Hertino Avilés Albavera*
La democracia no consiste únicamente en una forma de gobierno; representa también un conjunto de principios y valores que deben reflejarse en la vida cotidiana de la sociedad. En la medida en que los individuos se impregnan de estos valores, la democracia se reproduce y fortalece. En este sentido, las instituciones sostienen prácticas esenciales como la igualdad, la libertad y, sobre todo, el respeto a las reglas democráticas.
Bajo los principios revolucionarios de la idea del “Sufragio Efectivo”, trasciende también a la universidad pública, quien debe ser, ejemplo de principios de igualdad y solidaridad; puesto que si bien es cierto no debe permitirse la imposición de entes externos, cierto es también, que es necesario cuidar que tampoco exista, la imposición, respecto de entes internos; por lo que parafraseando la expresión asumida por Francisco I. Madero, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene hoy un compromiso pendiente con la democracia y con lograr un procedimiento que estructuralmente se rija bajo el principio de “Sufragio Efectivo. No Imposición”.
Esto a razón de los recientes hechos suscitados en la Máxima Casa de Estudios del Estado de Morelos, dado que estos principios fueron quebrantados al imponerse de manera unilateral, al encargado de despacho de la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sin realizar elecciones previas ni cumplir con los requisitos legales para su encargo. Se vulneraron las normas básicas del proceso: no se convocó al voto de estudiantes ni de directivos, ni tampoco de administrativos y se ignoró el papel del Consejo Técnico en la designación del cargo, para constituirse como Colegio Electoral.
Referir que los universitarios participamos a través de nuestros representantes, llámense en el caso consejeros universitarios, en una elección, es constituir un sistema indirecto de representación, con altos déficits democráticos, puesto que
incluso, en lugar de fijar una consulta o un tiempo prudente para que los universitarios conociéramos a quien se encargará de regir el proyecto educativo de muchos de los morelenses, los plazos y momentos se acortan y se dan exclusivamente, sobre los citados consejeros; por lo que la comunidad se queda como observadora de un proceso distante y exclusivo.
Sin embargo, lo verdaderamente trágico no radica solo en el acto antidemocrático ni en la violación de derechos políticos y universitarios, sino en todo lo que ello simboliza. En un acto privado, desde el interior de las oficinas centrales —con la participación de autoridades de la facultad, miembros del profesorado y, para dotar de aparente legitimidad al proceso, la propia rectora— se consumó una imposición que contradice los valores que la universidad debería encarnar.
Durante décadas, la Máxima Casa de Estudios y en particular la Facultad de Derecho se distinguió por su compromiso social y su participación en la vida pública. Los profesores que la fundaron y construyeron su prestigio dotaron a la abogacía morelense de un profundo sentido ético y social. Hoy, ese legado parece desvanecerse porque dentro de la misma facultad se transgreden los derechos que antaño se defendían. Es una ironía dolorosa: quienes deberían salvaguardar la legalidad, los abogados, son ahora quienes la quebrantan, bajo el cobijo de quienes en la administración central deberían provocar la participación de la comunidad universitaria en la elección de sus representantes.
La gran lección de este momento es no olvidar el pasado y defender el futuro. Las democracias no siempre caen con estruendo, muchas veces se desmoronan en silencio, entre aplausos y complacencias. Y, con frecuencia, quienes contribuyen a su deterioro son los mismos que alguna vez juraron defenderla.
*Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y profesor universitario.
