Desde la infancia aprendimos que el Ejército Mexicano cumple las funciones de defensa nacional y además apoya a la sociedad, principalmente en casos de emergencias.
En los últimos años, también ha contribuido a tareas de seguridad pública como parte de una estrategia de mediano plazo que busca principalmente el fortalecimiento de las fuerzas policiacas estatales y municipales; y más recientemente ha ampliado su labor social a la construcción de grandes obras públicas, entre otras misiones encargadas por el Estado.
La ampliación de las tareas del Ejército no ha partido de decisiones sencillas, pero sí de las necesarias. Después de muchas décadas de corrupción y abusos por parte de los gobiernos en contra de la población, la milicia es de las pocas instituciones que gozan de la confianza ciudadana.
Las acciones cívicas, sociales, el combate a las amenazas a la seguridad nacional, el auxilio a la población en casos de emergencias y desastres naturales, que protagoniza el Ejército mexicano han servido para robustecer la simpatía y confianza que despierta la milicia en la mayoría de los mexicanos, aunque no se ha tratado de una tarea sencilla.
Morelos conocía al Ejército básicamente por sus acciones militares en periodos definitivos de la historia, y cuando tuvo que enfrentar desastres naturales. Las acciones que cubrieron de gloria a la milicia nacional en Morelos son muy amplias.
Pero en los últimos meses, el Ejército se ha convertido en un protagonista, aunque sumamente discreto por su propio carácter y tradición, de las acciones de pacificación de un estado cuya seguridad pública estaba hecha un desastre.
La coordinación que se implementó desde octubre del 2024 entre las fuerzas de seguridad estatales con la milicia pudo establecerse gracias a la existencia de una estrategia seria de seguridad pública, pero mucho más por la confianza en las instituciones y en las personas que las dirigen.
A diferencia de lo que había ocurrido en administraciones estatales pasadas donde la simulación y hasta el probable involucramiento de mandos estatales con grupos criminales obligaba a las fuerzas federales a actuar aisladas y casi en secreto para lograr detenciones de peligrosos criminales, ahora es evidente la coordinación en operativos conjuntos que se han intensificado desde finales del 2024, y se muestran ya no sólo en las acciones directas contra los grupos delictivos, sino también en el refuerzo de patrullajes y, mucho más importante, en acciones para construir la paz que van desde las jornadas cívicas hasta las de desarme.
Y no es que el Ejército haya omitido esas funciones en los sexenios anteriores, sino que las administraciones estatales no parecían dispuestas a trabajar de la mano con la milicia y solo recurrían a ella en casos de desastre.
La administración de la gobernadora Margarita González Saravia ha contribuido en mucho a la coordinación con el Ejército y otras fuerzas federales. Particularmente porque, a diferencia de sus antecesores, la mandataria morelense entendió que la presencia del Ejército es una oportunidad para fortalecer las policías locales, tanto estatal como municipales, y fortalecer una estrategia de corto, mediano y largo plazos de pacificación y combate a la delincuencia que, paulatinamente, está dando resultados.
