

Impuestos a las bebidas azucaradas para proteger la salud
Autora: Mishel Unar Munguía*
La reciente propuesta de la Presidenta de la República para el fortalecimiento de impuestos a las bebidas azucaradas y a otros productos dañinos, como el tabaco y el alcohol, busca mejorar la salud de la población a través del uso de medidas fiscales efectivas para desincentivar el consumo de estos productos. La evidencia científica muestra que el consumo de bebidas azucaradas es uno de los principales factores de riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer, que son las principales causas de muerte en la población mexicana.
México es uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas, como los refrescos, y es la principal fuente de azúcares añadidos consumidos por la población (70% de toda la ingesta de azúcares). Su consumo representa hasta 12.5% de la ingesta de energía diaria, lo cual excede la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de restringir los azúcares libres a menos de 10% de la ingesta energética. El consumo de bebidas azucaradas provoca más de 40 mil muertes anuales y 609 mil años de vida perdidos por discapacidad, y se le atribuye 30% de los casos nuevos de diabetes, cuyo costo de tratamiento representa más de 10% del gasto público en salud en el país.
Además de los daños a la salud, la huella ambiental de los refrescos es considerable; producir un litro de refresco requiere, al menos, 32 litros de agua y la principal empresa refresquera del país es la que más contamina con plásticos, al producir 110 mil millones de botellas PET al año.
Los impuestos a bebidas azucaradas son una de las estrategias más costo-efectivas para reducir su consumo y contribuir, por lo tanto, a la reducción de la obesidad. Los impuestos a productos dañinos pueden corregir externalidades negativas, tales como los costos por atención médica, pérdida de productividad por muerte prematura y enfermedad, y los daños al medio ambiente. Organismos internacionales como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y Unicef respaldan el uso de medidas fiscales para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, y más de 90 países han implementado impuestos a estos productos. Las evaluaciones realizadas en México, Francia, Hungría, Noruega, Sudáfrica y el Reino Unido, así como en algunas ciudades de Estados Unidos, como Berkeley y Filadelfia, han mostrado la eficacia de los impuestos para disminuir las compras o ventas de dichas bebidas.

Desde 2014, en México se implementó un Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas (~10% del precio), y un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública encontró que el impuesto logró reducciones en las compras de estas bebidas de 5.5% en 2014 y 9.7% en 2015, siendo aún mayores las reducciones en compras en hogares con menor nivel socioeconómico, zonas urbanas y en hogares con niños y adolescentes. Además, el impuesto no tuvo efectos negativos en los empleos de la industria de estos productos.
El nuevo paquete fiscal propone un incremento del IEPS a bebidas azucaradas de 1.64 a 3.08 pesos por litro, que se espera reduzca el consumo de estas bebidas en 7% y genere una recaudación de 41 mil millones de pesos adicionales, que podrá ser usada para aumentar el acceso a agua potable, y para la prevención y atención de enfermedades crónicas. Se estima que un impuesto de 3 pesos por litro podría evitar más de 800 mil muertes por enfermedades crónicas y cáncer en 35 años.
El impuesto incluye también las bebidas con edulcorantes calóricos, para promover el consumo de agua natural y bebidas sin azúcar. Los edulcorantes calóricos no deben ser consumidos por niños, niñas y adolescentes por los riesgos para la salud, y la OMS no recomienda su consumo para el control de peso o la diabetes.
Por la salud de la población mexicana es indispensable que se apruebe el paquete fiscal de impuestos saludables, aumentar en 50% el precio real de bebidas azucaradas, alcohol y tabaco para el año 2035 de acuerdo con la iniciativa “3 para el 35” propuesta por la OMS y el Banco Mundial, e implementar impuestos a productos ultraprocesados que también causan daños a la salud. Estas medidas deben acompañarse del fortalecimiento de políticas como el etiquetado frontal de advertencia, la restricción de venta de bebidas y alimentos no saludables en escuelas, la restricción de publicidad para niños y adolescentes, y la prevención y atención de enfermedades crónicas en el sistema de salud.
*Especialista en salud pública. Invitada por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce

