En las últimas décadas, la mayoría de los gobiernos de Morelos se desentendieron de su papel en el desarrollo económico aduciendo argumentos parcialmente ciertos como el que no es responsabilidad del Estado la creación de empleos formales, la atracción de inversiones, ni la correcta regulación de las relaciones laborales. Se trataba de verdades a medias (es decir, medias mentiras) que permitieron por años justificar las omisiones en una lógica a la que se llamó neoliberal, aunque tenía mucho más que ver con la incapacidad o perversión de los objetivos del Estado que con cuestiones ideológicas.
En el plano federal, el artículo 25 de la Constitución establece la rectoría económica del Estado mexicano, y le asigna la responsabilidad de dirigir el desarrollo nacional con énfasis en el empleo, la competitividad y la distribución equitativa de la riqueza; también la regulación de los sectores público, social y privado; el establecimiento del monopolio del Estado sobre los recursos estratégicos; y el manejo de la política fiscal y monetaria (a través del Banco de México).
Pero la enorme carga que tienen las instituciones nacionales en materia económica no libera a los gobiernos estatales de la obligación de desarrollar políticas que fomenten el desarrollo, el empleo, la inversión, el consumo, y otras que permitan la consolidación de la economía local, la generación de riqueza y la justa distribución de los ingresos. Las administraciones de Jorge Carrillo Olea (1994-1997) y Marco Adame Castillo (2012-2018) asumieron ese papel con alguna solvencia, aunque las recurrentes crisis económicas, políticas económicas nacionales erráticas y otros factores dificultaron el crecimiento del estado. Los equipos de Sergio Estrada Cajigal y Graco Ramírez Garrido entendían poco del impulso al desarrollo y se conformaron con la administración del presente, lo que generó decrecimientos importantes en la actividad económica local. La administración de Cuauhtémoc Blanco no entendía nada de nada, lo que profundizó la falta de crecimiento en un estado que se volvía cada vez más pobre y perdía cualquier esperanza.
Con un plan bien estructurado, y sobre todo, con el apoyo decidido de la gobernadora Margarita González Saravia (cuyo perfil empresarial le permite entender muchos de los retos), el gabinete económico de Morelos (2024-2030) comenzó a trabajar en la atracción y fomento a las inversiones incluso desde antes de iniciar su gestión hace casi quince meses. Se identificaron los sectores en los que el estado tenía posibilidades de crecimiento, las ventajas competitivas, algunas de ellas ignoradas por muchos años; se rescató infraestructura en desuso, como el aeropuerto internacional; se proyectó la creación de nueva, como el Centro de Convenciones de Cuernavaca; y se retomaron muchos de los proyectos de impulso empresarial que habían sido olvidados o mal ejecutados (turismo, agroindustrias, empresas de base científica y tecnológica).
Se recuperó incluso aquella frase que se convirtió en meme demasiado pronto “hay talento, lo que falta es apoyarlo”, y empezaron a diseñarse créditos locales y a gestionarse recursos federales para apoyar inversiones con tasas preferenciales. Como parte de la apuesta a recuperar la rectoría de la economía local, los créditos favorecerán primordialmente a inversiones en los sectores que el gobierno estatal ha trazado como prioritarios no por caprichos (como solía hacerse en el pasado), sino porque tienen ya un camino andado para desarrollarse exitosamente.
El proyecto económico en Morelos avanza como una respuesta estructurada a la incertidumbre que viven los mercados internacionales que, sin duda, impacta seriamente al país y el estado. Por fortuna la historia nos enseña que, justamente en los escenarios inciertos tienen mayor éxito los proyectos sólidos de desarrollo.
