Del papel a la realidad: el desafío del agua rumbo a 2026
El 2025 quedará registrado como un año clave para la política hídrica en México. Después de décadas de discusión, diagnósticos reiterados y consensos pospuestos, finalmente vieron la luz la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. No se trata de un hecho menor: por primera vez en mucho tiempo, el país cuenta con un nuevo marco jurídico que reconoce de manera explícita la crisis hídrica, el derecho humano al agua y la necesidad de transformar la forma en que se gobierna y gestiona el recurso.
El cambio legal fue necesario. La realidad del agua en México (acuíferos sobreexplotados, cuencas degradadas, ciudades con suministro intermitente, conflictos entre usos y una creciente vulnerabilidad frente al cambio climático) había rebasado desde hace años a la legislación vigente. 2025 fue, en ese sentido, un año de corrección de rumbo: se actualizaron en la legislación conceptos, se ampliaron obligaciones, se redefinieron responsabilidades y se incorporaron principios de sustentabilidad, planeación y participación social que durante mucho tiempo se quedaron en el discurso.
Sin embargo, aprobar leyes no resuelve por sí mismo la crisis del agua. El verdadero desafío comienza ahora. Si algo deja claro el cierre de 2025 es que el país se encuentra frente a una disyuntiva: convertir este nuevo marco normativo en una palanca real de transformación o permitir que se sume a la larga lista de buenas intenciones que no lograron materializarse en el territorio.
El 2026 se perfila, así, como el año de la implementación. Un año en el que la atención deberá centrarse en los reglamentos, en la adecuación institucional, en el fortalecimiento de la autoridad del agua y en la construcción de capacidades técnicas en la federación, en los estados y municipios. Sin control efectivo de extracciones y descargas, sin información confiable y sin sanciones aplicadas, la recuperación de acuíferos y el saneamiento de los ríos seguirá siendo una aspiración lejana, por más avanzada que sea la ley.
También será un año decisivo para la gobernanza. Las nuevas disposiciones legales abren espacios para la participación de usuarios, comunidades, academia y organizaciones sociales, pero esos espacios deberán ser ocupados con responsabilidad y visión de largo plazo. La corresponsabilidad en el cuidado del agua no se decreta: se construye con reglas claras, transparencia y confianza.
Mirando hacia adelante, 2026 exigirá menos retórica y más resultados. Exigirá pasar de la imposición legislativa a la acción coordinada; de la planeación en el papel a la ejecución en campo; de la reacción ante emergencias a la prevención y la adaptación frente al cambio climático. El país ya dio un paso importante en 2025. Ahora toca demostrar que fue el inicio de un cambio real y no solo un capítulo más en la historia de las oportunidades perdidas.
El agua no puede seguir esperando. El nuevo marco legal marca el camino; el reto será recorrerlo.
¡Que este 2026 sea un año lleno de bendiciones para cada uno de Ustedes!
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR
