Sin autoridad no hay ley
En las últimas semanas se han intensificado las manifestaciones sobre la iniciativa de Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales que recientemente presentó el Ejecutivo. Como suele ocurrir cuando se abre el debate sobre el régimen jurídico del agua, las reacciones han sido diversas: entusiasmo de algunos sectores sociales que ven en esta coyuntura una oportunidad para corregir décadas de rezago; cautela, y por qué no decirlo, resistencia abiert de algunos actores que temen que los cambios afecten intereses establecidos; y una creciente preocupación por el rumbo que tomará la gestión del recurso más estratégico para el desarrollo y la estabilidad del país.
Más allá del ruido político, esta discusión es importante porque nos enfrenta a una realidad ineludible: el modelo actual de gestión del agua ya no responde a la magnitud de los retos que vivimos. Las cuencas y acuíferos sobreexplotados, la contaminación persistente, los conflictos por el acceso y la incapacidad para prevenir desastres vinculados al agua son síntomas de un sistema que opera al límite de sus capacidades.
Por ello, la posibilidad de actualizar el marco legal debe entenderse como una oportunidad histórica para replantear el papel del Estado, la responsabilidad de los usuarios y la forma en que gestionamos colectivamente el agua. Sin embargo, esta oportunidad solo será real si se atiende un punto que, aunque es evidente, suele evitarse en los discursos oficiales: sin fortalecer a la autoridad del agua, cualquier reforma será letra muerta.
Hoy la CONAGUA, como autoridad del agua, opera con limitaciones estructurales que le impiden cumplir plenamente su mandato. La ausencia de un sistema eficaz de inspección y vigilancia, la falta de herramientas legales para suspender rápidamente extracciones irregulares, los procedimientos administrativos lentos y costosos, y la incapacidad para sancionar vertidos contaminantes de manera rápida y ejemplar, han generado un entorno donde el incumplimiento se normaliza. Mientras estas condiciones no cambien, la recuperación de cuencas y acuíferos seguirá siendo imposible, por más leyes, programas, consejos o planes que diseñemos.
La modernización del marco normativo debe comenzar por reconstruir las capacidades de control y supervisión del Estado. Un país con más de cien acuíferos sobreexplotados no puede darse el lujo de mantener una autoridad debilitada. Se requiere una institución con facultades claras para clausurar pozos ilegales, suspender descargas contaminantes, auditar volúmenes extraídos y verificar el cumplimiento de los títulos de concesión. Pero también una institución que opere con transparencia, datos abiertos, procesos expeditos y criterios técnicos, no políticos.
Los foros de discusión, aun con sus tensiones y diferencias, ofrecen un espacio para reconocer esta urgencia. Si el país aspira a transitar hacia una gestión sustentable del agua, es indispensable que la nueva Ley no solo declare principios, sino que otorgue herramientas reales a la autoridad responsable. Lo contrario sería repetir la historia: un marco normativo bien intencionado, pero incapaz de cambiar la realidad cotidiana en el territorio.
La discusión está abierta y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes. México se encuentra nuevamente frente a la oportunidad de redefinir el rumbo de su política hídrica. Aprovecharla dependerá de nuestra capacidad para ir más allá de los diagnósticos conocidos y asumir, con seriedad, que no hay gobernanza del agua posible sin una autoridad sólida, respetada y capaz de hacer cumplir la ley. Solo así será viable la restauración de nuestras cuencas, la recuperación de nuestros acuíferos y la garantía de un futuro hídrico más justo y sostenible para todos.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR
