Pese a los avances logrados en materia de combate a la pobreza en todo el país, el impacto de éstos en Morelos ha sido insuficiente para evitar que casi medio millón de personas se encuentren en situación de vulnerabilidad alimentaria.
Se trata de un problema mucho más estructural que la sola distribución de los alimentos, un proceso profundo de desigualdades que contrasta especialmente en temporadas como la decembrina. Por eso los esfuerzos de instancias como los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatales y municipales, y las organizaciones dedicadas a combatirlo, como Banco de Alimentos, son insuficientes.
La vulnerabilidad alimentaria en Morelos representa un desafío que afecta a comunidades marginadas; y su prevalencia está ligada con las recurrentes crisis en el campo, la dependencia de importaciones, un grado alto de pobreza laboral (con 42.4% de su fuerza de trabajo en esta condición, el estado es el sexto lugar nacional), y otros factores que profundizan la marginación de las comunidades. Por eso, aunque sin duda ayuda, la sola distribución de alimentos resulta insuficiente para resolver el problema.
Más allá de la solidaridad que suele ser ejemplar cuando el problema de visibiliza, y de los notables esfuerzos del gobierno estatal con la atención directa a la alimentación en más de cien comunidades de alta marginación, el alto número de personas que no saben qué comerán hoy, requiere de acciones integrales mediante pasos que se están dando, aunque sus resultados se verán a mediano y largo plazos.
El campo morelense enfrenta crisis por reducción de terrenos cultivables, cambio climático, y las consecuencias de un abandono histórico, lo que pone en riesgo la autonomía alimentaria pese a la capacidad productiva dl estado.
Producciones como el arroz se limitan a 700 hectáreas en 2024, con rentabilidad baja y sustitución por cultivos como caña de azúcar. A nivel nacional, México importó 26 millones de toneladas de granos en 2023 ante un déficit de producción, un problema que impacta a Morelos con pérdidas postcosecha y deficiencias en infraestructura de almacenamiento.
Se trata de problemas que se atienden de forma integral, pero los resultados de estas intervenciones no se darán de forma inmediata.
Llama la atención que, a pesar de ser un problema con el que Morelos ha vivido por décadas, la vulnerabilidad alimentaria ha sido poco estudiada, lo que complica la respuesta del Estado, y las instituciones con soluciones de la magnitud que se requieren.
El nuevo año plantea una oportunidad para fortalecer la investigación pública sobre la soberanía alimentaria, la dotación de agua y energía, priorizando agroecología sostenible, y recuperando la viabilidad del campo como actividad productiva.
Las políticas públicas en materia alimentaria deben, entre otras cosas, impulsar infraestructura de transporte, refrigeración y educación nutricional, reduciendo compras compulsivas y garantizando inocuidad en cadenas agroalimentarias.
Expandir colaboraciones con programas federales como Leche para el Bienestar en 103 localidades prioritarias, e impulsar proyectos propios de redistribución de alimentos serán fundamentales para mitigar la vulnerabilidad alimentaria, algo indispensable para el desarrollo en términos de justicia e inclusión.
