Desde cualquier perspectiva, el fulminante cese de la titular del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) es una buena señal respecto al compromiso de la nueva administración gubernamental de no proteger a nadie.
El retiro prematuro de Fabiola Urióstegui Alvear se dio a unas horas de que se conociera el desistimiento que desde noviembre pasado presentó ante un juzgado del juicio de amparo que había servido para reiniciar un proceso penal contra el exgobernador, Graco Ramírez, por la obtención irregular de un financiamiento para adquirir una camioneta (por cierto el caso con menor monto de probable daño al erario de los que la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertos contra quien ocupó la gubernatura entre 2012 y 2018).
Por supuesto que la noticia del desistimiento, promovida apenas el martes por la propia defensa del exgobernador, se convirtió en muy pocas horas en el mayor escándalo político que haya enfrentado la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia.
A los ojos de muchos, una funcionaria del gobierno estatal, ubicada en un lugar estratégico para este caso, había obsequiado a un indiciado por presuntos actos de corrupción, una prueba de descargo para usar a su favor. En un estado tan lastimado por los abusos de funcionarios públicos durante las dos pasadas administraciones, la acción era muy grave, mucho más considerando los reiterados compromisos de la gobernadora de no tolerar la corrupción y denunciar a quienes la cometen.
Y si bien la acción de la ya exdirectora del ICTSGEM no tendría que significar un cambio en una causa que se persigue de oficio, el hecho era en sí mismo profundamente ominoso como para permitir que Urióstegui Alvear siguiera en el cargo, aunque fuera solo por unos días más. Todos los elementos públicos que rodearon la decisión evidencian que fue así.
La ya exfuncionaria había sido nombrada en 2018 por el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco, y ella misma había sido la primera en denunciar a Graco Ramírez por la obtención de un crédito; la primera denuncia fue preparada por el entonces consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, y había sido la propia Urióstegui Alvear quien, inexplicablemente, brindaría al indiciado una aparente salida de la causa penal.
Pero las cosas no salieron como algunos esperaban:
La gobernadora y su equipo respondieron bien a un asunto que les pudo significar un grave daño en imagen, la destitución de Urióstegui Alvear y el nombramiento en su lugar de Enrique Iragorri, una figura muy reconocida en Morelos, parecen haber cortado de raíz el problema en lo que toca al Ejecutivo.
En el frente de la Fiscalía Anticorrupción tampoco cambiaron mucho las cosas, si bien el exmandatario tiene un elemento más a favor de su defensa, la parte acusadora también ha seguido las investigaciones del caso y puede presumir haber enriquecido la solidez de su investigación. Por esa parte pueden estar tranquilos, el delito imputado a Ramírez Garrido se persigue de oficio, lo que permite continuar con la causa penal, por supuesto que deberá analizarse el daño que, en la perspectiva de los jueces podría haber causado lo hecho por Urióstegui Alvear. Nadie debe ignorar que el exgobernador tiene amigos en el Poder Judicial, suficientes para que le permitieran entrar con su camioneta hasta casi la puerta del juzgado en Atlacholoaya.