El primer año completo de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia permite una lectura serena y objetiva del rumbo que ha tomado Morelos. Lejos de una lógica de anuncios aislados, 2025 se caracterizó por una agenda pública que buscó articular seguridad, política social, desarrollo territorial, identidad cultural y modernización administrativa como ejes complementarios. No se trata de un balance triunfalista -que sería muy prematuro-, sino del reconocimiento de una gestión que, con responsabilidad institucional, comenzó a sentar condiciones para un cambio estructural en el estado.
Desde el inicio del año, el énfasis en la seguridad pública marcó una señal política clara: recuperar la presencia del Estado en los municipios como requisito indispensable para la convivencia social. La entrega gradual de más de un centenar de unidades policiales a las corporaciones locales no resolvió por sí sola los problemas de violencia, pero sí apuntaló una estrategia de fortalecimiento institucional que reconoce la dimensión territorial del desafío. En un contexto nacional complejo, esta decisión mostró conocimiento del problema y voluntad de enfrentar los retos en lugar de culpar al pasado.
En paralelo, la política ambiental colocó a Morelos en una genuina escala regional. El convenio para la protección del Bosque de Agua con la Ciudad de México y el Estado de México no solo refrendó la importancia ecológica de esta zona estratégica, sino que asumió el cuidado de los recursos naturales como una política de largo aliento, indispensable para el futuro hídrico y ambiental del centro del país.
La agenda social fue, quizá, uno de los rasgos más consistentes del año. La ampliación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y la puesta en marcha de programas como Corazón de Mujer evidenciaron un esfuerzo por atender a sectores históricamente relegados, no desde una lógica asistencial coyuntural, sino como parte de una política de bienestar de largo aliento. En el mismo sentido, el arranque del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres y la apertura del primer Centro LIBRE en Temixco marcaron un avance relevante en la infraestructura institucional para enfrentar la violencias de género, un problema estructural que exige continuidad, evaluación y recursos suficientes.
El campo morelense también ocupó un lugar estratégico. La elaboración de los Mapas de fertilidad de suelo, en coordinación con instancias internacionales especializadas, colocó al estado a la vanguardia del diagnóstico técnico para la producción agropecuaria. Esta herramienta no solo reconoce el potencial productivo del territorio, sino que abre la puerta a una política agroecológica más eficiente, sustentable y orientada a la autosuficiencia, en una entidad donde el campo sigue siendo un pilar social y económico.
En materia de infraestructura, la continuidad del Circuito “Tierra y Libertad” reforzó una visión de conectividad regional como detonante del desarrollo local. La rehabilitación de cientos de kilómetros de caminos y carreteras no es un tema menor en un estado con profundas desigualdades territoriales, donde la movilidad condiciona el acceso a servicios, mercados y oportunidades.
El segundo semestre de 2025 profundizó la apuesta por la identidad y la cultura como motores de desarrollo. La restitución de la Denominación de Origen del mezcal para 23 municipios y la Denominación Geográfica del traje de chinelo no solo reconocieron el valor cultural de estas expresiones, sino que protegieron cadenas productivas, saberes comunitarios y economías locales que dan sentido de pertenencia y proyección al estado.
A estos avances se suma un componente clave para el futuro inmediato: la transformación digital. Como lo expuso Samuel Rivera Muciño, titular de la Agencia de Transformación Digital, el lanzamiento de una plataforma única de trámites representa un paso decisivo para simplificar procesos, eliminar intermediarios y combatir prácticas de corrupción arraigadas en la burocracia. La digitalización de servicios, si se implementa con accesibilidad, capacitación y vigilancia, puede modificar de fondo la relación entre ciudadanía y gobierno, y convertir la eficiencia administrativa en un derecho cotidiano.
El desempeño del sector turístico refuerza esta lectura de cierre de año. Con más de 11 millones de visitantes y una derrama económica superior a los 8 mil 500 millones de pesos, Morelos confirmó en 2025 su vocación turística. La estabilidad en la ocupación hotelera y la incorporación de nuevas herramientas de medición, como el análisis de plataformas de alojamiento alternativo, apuntan a una gestión más profesional y basada en datos. El fortalecimiento del Observatorio Turístico será clave para que el crecimiento del sector sea ordenado, incluyente y sostenible.
En conjunto, 2025 deja la imagen de una administración que mostró responsabilidad, planeación y conocimiento del territorio. Los retos persisten y no son menores: seguridad, desigualdad, violencia de género, presión ambiental y crecimiento económico equilibrado. Sin embargo, las iniciativas emprendidas durante el año que concluye permiten afirmar que existen bases reales para transformar, para bien, el rostro de Morelos.
El desafío para 2026 será sostener el rumbo. Profundizar lo iniciado, corregir lo que no funcione y evitar la tentación de la inercia o la autocomplacencia. Si el trabajo y la responsabilidad continúan guiando la acción pública, y si se mantiene una lectura honesta de los problemas y del enorme potencial del estado, el próximo año podría consolidar avances y traducirlos en mejoras tangibles para la vida cotidiana de las y los morelenses. El camino está trazado; ahora, la constancia será la verdadera prueba.
Esperemos que así sea, por lo pronto, La Jornada Morelos desea un generoso año nuevo a todos sus lectores, anunciantes y colaboradores, que en el 2026 se comience a consolidar un nuevo rumbo de prosperidad para nuestro estado.