La sola idea de que las acusaciones que María Luisa Villanueva Márquez, víctima de los desvíos de la justicia que la mantuvieron presa injustamente por 25 años, hace al Poder Judicial de Morelos pudieran ser ciertas alerta sobre la urgente renovación no solo de la Fiscalía General de Justicia, sino también de los juzgados y colegiados de administración de justicia.
Para la denunciante el hecho de que personal de la antigua Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General, ahora trabaje en espacios de decisión en los juzgados o tenga relación con influyentes personajes en el Poder Judicial, favorece el establecimiento de estructuras de protección desde los juzgados a los elementos de procuración de justicia en el estado, no pocos de ellos señalados por prácticas abusivas en el ejercicio de sus cargos.
Como elemento contextual, tendrían que reconocerse los constantes intercambios de acusaciones entre la Fiscalía y los juzgadores sobre deficiencias en el trabajo de unos y otros que permiten la liberación de decenas de presuntos delincuentes cada año.
Para los juzgadores, la fiscalía hace un trabajo deficiente en la integración de carpetas de investigación y no aporta los elementos que permitan la consignación, vinculación a proceso o condena de los sujetos a quienes presenta como culpables de delitos. En el otro extremo, la fiscalía acusa a jueces de proteger a delincuentes al liberarlos aún cuando existen evidencias suficientes de su participación en diversos ilícitos.
En medio, como suele ocurrir en Morelos, quedan las víctimas, tanto las que han padecido de acciones de la delincuencia común, como las que fueron sujetas a los abusos graves de autoridad de policías, agentes del Ministerio Público, juzgadores y hasta magistrados; cuya búsqueda de justicia suele ser abandonada frente a la dureza de instituciones que, sea por indolencia, ineptitud o de plano abierta corrupción, revictimizan a cientos o miles de personas cada año.
Lo cierto es que, más allá de los intercambios institucionales de acusaciones, las fallas en la procuración y administración de justicia en Morelos resultan evidentes y diarias; y las rutas que pueden seguirse en muchos casos llevan a la misma conclusión, sea por confabulaciones, coincidencias o suma de ineptitudes, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia parecen trabajar coordinadas para negar la justicia en casos que podrían considerarse “complicados” en sí mismos, como el de María Luisa Villanueva, en que se provocó un daño irreparable a la víctima; o en otros asuntos que se vuelven complicados por la propia acción de las instituciones.
Porque si bien el caso de María Luisa es el epítome de los problemas de la justicia en Morelos, hay decenas de asuntos menos graves cada año, pero igual de injustificables, en los que la suma de ineptitudes y decisiones cuestionables de procuradores y administradores de justicia provocan también graves e irreparables daños a víctimas de los abusos de un sistema judicial que, si alguna vez tuvo mejores días, eso pasó hace muchos años.
La restructura del sistema judicial en Morelos es urgente. La propuesta de replantear la Fiscalía General de Justicia, y la reforma al Poder Judicial local se vuelven indispensables y deberán considerar en su diseño la colección de casos de abusos en ambas partes a fin de corregir de fondo, y no solamente parchar un sistema que ha probado ser poco eficiente y muy disfuncional.
