

Morelos arrastra rezagos históricos que no se resuelven identificando a los culpables de la situación. Infraestructura deficiente y problemas de seguridad han sido, por décadas, dos de los principales frenos para el desarrollo económico de nuestro estado. Las recientes acciones del gobierno estatal en ambos frentes merecen una lectura que vaya más allá de la cifra y ponga en perspectiva su alcance, sus retos y su potencial transformador.
El primer tramo de la administración encabezada por Margarita González Saravia ha registrado una inversión cercana a los 830 millones de pesos y más de 220 acciones de obra pública ejecutadas en apenas 15 meses. No se trata de un dato menor en una entidad donde, durante años, comunidades enteras permanecieron al margen de los grandes proyectos y donde la infraestructura básica fue un tema postergado sistemáticamente.
El acento en el rescate y rehabilitación de carreteras y educación resulta especialmente relevante. La intervención de 61 tramos carreteros —más de 83 kilómetros— y los trabajos de conservación en distintos municipios no solo mejoran la conectividad, sino que reducen costos logísticos, facilitan el tránsito de personas y mercancías y fortalecen la integración regional. A ello se suma la gestión de recursos federales para rutas de evacuación dentro del proyecto “Circuito Tierra y Libertad”, un componente que combina movilidad, protección civil y planeación territorial, aspectos clave para la seguridad de la ciudadanía de un estado, como el nuestro, con alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales.
Paralelamente, se informa que Morelos ya cuenta con 19 arcos carreteros de videovigilancia y 12 Centros de Comando y Control municipales, como parte de una estrategia que busca cobertura total en los próximos dos años.
La instalación de tecnología de reconocimiento de matrículas y consulta en tiempo real al REPUVE, cámaras de alta definición y botones de pánico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para fortalecer la inteligencia, la investigación y la prevención del delito. Estos sistemas permiten documentar hechos, optimizar tiempos de respuesta y mejorar la coordinación interinstitucional, aspectos fundamentales en un contexto donde la inseguridad ha golpeado tanto la percepción como la realidad cotidiana dentro y fuera de la entidad.
Reconocer estos avances no implica ignorar que los rezagos siguen siendo profundos. Infraestructura y seguridad son apenas dos de los muchos desafíos que enfrenta Morelos. La experiencia muestra que los capitales productivos —desde pequeñas y medianas empresas hasta inversiones de mayor escala— buscan entornos donde la movilidad sea eficiente, la infraestructura confiable y la seguridad una prioridad. En ese sentido, estas acciones sientan bases que, de consolidarse y ampliarse, pueden traducirse en mayor dinamismo económico y generación de oportunidades para amplios sectores de la población.

El reto hacia adelante es doble. Por un lado, garantizar que estas políticas tengan continuidad, mantenimiento y evaluación permanente, evitando que se diluyan con el paso del tiempo o los cambios políticos. Por otro, asegurar que los beneficios lleguen de manera equitativa a todas las regiones y no se concentren solo en ciertos municipios o corredores.


