Los hechos de violencia registrados en Jonacatepec, donde una persona perdió la vida durante un palenque clandestino, recuerdan una verdad incómoda pero necesaria: la seguridad ciudadana no es una tarea exclusiva de la policía ni una responsabilidad que pueda recaer únicamente en el gobierno del estado. Se trata de un esfuerzo compartido que exige compromiso real de los municipios y, sobre todo, responsabilidad y madurez social de la propia ciudadanía.
El exhorto del Gobierno del Estado para frenar la autorización y realización de palenques y eventos similares no debe leerse como una medida restrictiva o autoritaria, sino como una llamada de atención frente a prácticas que, por omisión o permisividad, pueden convertirse en detonantes de violencia o focos de inseguridad.
El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, subrayó que estos eventos representan un riesgo para la seguridad y la gobernabilidad en las comunidades, particularmente cuando se realizan sin condiciones adecuadas ni evaluación previa de sus implicaciones. Ser podría añadir las muy acendrada y mexicana costumbre de abrir sin miramientos la llave del alcohol por cualquier pretexto y solo pensando en el negocio.
El énfasis puesto por la administración estatal en reforzar el diálogo con los ayuntamientos —especialmente con el de Jonacatepec— apunta a un problema estructural: sin la participación y responsable de los gobiernos municipales, cualquier estrategia de seguridad queda incompleta. La coordinación anunciada, con reuniones bilaterales a partir de enero, busca atender de manera ágil y directa los factores que inciden en la estabilidad social y en la prevención de la violencia. Es un paso necesario, pero no suficiente si no se traduce en decisiones firmes a nivel local.
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz fue clara al emitir un exhorto formal a las y los presidentes municipales para que adopten acciones preventivas y valoren los riesgos asociados a este tipo de eventos. El mensaje es contundente: la seguridad se basa en la corresponsabilidad. No se trata solo de reaccionar cuando ocurre una tragedia, sino de anticiparse a escenarios que, por su naturaleza, concentran riesgos y tensiones.
Sin embargo, este llamado tampoco puede quedar únicamente en el ámbito gubernamental. La ciudadanía también tiene un papel insustituible. Asistir, promover o tolerar actividades clandestinas implica asumir riesgos que afectan no solo a quienes participan, sino a toda la comunidad. La madurez social pasa por entender que el entretenimiento sin reglas y sin medidas de seguridad -como eventos públicos “clandestinos” a pesar de la incongruencia de los términos- puede tener consecuencias fatales. Cuidarse y cuidar al entorno es, en última instancia, un acto de responsabilidad colectiva.
El enfoque preventivo que privilegia el Gobierno del Estado, particularmente en la autorización de eventos masivos, abre una oportunidad para replantear la relación entre autoridades de todos los niveles y la sociedad. Prevenir no es prohibir por prohibir, sino evaluar, regular y, cuando sea necesario, decir no para evitar hechos lamentables.
Morelos necesita avanzar hacia una cultura de corresponsabilidad donde cada actor asuma su parte: el estado, coordinando y previniendo; los municipios, ejerciendo con seriedad sus facultades; y la sociedad, actuando con responsabilidad y madurez en su propio beneficio. Solo así será posible garantizar la tranquilidad de las comunidades y evitar que la inseguridad siga encontrando espacios donde incubarse.
