiento y de participación ciudadana.
Lo anterior suena muy bien, sólo que en la práctica son meros instrumentos que operan, no en favor del bienestar colectivo, sino como mecanismo de control social, a efecto de conservar el estado de cosas que favorecen a los poderes fácticos de la sociedad.
La profunda crisis que vive el Occidente, en tránsito a un poco claro nuevo orden internacional, se manifiesta, entre otras cosas, en el desprestigio de los partidos políticos en las así llamadas sociedades democráticas. Es curioso que los analistas políticos centren su análisis en señalar el fortalecimiento de los partidos políticos de extrema derecha, y no en desnudar la inoperancia del sistema de partidos políticos.
Los carentes de imaginación cuestionarán la idea de que puedan existir países democráticos, sin la existencia de partidos políticos, olvidando que esta figura es de relativa nueva creación en su versión moderna. En efecto, su generalización surgió a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando en los Estados Nación se extendió la idea del derecho al sufragio de la clase media burguesa y de los trabajadores. Para poder participar en los procesos electorales abiertos a la sociedad, los partidos políticos debían constituirse como figura jurídica, tener una estructura permanente, elaborar sus documentos rectores, y contar con una militancia reconocida. A casi dos siglos, los requisitos son los mismos.
Si hacemos una lectura adecuada del momento que se vive a nivel internacional, en el que se cuestiona el futuro de los Estados Nación y de la forma de relacionarse entre ellos, concluiremos que es necesario distinguir con claridad, entre la función de gobernar un país y la de administrarlo. Son dos funciones diferenciadas que requieren de perfiles distintos de personas para desempeñarlas.
De entrada, si los partidos políticos, como se afirma, son el reflejo de formas diversas de gestionar la economía y el poder en la sociedad, entonces hay que concluir que esas visiones no pueden estarse cambiando cada tres, cuatro, o seis años. Consolidar un modelo deseable de sociedad requiere de tiempo, consistencia y continuidad de acciones. Las reglas de convivencia de una sociedad se pueden ajustar, pero no cambiar en períodos cortos de tiempo. La auténtica gobernabilidad se sustenta en tener, por un lado, una visión clara de futuro; y por otro, una sociedad que trabaje sinérgicamente para lograrlo.
Es inoperante e ineficiente creer que en un país democrático el gobierno debe tener pesos y contrapesos, y de que es necesaria la existencia de partidos políticos que se opongan sistemáticamente a los gobiernos en turno. La realidad demuestra que lo que mueve a la competencia política es el deseo de conservar o de acceder al poder, pero no el deseo de servir a la sociedad. En ese sentido, la función de representatividad social atribuida a los partidos políticos es una falsa premisa.
La idea de un país sin partidos políticos no asume la inexistencia de estructuras de servicio público. Partiendo del distingo mencionado, entre administrar y gobernar, un país debería tener claridad sobre cómo seleccionar y elegir personas para una cosa y para otra. En ese sentido es necesario revisar en nuestro país las condiciones para ocupar los puestos de elección popular, y de designación, en los organismos de los tres poderes y órdenes de gobierno. El derecho a votar y ser votado que establece al artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe acotarse y precisarse para asegurar la calidad humana y la capacidad técnica de las personas, ya sean electas por el voto popular, o bien, nombradas por autoridad gubernamental.
Las condiciones que harían posible la existencia de una sociedad sin partidos políticos obviamente son múltiples y se requeriría la existencia de nuevas formas de intermediación social.
De manera general podemos hablar de tres condiciones indispensables: a). Planes de desarrollo con visión de mediano y largo plazo claramente definidos, coordinados y ejecutados. b). Inclusión y continuidad de personas probadas en lo profesional y lo ético en tareas estrictamente técnico/administrativas; y c). Conformación de grupos de personas con probada rectitud y conocimientos, electos por la población, para gestionar la función de gobierno municipal; para que, desde ahí, dichas personas nombren a las autoridades estatales, y éstas a su vez, nombren a las federales.
Estos planteamientos son una propuesta para hacer un rediseño integral de la manera de organizar la intermediación política en la sociedad. La viabilidad de ello, empieza por imaginarlo, para luego perfilarlo gradualmente, vía el diálogo y debate social.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
