La aprehensión de Jesús Alberto “N”, uno de los probables operadores de los negocios ilícitos del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Genaro García Luna, tendría que merecer mucha más atención en Morelos, no solo porque el presunto fue detenido en Cuernavaca.
De acuerdo con la información, quien habría ayudado a operar el esquema de corrupción que permitió desviar más de cinco mil millones de pesos de la administración pública federal durante el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, fue también colaborador en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2016-2018) en la alcaldía de la capital de Morelos.
Jesús Alberto “N” fue director general de Tecnologías de Información y Comunicación durante el periodo del alcalde Blanco Bravo; lo que podría parecer un espacio menor, pero, según todo apunta, era una posición estratégica. Tanto era así que pudo estar en el Subcomité Sectorial de Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción (sí, así se llamaba) y con ello tener acceso privilegiado a la validación de operaciones sobre el patrimonio municipal, adquisiciones, manejo de personal, entre otras; pero también la cercanía con espacios clave en el manejo financiero del ayuntamiento de Cuernavaca, como la Tesorería, la Contraloría Municipal, y direcciones de ingresos y recaudación, recursos materiales, egresos, contabilidad y control presupuestal y recursos humanos.
Así que la detención del sujeto como presunto responsable de coparticipación en el diseño y operación de un esquema para simular contratos de adquisición de servicios para canalizar ilegalmente recursos federales a empresas, tendría que prender algunas alertas en Cuernavaca, donde se han señalado diversos episodios de probable corrupción a través de la contratación de empresas fantasma, la simulación de donaciones, operaciones irregulares de personal, durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
La mayor parte de las denuncias respecto a ilícitos cometidos durante ese periodo fueron realizadas por el equipo del alcalde José Luis Urióstegui durante su primer periodo al mando del ayuntamiento (2022-2024) ante la Fiscalía Anticorrupción, que omitió procesarlas por mucho tiempo. Probablemente, la detención Juan Alberto “N” funcionaría para volverlas a revisar y por fin conceder a la ciudadanía la reparación de los daños o, por lo menos, la explicación a fondo de lo que ocurrió en el trienio en que la crisis se profundizó en Cuernavaca.
La detención de Jesús Alberto “N” tendría que servir no sólo para demostrar que no se permite la impunidad en el caso García Luna, sino que esta convicción de actuar de forma contundente en contra de la corrupción opera para todas las esferas y niveles de gobierno; una certeza que se requiere especialmente en Morelos, donde la corrupción e impunidad han campeado durante más de una década.
También podría ofrecer elementos que permitan identificar los riesgos de corrupción en la administración pública con el fin de rediseñar los esquemas de operación para impedir que las conductas ilícitas se repitan; una tarea a la que vale la pena se dediquen las administraciones municipales de Morelos.
